La Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM, dio a conocer un nuevo informe sobre los conflictos generados en el mes de noviembre.

De acuerdo al informe, la entidad intervino en el tratamiento de 41 conflictos sociales, similar al mes anterior, y en la atención preventiva de 114 casos.

Para la PCM, fueron 41 los conflictos reportados en noviembre, de los cuales el 61% está relacionado con actividades extractivas, como indica la histórica tendencia. De estos, el 41.5% corresponde a minería, 12.2% a hidrocarburos y 7.3% a la minería informal.

Entre las acciones que destaca el informe, menciona la instalación de las mesas de diálogo en las provincias de Grau y Cotabambas en la región Apurímac, luego que estallara el conflicto en el proyecto minero Las Bambas. Aunque aún faltan otras comunidades que no han puesto fecha aún.

CASO RESUELTO

En noviembre, el único caso resuelto fue en la región de Loreto. Las federaciones indígenas de Loreto FECONACO, FECONAT, ACODECOSPAT y FEDIQUEP solicitaban determinar la posible afectación en las cuencas Pastaza, Tigres, Corrientes y Marañón. Asimismo, solicitaban la implementación de un plan integral de salud, ejecución de planes de desarrollo, la implementación de un plan integral de salud y la ejecución de planes de desarrollo que garantice la seguridad alimentaria en las comunidades afectadas por contaminación.

REGIONES

En términos geográficos, Arequipa, Cajamarca, Cusco y Junín lideraron la lista, con el 12.2%, por región, del porcentaje total de conflictos sociales que se registró en la ONDS - PCM, durante el mes de noviembre; le siguieron Loreto y Apurímac, con 9.8%; San Martín con el 4.9%; Ayacucho, no registró casos de tratamiento; y finalmente, Amazonas, Ancash, Madre de Dios, Moquegua, Pasco y Puno con el 2.4% en cada región. Asimismo, como se observa en el cuadro N°2, los conflictos de carácter multirregional representaron el 7.3% del total de casos; y los nacionales, el 2.4%.

las regiones Amazonas (1), Ancash (1), Apurímac (1), Arequipa (3), Cajamarca (5), Cusco (3), Junín (1) y Moquegua (1), Lambayeque (1), concentran los casos de tipo minero, siendo Cajamarca, la región que mantiene el mayor número de casos en tratamiento de este tipo.

MÁS PREVENCIÓN

De acuerdo a la PCM, en noviembre se realizaron trabajos de prevención en 114 casos; se resolvieron dos casos y se continuó el seguimiento de uno. Asimismo, en noviembre se atendieron tres casos más que en el mes de setiembre y ocho más que en el mes de agosto, donde se llevaron a cabo 111 y 107 espacios de prevención, respectivamente.

"La ONDS-PCM no solamente está trabajando con diferentes sectores y rubros económicos, sino que a su alcance llega prácticamente a la totalidad del país", explicó José Ávila Herrera Jefe de la ONDS - PCM.

El panorama socioambiental del próximo año es preocupante, según lo indica el Observatorio de Conflictos Mineros.

Esta plataforma informativa y de análisis indica que los conflictos podrían acentuarse en Apurímac no solo por los cambios no informados del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Las Bambas, sino también por demandas de la población aún no atendidas a pesar de la instalación de mesas de diálogo.

Otro escenario es Madre de Dios, donde existe un fuerte rechazo a las normas legislativas que impiden la minería ilegal y la tala ilegal. Dirigentes y autoridades piden que sean revisadas, inclusive anuladas.

Asimismo, se señala a la región Amazonas, específicamente la zona de la Cordillera del Cóndor, como el lugar donde indígenas awajún podrían levantarse ante el inicio de operaciones de la minera Afrodita. Esta empresa, que ha pasado de ser mediano productor a pequeño productor minero, tiene el apoyo de un sector de comuneros y de algunas autoridades locales. Tampoco se descartan problemas en Espinar.

Además, sigue la desatención a los pobladores de Huisa y Alto Huancané, contaminados con metales pesados desde el año 2010. Conga y Tía María tampoco son casos resueltos. Se trata de proyectos mineros paralizados ante la protesta de la población adyacente.

Representantes del Observatorio de Conflictos Mineros precisaron que este panorama resulta de la carencia de estrategias preventivas por parte del Estado, de la ineficiencia en la resolución de problemas y también de los incentivos estatales para que las empresas inviertan y produzcan sin tener en cuenta el medio ambiente ni los derechos humanos.