La baja en el precio del cobre y el alza del tipo de cambio durante este año han motivado a las autoridades de Gobierno a llamar a los privados a impulsar un proceso de "diversificación económica", donde Chile pueda lograr ser menos dependiente del metal rojo.

También, han tratado de transmitir la idea de que "la inversión no está frenada". Un dato positivo fue que la inversión creció un 7,1% en el tercer trimestre según información del Banco Central, registrando su mejor desempeño desde junio de 2013.

Según los datos del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), entre enero y noviembre de este año se han aprobado 403 proyectos a través del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que significan un monto de inversión de US$ 20.430 millones, que estarían en condiciones de materializarse en los próximos meses.

La principal característica de dichos proyectos es que más de la mitad del monto de inversión corresponde a iniciativas ligadas al sector de energía, con una inversión de US$ 12.442 millones. Le sigue el sector minería, con proyectos que acumulan una inversión de US$ 4.859 millones.

Entre los proyectos energéticos, destacan los de energía solar y eólica.

En términos de distribución geográfica, la Segunda y Tercera Región del país serían las que más inversión recibirían. En conjunto, acumulan US$ 12.379 millones, lo que representa un 60% de la inversión aprobada al 30 de noviembre del 2015.

Claudio Seebach, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Generadoras Eléctricas, explica que el paso más importante y positivo para un proyecto es efectivamente su aprobación ambiental. Ella reúne las principales exigencias del Gobierno e incluso las más complejas, como una consulta indígena.

Sin embargo, que la empresa haya logrado obtener su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) no significa que el proyecto se materializará, señala.

Las desistencias se pueden dar por dos razones principales, dice Seebach. La primera es por motivos económicos: ya sea porque la rentabilidad ya no será la misma, las condiciones de mercado cambiaron, o la empresa no logró el financiamiento solicitado para su proyecto, entre otros.

La segunda, es por conflictos socioambientales que pueden llevar a la judicialización de los proyectos, dado que grupos opositores pueden cuestionar la iniciativa en la justicia reclamando contra su calificación ambiental.

El experto explica que, si no existen problemas adicionales, proyectos fotovoltaicos, eólicos y termoeléctricos de gas natural pueden ser de rápida materialización una vez que obtienen los permisos necesarios. Por ejemplo, la construcción de una planta fotovoltaica puede demorar de uno a dos años, y una eólica de uno a tres años, señala. Proyectos geotérmicos pueden tener un tiempo de construcción de entre dos y tres años, mientras que los embalses, entre tres y cinco años.