La Defensoría del Pueblo presentó el Reporte de Conflictos Sociales N° 141, correspondiente al mes de noviembre de 2015, el cual registra 215 conflictos sociales, 153 activos y 62 en estado latente. Respecto al mes anterior que se incorporaron cinco casos nuevos, se resolvieron dos, uno fue pasado a observación, dos se fusionaron y uno pasó de estado activo a latente.
Los casos nuevos se presentaron en Áncash, Apurímac, Ica, Piura y Ucayali. En el primer caso (tipo socioambiental), pobladores del caserío Chaquecyaco (distrito de Jangas, provincia de Huaraz) le exigen a la empresa minera Barrick Misquichilca que cumpla con asignar el presupuesto comprometido para el mejoramiento de los caminos de herradura. En Apurímac (tipo comunal), la comunidad campesina Pampachiri (provincia de Andahuaylas) sostiene una disputa territorial con la población campesina de Sañayca (provincia de Aymaraes). En Ica (tipo socioambiental), pobladores de Pisco cuestionan el cambio del uso de un predio por parte de la Municipalidad Provincial, el cual permitiría la instalación de una fábrica de cemento de la empresa Caliza Cemento (Cementos Inka) la que, según denuncia, podría afectar la producción agrícola de la zona.
Siempre en relación a casos nuevos, Piura registra uno (por asuntos de Gobierno Nacional), donde los pescadores artesanales se oponen a la actividad de pesca de embarcaciones de arrastre dentro de las cinco millas del litoral marino. En Ucayali (tipo socioambiental), asociaciones forestales, aserraderos y otras organizaciones sociales exigen la derogatoria del decreto supremo N.° 076-2014-PCM y de los decretos legislativos N.° 1220 y N.° 1237, relacionados a la actividad de la tala ilegal.
Por otro lado, se resolvieron dos conflictos en Ica y Loreto. En el primer caso se trata de un conflicto laboral entre la empresa Coopsol, vinculada da Shougang Hierro Perú, y sus trabajadores. De acuerdo con estos últimos, ya no tendrían reclamos contra la empresa en cuestión, además de haber sido contratados por la empresa Adecco. En Loreto, se trata de un caso por asuntos de gobierno nacional, por reclamos de organizaciones sociales para el otorgamiento del lote 192 a Petroperú, las cuales habrían cesado con la promulgación de la Ley N°30357.
Respecto a la distribución territorial de los conflictos reportados, Apurímac continúa concentrando la mayor cantidad de casos que se desarrollan en una sola región (23 casos), seguida de Áncash (22) y Puno (19). En cuanto a la tipología, los casos socioambientales continúan siendo los más numerosos (69.3%). En relación a actividades extractivas vinculadas a conflictos, la minería continúa siendo la que se relaciona con más casos socioambientales (63.1% de los casos socioambientales).
En relación a la violencia en los conflictos, es importante señalar que entre el 1 y el 30 de noviembre no se registraron muertos ni heridos. Por otro lado, se presentaron 284 protestas sociales en el mes, 100 más que en octubre.
