Daniel Santoro

La Corte Suprema de Justicia de la Nación reabrió ayer la causa Skanska en que se investigaba el pago de sobornos por la ampliación de un gasoducto y que el Gobierno había logrado, en el 2011, cerrar luego de presionar a jueces y fiscales.

Lo hizo con dos decisiones de fondo. Por un lado, ordenó que la Cámara Nacional de Casación Penal revise una polémica decisión que invalidó como prueba una grabación entre dos gerentes de la empresa sueca que hablaban del pago de coimas. Por otro, consideró que el fiscal nacional de investigaciones administrativas, Felipe Noailles, tiene legitimación para actuar en la primera causa por corrupción que se abrió en el 2005 contra el kirchnerismo e investigó el juez en lo penal económico Javier López Biscayard por evasión impositiva. Cuando la causa tomó estado público, el Gobierno logró dividir el caso y pasar el tema del posible cohecho a la justicia federal.

Las dos decisiones de la Corte de ayer abren la posibilidad de que se caigan los polémicos sobreseimientos que dictó en el 2011 la sala I de la Cámara Federal y que beneficiaron al ex secretario de Energía Daniel Cameron, al ex interventor del Enargas Fulvio Madaro, y al ex director de Nación Fideicomisos Néstor Ulloa. Un año antes, en el 2010, el juez federal Norberto Oyarbide había procesado a los funcionarios por cohecho y considerado que Skanska pagó sobreprecios.

Ayer, la Corte, con el voto de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, resolvió dejar sin efecto un fallo de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal y así reconocerle legitimación al fiscal Noailles. Para la Corte, la apelación de Noailles "se corresponde con la función constitucional del Ministerio Público de defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad".

Este fiscal había apelado, hasta ahora sin éxito, la decisión de la sala I de la Cámara Federal porteña que había excluido como medio de prueba una grabación secuestrada en un allanamiento a Skanska, así como la copia acompañada por el apoderado de esa firma y el testimonio de Claudio Carrizo referido a dicha conversación.

En esa grabación el ex responsable del área comercial de la empresa, Javier Azcárate, reconoce que Skanska coimeó para participar de una millonaria ampliación de gasoductos organizada por el ministerio de Planificación Federal. También cuenta ahí cómo el uso de facturas truchas ayudó a concretar la maniobra y precisa cómo se repartió al menos una parte de ese posible soborno: 3 por ciento para el Ente Regulador del Gas, que presidía Fulvio Madaro, y un 2 por ciento para Nación Fideicomisos, cuyo gerente era Néstor Ulloa.

A partir de una resolución de la sala I de la Cámara Federal, esa grabación había dejado de ser una prueba de cargo contra Madaro, contra Ulloa y contra los ex gerentes de la compañía sueca. Los camaristas entendieron que la grabación fue producto de una actividad "parajudicial", no de confesiones que Azcárate haya hecho voluntariamente delante de un juez.

Esta decisión no fue apelada por el fiscal de Cámara, Javier De Luca, pero sí por Noailles por medio de un recurso de casación, al que posteriormente adhirió el fiscal general ante esa instancia.

La causa Skanska comenzó cuando se descubrió el uso de facturas truchas en los pagos por obras que hicieron Transportadora de Gas del Sur y Transportadora de Gas del Norte.

Ahora por la decisión de la Corte se reabrirá el caso que puede ser una caja de pandora para el kirchnerismo.