Fernando Krakowiak
Era un lunes al mediodía y el Salón de las Mujeres Argentinas de la Casa Rosada desbordaba de gente. Sin que mediara presentación, la locutora del acto comenzó a leer un texto: “Título 1, Capítulo Unico: De la Soberanía Hidrocarburífera de la República Argentina”, alcanzó a decir cuando estalló una ovación. Trece años después de que el Estado perdiera el control de la petrolera YPF, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner anunciaba el 16 de abril de 2012 la intervención de la compañía y enviaba al Congreso un proyecto para expropiar el 51 por ciento de sus acciones.
Pocos minutos después, mientras la Presidenta todavía seguía con su discurso, funcionarios del Ministerio de Planificación se presentaron en la sede central de YPF con un listado de los ejecutivos que debían abandonar las oficinas en quince minutos. Era el comienzo de una nueva etapa luego de haber tocado fondo de la mano de Repsol.
Cuando los españoles tomaron el control de YPF en 1999, la petrolera argentina tenía activos en Estados Unidos, Indonesia, Rusia, Venezuela, Colombia, Guyana, Ecuador, Brasil, Perú y Bolivia. Poco a poco, remataron esas subsidiarias y giraron los dólares al exterior. Al mismo tiempo, la evolución de los pozos exploratorios evidenció el proceso de desinversión. Entre 1993 y 1998, año previo al desembarco de Repsol, el promedio de pozos explorados por YPF fue de 77 por año.
Entre 1999 y 2004 se redujo a 26 y entre 2005 y 2010 bajó a 13 pozos. Debido a esta situación, entre 2004 y 2010 las reservas de crudo cayeron 30,9 por ciento y las de gas 49,4 por ciento. Las ganancias de Repsol fueron otra muestra del vaciamiento. Entre 1999 y 2011, YPF obtuvo una utilidad neta de 16.450 millones de dólares y giró dividendos por 13.246 millones de dólares.
El gobierno había presionado en varias ocasiones a YPF para que incremente sus inversiones, pero recién fue a fondo cuando el déficit energético puso en jaque las cuentas públicas.
En diciembre de 2011, Cristina Kirchner citó a Sebastián Eskenazi, por entonces CEO de la compañía, a la Quinta de Olivos. En ese encuentro reservado, la mandataria cuestionó el desempeño de la empresa y le dijo que YPF iba a tener que hacerse cargo del costo creciente que suponía la importación de combustibles. Eskenazi se fue preocupado, pero nunca pensó que cuatro meses después iba a tener que vaciar sus cajones. A partir de entonces, YPF se empezó a recuperar.
A comienzos de 2013 la firma anunció que iba a reinvertir el 90 por ciento de sus utilidades. Ese año logró que las reservas crecieran 10,6 por ciento y en 2014 otro 11,9 por ciento. Hoy son pocos los que cuestionan que deba seguir en manos del Estado, pero cuando se anunció la expropiación, varios medios de comunicación argentinos se alinearon con Repsol como si tuvieran su casa matriz en Madrid e incluso al día siguiente el ahora presidente Mauricio Macri cuestionó con dureza la medida, dijo que “iba en contra de los intereses de los argentinos” y se mostró angustiado: “Anoche me fui a dormir muy preocupado, conmocionado como muchos otros argentinos. A las cinco de la mañana me desvelé y me fui a la cuna de Antonia, y la vi ahí, tan chiquita, indefensa, como la Argentina”, aseguró.
La asociación que nuclea a las empresas distribuidoras de electricidad (Adeera) reclamó “avanzar hacia un reconocimiento de los reales costos de la actividad, para asegurar la sustentabilidad y calidad del servicio eléctrico”. Este pedido a favor de aumentar las tarifas está en sintonía con lo ya adelantado por Juan José Aranguren, quien conducirá a partir de hoy el Ministerio de Energía. A su vez, la cámara sugirió implementar “una tarifa social” con el objetivo de paliar el impacto de los futuros incrementos tarifarios.
La propuesta fue presentada ayer a las nuevas autoridades nacionales del área energética. Las empresas que forman parte de esta cámara son Edenor y Edesur, que atienden a la zona metropolitana; y las provinciales de Córdoba y Santa Fe. Adeera sugirió que cada jurisdicción decida sobre el tipo de “descuento a realizar”, como podrían ser “tarifas especiales para jubilados”. Pero siempre sobre la base de que Aranguren aplicará un ajuste tarifario que tendrá repercusiones en todo el país.
“Entendemos que se debe dejar de subsidiar al usuario que por su situación puede hacerse cargo de los reales costos del servicio y destinar los recursos públicos resultantes a promover inversiones”, manifestó la asociación. Aranguren ya adelantó que habrá un ajuste tarifario, pero todavía no se difundió el cronograma, ni aclaró si será gradual.