La firma OIL M&S SA, del empresario kirchnerista Cristobal López, está en la mira de la Fiscalía de Estado de Mendoza. A través de un oficio, dictaminó la suspensión de los procedimientos que permitirían la exploración petrolera en el área Río Diamante, en Malargüe.
El procedimiento legal que realizó la empresa tuvo un ocultamiento clave que generó controversia: tenía intenciones de realizar fracking pero no lo informó sino hasta el momento de la audiencia pública, por lo que tuvieron que dar marcha atrás con esas intenciones, ya que se "saltaron" los pasos legales estipulados en la ley.
El cuestionamiento empieza porque que según manifiesta el organismo de control, se está “sustanciando un proyecto de evaluación ambiental petrolera cuyas etapas incumplen con los contenidos mínimos que exige el orden jurídico para efectuar el análisis respectivo”. Lo que la Fiscalía señala es que se han encontrado “irregularidades” en los procedimientos desde el principio comenzando por los contenidos de la manifestación general de impacto ambiental (MGIA) que presentó la petrolera.
Es por eso que el organismo que comanda Fernando Simón consideró que si se continuaba con el procedimiento en esas condiciones, “se generaría un acto viciado groseramente”. Ahora resta esperar que el Ministerio de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales tome la decisión de suspender el procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
A esto se suma que tampoco se realizó la audiencia pública estipulada por la Ley de Medio Ambiente Nº 5.961, ya que fue suspendida en dos ocasiones. “Consideramos que podría afectar potencialmente los derechos ambientales y el derecho de la información por eso la Fiscalía supone que es insaneable y pide volver a foja cero”, explicó el abogado Nicolás García Bistué.
De hecho el Departamento General de Irrigación indicó que “no están dadas las condiciones mínimas para aceptar la MGIA, ni se puede emitir dictamen sectorial sobre un proyecto que no se detalla y que por tanto no permite evaluar si el recurso hídrico, superficial o subterráneo, se puede ver afectado real o potencialmente por el mismo”.
Pero además hubo otra inconsistencia mucho más grave y es que según explicó Bistué cuando se licitó el área petrolera era para explotación convencional y todos los informes previos sobre la exploración eran referidos a este tipo de explotación.
La sorpresa llegó cuando en la publicación de la convocatoria a audiencia pública la empresa informó que se iba a realizar por fractura hidráulica (fracking), información que no se precisó en la MGIA y que por ende no fue analizada en los dictámenes sectoriales y técnicos.
Es decir que en ninguno de esos informes previos se analizó el fracking, por lo que ese cambio en las condiciones del procedimiento requiere de nuevos estudios y análisis. De esa manera se prueba que la empresa no blanqueó sus verdaderas intenciones, por lo que se le pide volver a foja cero. Ante esa situación la empresa se rectificó y dio marcha atrás con el fracking, y se convocó a una nueva audiencia que fue suspendida por una orden judicial de San Rafael.
Diversas organizaciones cuestionaron que el proyecto afectaría a las cuentas del río Atuel y Diamante, por lo que solicitaron que se revise la concesión del área teniendo en cuenta la crisis hídrica que enfrente la provincia.
Asimismo, en el oficio la Fiscalía de Estado deja claro que la empresa podrá comenzar un nuevo trámite a través de la presentación de la información correspondiente que exige la ley.
La técnica del fracking es resistida por las organizaciones ambientalistas ya que constantemente alertan por los daños ambientales que puede causar este método.
Desde la Asamblea Popular por el Agua, Julieta Lavarello, indicó que se trata de una “técnica altamente nociva que produce daños irreparables en el medio ambiente”.
“Para fracturar se utilizan miles de litros de agua con más de 500 compuestos químicos para que el petróleo se separe de la roca. Todo esto produce una contaminación del agua, de las napas subterráneas y de la tierra. Un ejemplo es lo que está empezando a pasar en Vaca Muerta ya que hay zonas donde está llegando el agua contaminada con petróleo”, explicó.