El ex viceministro de Economía Jorge Todesca, quien logró que el emblemático Guillermo Moreno quede en las puertas del juicio oral, será el nuevo director del Instituto Nacional de Estadística y Censos ( Indec ).
Así lo informaron ayer a LA NACION el gobierno electo a través de un comunicado, al precisar que el ex viceministro de Economía de Eduardo Duhalde y ex secretario de Comercio aceptó el cargo este fin de semana.
El gobierno sufrió u na moción de censura por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2013 por la manipulación de los datos de inflación y crecimiento económico.
ISMAEL BERMÚDEZ
El INDEC está a punto de cumplir casi 9 años de intervención política. La falsificación de las cifras oficiales –una pieza clave para sostener el “relato”- arrancó en enero de 2007, cuando Clarín anticipó que el Gobierno había desplazado a la directora del area de Precios, Graciela Bevacqua. El 24 de febrero le llegó la hora a la directora de Condiciones de Vida, Clyde Trabuchi. Semanas después renunció el entonces titular del INDEC, Lelio Mármora. De inmediato, sin pausa y con “patota” incluida bajo el comando de Guillermo Moreno, hubo decenas de desplazamientos y despidos de directores, funcionarios y empleados opuestos a la “intervención”.
El balance de estos años es lapidario por el descrédito del organismo, incluso fuera de la Argentina, y hasta entre consultoras afines al Gobierno, como CIFRA de la CTA K. Primero fue el índice de Precios al Consumidor (IPC) que fue tan distorsionado y falsificado que dejó ser utilizado como referencia por empresarios y sindicalistas para renovar las paritarias y hasta por los propios funcionarios para elaborar los presupuestos públicos.
Para hacer frente a ese descrédito, a mediados de 2009, el Gobierno constituyó el CAES (Consejo Académico de Estudio y Seguimiento) con profesores de las universidades de Buenos Aires (UBA), Mar del Plata, Rosario, Tres de Febrero y Tucumán. El objetivo era obtener un “certificado de calidad” al cuestionado IPC, pero se transformó en un bumerán.
El CAES concluyó que “la confiabilidad del IPC-GBA está cuestionada”, que los precios relevados no guardan relación con los que pagan los consumidores, que “es necesario generar acciones para modificar nuevamente el período base y asegurar la calidad de los procedimientos de relevamiento y procesamiento de precios” y que las estadísticas oficiales no adolecen de un problema metodológico sino “de naturaleza fundamentalmente institucional”, además de impugnar la calidad técnica del personal incorporado al organismo después de fines de 2006.
A partir de la “manipulación” del IPC, cayeron en la “volteada” del descrédito otras estadísticas que se elaboran en base al índice de precios, como el PBI y crecimiento económico, el valor de la canasta básica alimentaria y total, los índices de salario real, de tipo de cambio real. Y con la intervención la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) quedaron “fulminados” los niveles de indigencia y pobreza.
Las cifras oficiales tanto de indigencia como de pobreza llegaron a reducirse a un dígito y hasta a valores cercanos a cero –por debajo de los de Alemania, por ejemplo- que cayeron en total ridículo, a tal punto que a fines de 2013 el Gobierno resolvió dejar medir esos dos indicadores claves. Así hoy la Argentina no tiene relevamientos oficiales ni de indigencia ni de pobreza.
Sin embargo, la CTA oficialista registró para el primer semestre de 2015 una pobreza del 19,7% de la población urbana (8,4 millones de pobres) mientras que para fines de 2014 la Universidad Católica Argentina contabilizó un 28,7%, o 12,3 millones de pobres.
En octubre de 2014, el Gobierno lanzó un nuevo índice de precios -IPCNu (Nacional Urbano)- con el que intentó hacer “borrón y cuenta”. Tampoco prosperó. A octubre 2015 registró una inflación de 14,3%, unos 10 puntos por debajo de las mediciones alternativas.
