Con miles de millones de dólares para infraestructura, desarrollo social e incluso para equilibrar las reservas, los organismos internacionales se preparan para colaborar con el nuevo gobierno argentino. Según pudo saber Clarín, el equipo económico de Mauricio Macri ya está en contacto con casi todos ellos para negociar préstamos urgentes. Y se estima que la regularización de los conflictos externos (la pelea con los fondos buitre, cumplimiento de los fallos en el CIADI) ayudaría a acelerarlos.

En el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con sede en Washington, hay ya una cartera activa en ejecución de US$ 9.740 millones, aunque la cifra puede ser menor porque a fin de año culminan algunos proyectos. Estos créditos fueron muy valiosos en estos últimos años, cuando casi ningún organismo quería prestarle al país por presión de los Estados Unidos porque la Argentina no había arreglado sus diferendos en el CIADI (que arbitra sobre litigios en inversiones), ni pagado al Club de París, ni regularizado su situación con el Fondo Monetario Internacional.

En el BID, Estados Unidos tiene menos influencia que en el Banco Mundial y el FMI y por eso los préstamos, aunque a menor ritmo, continuaron allí aprobándose, en su mayoría destinados a transporte, desarrollo social y educación. Hay contactos "muy intensos" y puede haber novedades antes de fin de año. El designado ministro Alfonso Prat Gay ya habló con el presidente del organismo, Luis Alberto Moreno, para comenzar a pautar la agenda. El nuevo gobierno puede comenzar a negociar el paquete para el año que viene y acelerar los recursos.

Según supo Clarín, en el Banco Mundial también están en "contacto constante" con el equipo económico de Macri. Hay una plan aprobado para el país, para 2015-2018, de US$ 5.000 millones. En 2015 se desembolsaron ya unos US$ 1.500 millones. La mayoría son para desarrollo, salud, protección social y medio ambiente. Puede ser que a esta altura no sea fácil aprobar nuevas líneas, aunque en las negociaciones de estos días se podría lograr adelantar la cifra que resta hasta 2018.

Pero hay un instrumento en el BM al que Macri podría apelar para fortalecer las debilitadas reservas. Se trata del "Préstamo para Políticas de Desarrollo", conocido por sus siglas en inglés como DPL, que pueden ser destinados a "refuerzos presupuestarios", que en este caso podría ser para fortalecer las alicaídas reservas en el Banco Central.

Desde la Corporación Andina de Fomento (CAF) se aprobaron para el período 2009-2013 unos US$ 5.540 millones y ya se desembolsaron US$ 2.486 millones, la mayoría en infraestructura y desarrollo social. En una entrevista con Clarín antes de las elecciones, el presidente de la CAF, Enrique García, resaltó que era urgente resolver el conflicto con los buitres.

Por su parte, el vocero del FMI dijo el jueves que no había habido contacto con el nuevo gobierno, pero señaló que le darían "la bienvenida a un diálogo más profundo" con las autoridades argentinas sobre sus políticas económicas, "incluido a través del proceso del Artículo IV". Aceptar el Artículo IV, algo que hacen casi todos los países del mundo, incluye visitas frecuentes de una misión del FMI para evaluar las cuentas públicas y la política económica. Este proceso se interrumpió en julio de 2006, cuando las estadísticas del INDEC comenzaron a ser manipuladas.

El gobierno de Macri ya ha dicho que quiere restaurar el vínculo con el FMI y las misiones técnicas, pero no se habló de financiamiento. Igualmente las distintas fuentes consultadas coindicen en que una solución del Artículo IV aceleraría los créditos en todos los organismos.

Ismael Bermúdez

El impacto fiscal del DNU que extendió a todas las provincias el fallo de la Corte que declaró la inconstitucionalidad del 15% de la coparticipación con destino a la ANSeS y el 1,9% para la AFIP no es menor: es de $6.651 millones solo en el mes de diciembre de 2015 y de $94.056 millones para 2016, de acuerdo a las cifras de la consultora Economía & Regiones.

A su vez, el Gobierno deberá sustituir con cargo a Rentas Generales los recursos que deja de recibir la ANSeS, que se estima en $131.375 millones para 2016. El monto neto que deberá aportar el Tesoro es de más de $67.000 millones porque el Estado coparticipa de los fondos que dejan de pasar a la ANSeS.

En tanto, las provincias van a recibir esos cuantiosos fondos, más que aliviando sus déficits. Por ejemplo, a la Provincia de Buenos Aires le corresponderían casi $20.000 millones en 2016 y más de $8.000 millones tanto a Santa Fe como a Córdoba.

Queda, además, una más que enorme carga adicional porque el fallo de la Corte también ordena devolver a dos provincias –Santa Fe y San Luis– lo retenido desde 2006 en adelante, criterio que se extendería en los próximos días a Córdoba, que tiene su causa judicial muy avanzada. Se calcula esta devolución en el orden de los $50.000 millones y de $400.000 millones si se extendiera a todas las provincias.

Todos estos números se dan en un contexto en que el Estado Nacional va a cerrar sus cuentas fiscales de este año con un déficit récord, superior a los $400.000 millones u 8% del PBI. Por eso llamó la atención que el gobierno de Cristina Kirchner rápidamente extendiera a todas las provincias un fallo que, por ahora, solo beneficiaba a tres distritos, con un impacto fiscal bien menor.

Hay que recordar que, en otros casos, Cristina no actuó del mismo modo. Por ejemplo, no extendió el caso Badaro a todos los jubilados, obligándolos a hacer juicios individuales. Entre sentencias pagadas y juicios pendientes, las demandas de los jubilados sumaron más de 400.000. Aún hay 250.000 juicios pendientes con el pasivo correspondiente que impactará en los próximos ejercicios, del orden de los $15.000 millones anuales a valores actuales.

Con estos cambios, el nuevo Gobierno deberá definir de dónde saldrán los recursos para cubrir el bache de la ANSeS y de la AFIP y discutir una nueva ley de coparticipación federal que deberá alcanzarse con el acuerdo unánime de la Nación y todas las Provincias. Además, en los próximos días deberá enviar un nuevo proyecto de Presupuesto 2016 que incorpore estos cambios, el nuevo valor del dólar y las modificaciones impositivas que tiene en carpeta, como la reducción y/o eliminación de retenciones y modificaciones en el impuesto a las Ganancias, entre otros. Y la incidencia sobre los servicios de la deuda de la serie de bonos que se comprometió a emitir el nuevo gobierno para hacer frente a las demandas pendientes de dólares (importadores, grandes empresas), y pérdidas por dólar-futuro.

La agenda es enorme y cuantiosa porque en 2016 hay vencimientos de la deuda publica con acreedores privados y organismos financieros por más de US$6.500 millones que el gobierno de Cristina preveía cancelar con reservas del Banco Central, algo difícil de cumplimentar por el nivel casi cero de esas reservas.