Tras 12 años ininterrumpidos en el poder, el kirchnerismo tiene la oportunidad de contribuir a sellar un nuevo proceso institucional de alternancia política en el país con una grandeza que no mostró a lo largo de su gestión. Sin embargo, todos sus actos van en sentido contrario: Cristina Fernández de Kirchner y sus seguidores más fieles y acríticos están haciendo lo imposible por restarle mérito a este momento histórico, anteponiendo el sentido pequeño del revanchismo y la venganza a la verdadera dimensión republicana.
En palabras del presidente electo, Mauricio Macri, la actual mandataria tiene la chance de salir por la puerta grande, "pero elige la puerta chica". La frase remite a una imagen tan clara como categórica y describe a la perfección cuánto daño pueden causar en las personas las ambiciones desmedidas, la pretensión del poder omnímodo y la negación a aceptar los fracasos, en este caso, los electorales.
Depende de la actual jefa del Estado que el cierre de la etapa que la tiene como protagonista esté a la altura de las circunstancias. El destrato que viene dispensando a las nuevas autoridades que habrán de sucederla en el Gobierno es absolutamente reprochable. Sus decisiones administrativas de las últimas semanas siguen la misma línea errada, pues han estado destinadas a comprometer, no sólo al futuro mandatario y a sus equipos técnicos, sino a todos los argentinos.
En una muestra más de desprecio por la cosa pública y por la independencia de las instituciones republicanas, Cristina Kirchner avanza a destajo con decisiones inoportunas, caprichosas y hasta contradictorias con su propio hacer y decir. No le preocupa, y lo demuestra a cada paso, favorecer el camino del recambio y dar lugar a una gobernabilidad no traumática entre quienes se van y quienes vienen a manejar los destinos del país.
Sólo por citar unos pocos ejemplos, entre sus últimos actos como mandataria -algunos incluso posteriores al ballottage del 22 del mes pasado- figuran los siguientes:
La incorporación indiscriminada de empleados al Estado nacional. Según un pedido de informes presentado por Miguel Giubergia, director por la oposición en la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic), más de 5000 agentes se habrían sumado al Correo Argentino, ámbito donde se ha hecho fuerte la agrupación La Cámpora. Esos ingresos incrementarían en un 30% la actual planta de trabajadores de esa dependencia.
Se estima que, con anterioridad y por distintas disposiciones presidenciales, ya se habían concretado más de 2500 nuevos nombramientos en el Estado, entre planta permanente, llamados a concurso y prórrogas de contratos. Esas designaciones recayeron en los ministerios de Desarrollo Social, Salud, Economía, Planificación, Justicia, Interior, Agricultura, Ciencia y Tecnología; en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), en Migraciones, Canal 7 y Radio Nacional. Paralelamente, se llamó a concurso a 1506 empleados en el Hospital Posadas, para que asuman antes de la renovación del mandato presidencial.
Se reglamentaron las leyes que suprimen la Secretaría de Deportes y establecen nuevos organismos en esa área, como el Ente Nacional de Desarrollo Deportivo (Enaded), que suma 38 nuevos altos cargos, entre otros por crearse, al tiempo que se avanzó en la instauración de una "asignación universal por hijo del deporte", que sería financiada con parte del impuesto al cheque.
Mediante un decreto de necesidad y urgencia se dispuso la devolución del 15% de la coparticipación destinada a la Anses y del 1,9% que iba para la AFIP, lo cual implica un monto que superaría los 125.000 millones de pesos. La controvertida decisión presidencial extrapoló así a todos los distritos del país los efectos de un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que resolvía exclusivamente sobre causas iniciadas por las provincias de Santa Fe, San Luis y Córdoba. El objetivo de la Presidenta es claro: comprometer las finanzas del nuevo gobierno. En fallos anteriores de la Corte, como el conocido caso Badaro, de ajuste de haberes jubilatorios, Cristina Kirchner no extrapoló sus efectos a todos los jubilados, los que siguen penando para que se les reconozcan sus derechos.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) presionó para que las entidades financieras liquiden divisas y activos nominados en dólares. Además, su actual presidente, Alejandro Vanoli, fue denunciado por presunta defraudación contra la administración pública por la venta de dólares "a futuro" a una cotización de 10,65 pesos, lo cual podría comprometer aún más las ya casi inexistentes reservas del Banco Central.
En el ámbito diplomático y cuando restan muy pocos días para que deje el Gobierno, la Presidenta nombró a numerosos embajadores para cubrir diversas representaciones en el mundo: Cuba, Emiratos Árabes Unidos, Australia, Malasia, Ucrania, República Checa y Grecia son algunos de esos destinos. Igual comportamiento había tenido semanas antes con otros embajadores políticos.
La lista de decisiones de último momento es mucho más larga y preocupante por cierto.
Apenas realizado el ballottage, en la reunión que la mandataria tuvo en la quinta presidencial de Olivos con el ingeniero Macri, tal como quedó claramente expuesto ante la prensa, hubo de su parte un destrato monumental hacia las nuevas autoridades con las que sólo pretendió acordar la ceremonia del traspaso de poder, acto para el que tampoco hay acuerdo. No habilitó para ese momento ni la rápida rendición de cuentas de parte de los ministros salientes ni siquiera un espacio físico para que el mandatario electo pudiera hablar con los periodistas.
Cristina Kirchner no parece querer aceptar que se termina el mandato que en dos oportunidades le ha conferido la ciudadanía en las urnas. Menos parece dispuesta a tolerar que, en esta oportunidad, la mayoría de los electores ha decidido tomar otro camino y que el voto expresado en comicios merece todo su respeto, como también lo amerita su reemplazante. No es una cuestión de nombres ni de partidos, sino del respeto que en sí misma exige la democracia.
