Momentos decisivos se vivían anoche en el Congreso brasileño, donde en las próximas horas se podría definir la suerte del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, arrinconado por el agravamiento de la crisis política y la profunda recesión.

El Consejo de Ética de la Cámara de Diputados debatía anoche si hacer avanzar o frenar el proceso para la eventual destitución del presidente de la Cámara baja, Eduardo Cunha, convertido en los últimos tiempos en la mayor fuente de problemas para Dilma en el Congreso, y acusado por la Procuraduría General de la República de esconder en cuentas bancarias en Suiza cinco millones de dólares provenientes del escándalo de sobornos de Petrobras. Si bien Cunha pertenece al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), principal aliado del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), se declaró opositor al gobierno, al que responsabiliza de las denuncias en su contra en una maniobra para restarle poder.

En una situación normal, el mismo gobierno habría impulsado su castigo en el Consejo de Ética. Pero, por su puesto, Cunha es el encargado de aceptar o rechazar cualquier pedido de impeachmentcontra la jefa del Estado, y con la crisis político-económica que aqueja a Dilma desde que en enero asumió su segundo mandato, el habilidoso político se ha guardado algunas cartas en la manga para jugar en caso de necesidad. Había señalado que hacia fin de noviembre tomaría una decisión sobre los pedidos de juicio político que aún tiene pendientes de consideración, pero al complicarse su postura, demoró su jugada.

Anteayer se reunió con el vicepresidente Michel Temer, también del PMDB, y le habría dejado en claro que se inclinaría por dar inicio al proceso de impeachmentcontra Dilma si el Palacio del Planalto no controlaba el voto de los tres diputados del PT que son parte del Consejo de Ética. La amenaza de represalia puso en una difícil disyuntiva al gobierno.

"Creo que si Cunha es cercado, soltará el impeachment y ahí sería el peor de los mundos. Estamos con un cuchillo al cuello", reconoció ayer públicamente el diputado Zé Geraldo, uno de los petistas que integran el Consejo, y consideró que el partido debería hacer un "sacrificio por el país". Sin embargo, en medio del debate del Consejo, el presidente del PT, Rui Falcão, recomendó desechar las presiones de Cunha.

"Confío en que nuestros diputados en el Consejo de Ética voten por la admisión [de la sanción]", escribió en su cuenta de Twitter. Según su valoración, dejar impune a Cunha tendría fuertes repercusiones contra el partido en la opinión pública. Sobre todo luego de que la semana pasada el jefe de la bancada petista en el Senado, Delcidio Amaral, fue detenido, acusado de intentar obstruir las investigaciones sobre la trama de corrupción del petrolão. Ante las divisiones y la falta de decisión petista, anoche el Consejo de Ética suspendió su sesión hasta hoy por la tarde.

Por su parte, el gobierno tenía otros apuros por la noche, en sus intentos de articular la base aliada en ambas cámaras para que aprueben modificar la meta fiscal en la ley presupuestaria de 2015 y evitar un "apagón" en la maquinaria federal.

A principios de este año, cuando diseñó su programa de ajuste fiscal, el equipo económico de Dilma previó que terminaría el año con un superávit primario de 55.000 millones de reales (unos 14.473 millones de dólares). Sin embargo, las demoras del Congreso por apoyar las últimas medidas de contingencia llevaron a que ahora se estime un déficit de 51.800 millones de reales (unos 13.600 millones de dólares). El gobierno esperaba votar la modificación de la meta fiscal la semana pasada, pero el sorpresivo arresto del senador Amaral llevó al Congreso a una parálisis.

Al filo de que se acaben los fondos ya proyectados para el presupuesto de este año, y con la intención de no incurrir en una violación de la ley de responsabilidad fiscal -dándoles así más argumentos a los opositores que buscan su juicio político basándose en las dudosas maniobras fiscales que realizó Dilma el año pasado-, la presidenta anunció el viernes pasado el congelamiento de 11.000 millones de reales (2820 millones de dólares) en gastos públicos hasta que sea alterada la meta.

Confiaba en que sería una medida "momentánea", pero hasta entrada la noche de ayer los legisladores aún no se habían puesto de acuerdo para aceptarla. Mientras tanto, sin tener garantizado el flujo de fondos para los gastos federales de este mes, las reparticiones públicas se preparaban para un "apagón" al no poder pagar las cuentas de electricidad, agua y teléfono.