A nueve días del traspaso presidencial, el repaso obligado de la gestión pone en evidencia pendientes que no fueron resueltos durante los 12 años de gestión kirchnerista. Un porcentaje de ellos se vincula con la tirante relación que mantuvo Cristina Kirchner desde que asumió hasta el día de hoy con el Poder Judicial y, especialmente con la Corte.
En este sentido, algunos de los fallos que emitió el máximo tribunal bajo su gobierno fueron desoídos y desconocidos por la mandataria.
El 20 de octubre la Corte Suprema ordenó restablecer en su cargo al ex Procurador General de Santa Cruz Eduardo Sosa, quien había sido separado en 1995 por una modificación de la ley impulsada por Cristina Kirchner y Carlos Zanninicomo diputados provinciales y avalada por Néstor Kirchneren la gobernación. El máximo tribunal le dio 30 días al actual mandatario provincial, Daniel Peralta, para reponerlo en sus tareas bajo apercibimiento de sanciones penales.
Según dispuso, Sosa debía ser repuesto en el cargo de Agente Fiscal ante el Superior de Justicia (STJ) santacruceño, y con la advertencia de que en caso de incumplimiento, se diera intervención a la justicia penal para que investigara el presunto delito de acción pública.
Ya en 2001, la Corte había ordenado reponer a Sosa en su cargo, pero la Fiscalía de Estado de la provincia se opuso alegando que la ley local 2404, a partir de la cual Sosa perdió su puesto, no había sido declarada inconstitucional en cuanto a la validez y subsistencia de los cargos de Agente Fiscal y Defensores de Pobres Ausentes e Incapaces.
En 2005, el STJ local hizo lugar a un recurso del fiscal de Estado y ordenó fijar una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a Sosa. Sin embargo, éste último se opuso e interpuso un recurso ante la Corte. Allí recordó que dicho tribunal había ordenado en tres oportunidades que sea repuesto en su cargo de Procurador.
Más tarde, el STJ de la provincia hizo lugar a un planteo de Sosa, que declaró la inconstitucionalidad del artículo 9, segundo párrafo, de la Ley 2404, que determinaba que la Cámara de Diputados había desdoblado el cargo del Procurador. No obstante, la Corte advirtió que en ningún momento se lo reincorporó a Sosa a ninguno de los dos cargos.
"Que la nueva decisión del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, que rechaza la ejecución de la sentencia tal como fue requerida por el actor y la sustituye por una suma de dinero, se aparta manifiestamente de las claras y precisas directivas emanadas de esta Corte en las distintas y reiteradas intervenciones que le cupo en la causa", reprochó el máximo tribunal en aquel entonces.
Esto último motivó que la Corte buscara darle una solución de "manera definitiva". En consecuencia, en 2010 intimó al gobierno de Santa Cruz a "asumir delicadas responsabilidades institucionales", y libró un oficio al juez federal de Río Gallegos encomendándole "la notificación de esta sentencia en la persona del señor Gobernador de la provincia".
El fallo fue suscripto por el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti,y los ministros Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay.
A mediados de los 90, Sosa había empezado a investigar causas molestas para el poder. Al desdoblarle el cargo en dos jefaturas, licuaron todo su poder. Desde entonces inició un largo recorrido judicial que llegó a la Corte Suprema de Justicia, que en distintas oportunidades ordenó que fuera repuesto en el cargo. La provincia nunca cumplió.
En 2013, Sosa dio el caso por cerrado. Sigue ejerciendo la abogacía y considera que con la reforma judicial, que buscó en los últimos años poner en práctica el kirchnerismo, "el Gobierno busca permanecer en el poder por más que esto sea ilegal".
Hace veinte días, la Corte Suprema le ordenó al Gobierno que hiciera públicas las cláusulas secretas del acuerdo que la petrolera estatal YPF firmó con Chevron en 2013 para la explotación de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén.
El máximo tribunal consideró que en una "sociedad democrática" la empresa no puede negar información de indudable interés público". El caso se originó a raíz de una denuncia presentada por el senador socialista Rubén Giustiniani, luego de que YPF se negara a dar información sobre ese proyecto de inversión en Neuquén.
La petrolera, a cargo de Miguel Galuccio , informó que iba "a cumplir " con el fallo de la Corte. Sin embargo, veinte días después de que tribunal supremo se expidiera, la empresa no dio a conocer el contrato completo que selló con Chevron.
