La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una sanción de 25 millones de euros a Iberdrola Generación, al considerar probada la manipulación del precio de la energía eléctrica en 2013, algo calificado de conducta muy grave.
En concreto, según el organismo, la eléctrica manipuló fraudulentamente el mercado mediante incrementos del precio de la oferta de las centrales hidráulicas de los ríos Duero, Sil y Tajo, entre el 30 de noviembre de 2013 y el 23 de diciembre de 2013. Las sospechas de manipulación en 2013 llevaron al Gobierno a cambiar todo el sistema de fijación de precios para evitar que la luz subiera de golpe casi el 11%, en lo que se llamó 'el tarifazo' de la subasta.
Según la Ley del Sector Eléctrico esta actuación de Iberdrola se determina como infracción “muy grave” al considerarla una manipulación fraudulenta tendente a alterar el precio de la energía eléctrica o la medición de las cantidades suministradas. Contra esta decisión Iberdrola Generación podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en un plazo de dos meses, cosa que tiene previsto realizar, según fuentes de la compañía. La asociación de consumidores Facua ha manifestado que la sanción de 25 millones le parece ridícula porque cree que no tiene efecto disuasorio.
Esta actuación coincidió con las semanas previas a la subasta trimestral, denominada Cesur, celebrada el 19 de diciembre de 2013. Dicha subasta fue suspendida por el Gobierno y anulada por el organismo al encontrar “movimientos anómalos” en su ejecución. La subasta, a la que concurrían, entre otros agentes, las eléctricas encargadas del suministro regulado (Endesa, Gas Natural Fenosa, Iberdrola, HC y E.ON), arrojó un inesperado aumento del 26,5%, disparándose el precio hasta los 61,83 euros por megavatio/hora (MWh), muy por encima de los 47,58 euros de la anterior subasta de septiembre.
Este aumento habría repercutido con un incremento del 10,5% en el recibo de la luz en la revisión de principios de 2014, ya que suponía el 45% del recibo aproximadamente. Al haber subido los precios regulados el 1%, que ponderan en torno al 55%, la subida en enero tendría que haber sido ser del 11%. Se trataba del cuarto incremento consecutivo del precio de la luz tras las revisiones que tuvieron lugar en octubre (3,1%), agosto (3,2%) y julio (1,2%) y la quinta en un año, si se tiene en cuenta la de enero (3%).
La CNMC, que abrió un expediente informativo como consecuencia de las anomalías detectadas, considera probado que la eléctrica manipuló los costes en un contexto de altos precios en el mercado y un escenario de elevada demanda, que la manipulación se desarrolla durante las tres semanas comprendidas en el 30 de noviembre y el 23 de diciembre, y que la conducta provocó un aumento de siete euros megavatio/hora suponiendo unos beneficios de 21 millones de euros para la eléctrica.
Iberdrola redujo su volumen despachado desde los 51 GWh del día 29 de noviembre hasta cantidades inferiores incluso a los 20 GWh, lo que implicó que no fuera aprovechado los recursos hidráulicos para satisfacer la demanda. Iberdrola supone el 40% de la producción hidráulica y las instalaciones afectadas, el 50% del total de potencia instalada y el 86% de la de Iberdrola. La CNMC no ha encontrado pruebas de manipulación por parte del resto de eléctricas y operadores, a los que también ha investigado.
La CNMC había abierto un periodo de información el 10 de diciembre cuando comenzaron a detectarse las anomalías. Posteriormente, tras suspender la subasta, el Ministerio de Industria instó a la CNMC a que en el plazo de 24 horas emitiera un dictamen urgente sobre la citada subasta en el que dilucidara si había habido manipulación por parte de los operadores (compañías eléctricas y brokers financieros) para elevar artificialmente el precio de la electricidad.
La CNMC encontró “circunstancia atípicas en el desarrollo de la misma y en un contexto de precios elevados en el mercado diario durante las semanas previas". Se trataba además de operaciones de pequeña cantidad de megavatios, insignificantes para las eléctricas, pero suficientes como para influir en la subasta marcando precios elevados.
La CNMC, y su antecesora la Comisión Nacional de la Energía, tenía que validar los resultados de las subasta de acuerdo con una orden ministerial de 2009. En ninguna de las realizadas anteriormente había encontrado irregularidades.
La subasta se hacía a través de rondas en las que se iban quedando fuera porque no querían vender por debajo de determinado precio. Normalmente se producía una quincena de rondas, pero en la del 19 de diciembre se produjeron deserciones en las primeras de cambio y tuvo una duración especialmente corta de hora y media frente a las cuatro que suele llegar a durar. Aunque los 36 operadores presentados —la mitad de ellos entidades financieras y el resto del sector eléctrico— a la subasta eran similares e incluso superiores a algunas otras precedentes, que no fueron anuladas, la CNMC detectó una reducción rápida de agentes.
También despertó las sospechas del organismo que una de las energías que más llevan a la baja el precio del mercado, la nuclear, estaba inusualmente limitada. Cuatro grupos nucleares parados entre los que estaba la central de Trillo, gestionada por Iberdrola, levantaron suspicacias. Todo ello, unido a la caída del uso del gas, la falta de viento y la temprana llegada del invierno influyó en la gran anomalía de la subasta.
No esta la primera multa que recibe Iberdrola de Competencia ni la más alta. En marzo de 2007, la antigua Comisión Nacional de la Competencia (CNC) multó a la eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán con 38,7 millones de euros por abuso de posición dominante entre 2002 y 2003 al ofrecer precios muy elevados. En 2009 recibió una sanción de 15 millones por haber negado el acceso al Sistema de Información de Puntos de Suministro a sus competidores.
En 2012 también fue sancionada con 10,6 millones por competencia desleal al traspasar clientes entre sus comercializadoras. Y, dentro del grupo de las cinco principales eléctricas, en 2011 recibió una multa de 61 millones, de los que le correspondieron 21,6 millones, aunque la Audiencia Nacional la anuló el pasado mes de abril.
