En el Perú, a través de los años, ha crecido el número de entidades gubernamentales que solicitan, revisan y otorgan las licencias para iniciar una actividad económica formal. Ya sea desde construir una casa o inaugurar un restaurante, hasta ampliar un puerto o poner en valor un yacimiento mineral. 

Estos requerimientos parten de una premisa válida: el Estado debe asegurarnos que todas las inversiones en el país cumplan con los requisitos normados (en aspectos tan diversos e importantes como seguridad, cuidado del medio ambiente, relaciones laborales, pago de tasas impositivas) y que también producen un impacto económico positivo en su entorno.

Sin embargo, al intentar alcanzar un objetivo válido, se ha generado un conjunto de trámites –algunos de ellos redundantes y engorrosos–, que crean retrasos y hasta incertidumbre respecto a la viabilidad de la inversión formal. Así, por ejemplo, hoy en día las aprobaciones de instrumentos ambientales, las licencias de uso de agua o los permisos de operación pueden tomar meses en ser considerados.

Todo esto, paradójicamente, termina incentivando al sector informal.

Al mismo tiempo, nuestro país requiere enfrentar muchos problemas económicos y sociales, y dotar al Estado con recursos que le permitan brindar servicios públicos de calidad. Un reto que solo se podrá afrontar con incentivos a las inversiones formales (ya que son las que aceleran el crecimiento económico). Para ello sería favorable darle mayor agilidad y certidumbre a los trámites administrativos.

Cuando se habla de agilizar el otorgamiento de permisos, una idea que surge con bastante aceptación es la creación de una ventanilla única. Es decir, una sola entidad gubernamental que concentre la recepción de documentos. En ese sentido, el Ministerio del Ambiente, por ejemplo, impulsa el desarrollo del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) como entidad que centraliza la revisión de estudios de impacto ambiental. 

Esto es ciertamente un avance importante, pero no es suficiente.

La solución ideal, entonces, sería crear una agencia gubernamental en que se destaque a trabajadores de todas las entidades públicas que deben, por mandato de ley, revisar, observar, opinar, recomendar y aprobar un proyecto. Así, el Estado estaría representado por personal multidisciplinario e integral, y todo el proceso administrativo se realizaría con un uso más eficiente de recursos y, sobre todo, en un plazo abreviado –todo lo anterior, además, sin haber obviado ningún aspecto clave del mismo–. 

No obstante, si esta entidad, por intermedio de un funcionario (que no necesariamente conoce el proyecto a detalle), termina reemplazando al inversionista en el largo periplo de presentación, absolución de consultas y levantamiento de observaciones (mientras va recorriendo las diversas entidades que tienen opinión respecto al proyecto presentado), su labor no sería eficiente.

El diseño e implementación de un espacio físico único podría ser una oportunidad para que el sector público y los privados trabajen juntos en su concepción.

El desafío es continuar creciendo sostenidamente para incrementar la productividad de nuestra población y reducir los niveles de informalidad y pobreza. Ante esto no debemos perder tiempo. Requerimos acelerar sin relajar el otorgamiento de permisos.