El defensor del Pueblo, Eduardo Vega, presentó el Informe "Conflictos sociales y recursos hídricos", que analiza los conflictos surgidos entre enero de 2011 y diciembre de 2014.
El documento señala que en este período se identificaron un total de 153 conflictos sociales vinculados a los recursos hídricos, de los cuales el 75% se desarrolla en zonas rurales, en el 44% la población registra altos niveles de pobreza; así como en el 42% baja densidad del Estado y 53% bajo nivel de desarrollo humano.
Los principales actores demandantes son las comunidades campesinas (66 casos); los frentes de defensa y los comités de lucha (57 casos); los centros poblados y los caseríos (54 casos). Todos demandan la protección de este recurso y su remediación y sostienen que las afectaciones son principalmente del agua superficial, es decir, ríos, lagos y lagunas.
Ante este análisis, la Defensoría del Pueblo propuso a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y al Ministerio de Agricultura y Riego, que aprueben la creación de los consejos de recursos hídricos de cuenca que sean propuestos por los gobiernos regionales, con la finalidad de prevenir los conflictos sociales vinculados a los recursos hídricos. "Solo se han constituido seis que involucran a las jurisdicciones de ocho gobiernos regionales", indicó Vega, quien señaló que estos organismos son espacios de diálogo que permitirán involucrar a los actores de la cuenca en la solución de la problemática del agua; establecer consensos y generar condiciones para gestionar el uso de este recurso.
LA PRESENCIA DEL ESTADO
En relación a las entidades del Poder Ejecutivo que han intervenido en calidad de actores en estos conflictos, destacan el Ministerio de Energía y Minas, en 77 casos; la Autoridad Nacional del Agua, en 35 casos; la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, en 29; el Ministerio del Ambiente, en 25 casos; y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, en 23 casos.
Respecto a los gobiernos regionales, el informe revela que son actores en 57 casos; las municipalidades distritales, en 50; y las provinciales, en 36. Asimismo, estos últimos han respaldado públicamente las demandas sociales en 46 casos. Por otro lado, de los 25 gobiernos regionales, 13 han constituido oficinas de atención de conflictos sociales.
Por su parte, el Adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad, Rolando Luque Mogrovejo, destacó la necesidad de investigar en profundidad los tipos de conflictos más frecuentes y que ocasionan grandes enfrentamientos entre sectores de la sociedad, el Estado y las empresas.
“Solo de esta manera tendremos estrategias acertadas, que partan del conocimiento de los problemas y no de intereses que distorsionan la gestión de un conflicto”. Señaló, además, que la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad debe potenciar su rol articulador entre los distintos sectores del Poder Ejecutivo y con los gobiernos subnacionales. Asimismo, reconoció que la presencia de la Autoridad Nacional del Agua en este tipo de conflictos es fundamental por lo que debe combinar la especialización técnica en materia hídrica con la prevención y gestión de conflictos sociales.
