El juez brasileño Sergio Moro, que conduce los procesos por corrupción en Petrobras, lanzó ayer una nueva fase de la llamada operación Lava Jato: detuvo al empresario ganadero José Carlos Bumlai, quien mantiene desde hace años una fluida amistad con el ex presidente Luiz Lula da Silva. La prisión, decretada ayer, se basa en la sospecha de intermediación de coimas por parte del hacendado, en un contrato de provisión de un buque–sonda para la petrolera estatal.
El juez Moro cuidó, sin embargo, de un detalle: apartar a Lula del caso; al menos por ahora. “No hay ninguna prueba de que el ex presidente de la República estuviera de hecho involucrado en esos ilícitos”. Con todo, los fiscales que acompañan al juez de Curitiba afirmaron que un crédito obtenido por Bumlai de parte del banco privado Schahin podría haber sido transferido al Partido de los Trabajadores (PT), para financiar campañas. Los de la operación Lava Jato dijeron, también, que van a averiguar sobre préstamos recibidos por el hacendado brasileño de parte del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). Uno de esas líneas de financiación fue otorgada en 2005 por unos US$ 30 millones, al cambio de la época. Un segundo crédito fue concedido por el BNDES en 2008 y sería del orden de los US$ 170 millones.
El gobierno de Dilma Rousseff vio venir, el lunes, la prisión del ganadero. Y colaboradores próximos a la presidenta dejaron trascender preocupación por que el caso podría reavivar alteraciones del precario equilibrio conseguido en Brasilia hace más de un mes. Luego de detener al empresario del campo, la policía federal se presentó en la sede del Banco Schahin en Río de Janeiro: buscaron, y se llevaron, documentos relativos a los préstamos que concedieron a dos empresas propiedad de hijos de Bumlai: la productora de azúcar y alcohol Sao Fernando y la energética homónima. La primera de estas compañías, que tiene sede en Dourados (Mato Grosso del Sur), según los sabuesos recibió financiación cuando la firma estaba inactiva y sin ingresos operacionales.
El juez Moro, que había quedado un tiempo fuera de las primeras páginas de los diarios –por falta de nuevos hechos—ayer volvió a las primeras planas. En su decisión de poner el estanciero entre rejas, el magistrado se refirió también a declaraciones realizadas por el “arrepentido” Fernando Soares. Este habría dicho que Bomlai solía usar el nombre de Lula para intermediar negocios. “Se habría servido, por varias veces en forma indebida, del nombre y la autoridad del ex presidente para obtener beneficios”. No obstante, sí marcó que el ganadero había cometido “episodios delictivos” que involucraron al PT. Señaló, así, que “las pruebas indican que puso su nombre y el de sus empresas a disposición para viabilizar de manera fraudulenta recursos para el partido político, con todos los daños derivados contra la democracia”. Según Moro, Bumlai “se involucró en el uso de contratos públicos con la empresa estatal para obtener ventajas, para sí mismo y para otros”.
