La discusión que hoy se desarrolla en el Congreso se ampliará a lo menos a seis iniciativas:
Desde un mayor rol del Estado en las juntas de vigilancia hasta la creación de una Subsecretaría del Agua figuran entre los temas que el Ejecutivo busca impulsar en 2016.  

Movidas están las aguas a nivel de discusión hídrica en el país. A fines del año pasado, se reactivó en la Cámara de Diputados la discusión sobre el proyecto que fortalece el carácter de bien público de las aguas, la tutela del Estado y los principios de sustentabilidad de los acuíferos. Esta iniciativa -más conocida como la reforma al Código de Aguas- a inicios de este mes pasó a la Comisión de Agricultura, luego de que el Gobierno le aplicara urgencia legislativa para agilizar su trámite.

Este cambio legal tal como se debate hoy en el Congreso ya ha encendido las alarmas en algunos sectores empresariales, como por ejemplo en la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA). Sin embargo, la hoja de ruta definida por el Ejecutivo incorpora nuevas temáticas hídricas, desde indicaciones a la reforma al Código de Aguas hasta nuevos proyectos.

Actualmente, en el Congreso además de esta reforma se están discutiendo dos proyectos que guardan relación con el marco regulatorio del agua en Chile: el de protección de glaciares y el que fortalece las atribuciones de la Dirección General de Aguas (DGA) para recoger información, fiscalizar y sancionar. Y durante el próximo año ingresarán tres más: el que crea una Subsecretaría del Agua; el que busca una gestión integrada de los recursos por cuencas y el que modifica las organizaciones de usuarios, según el cronograma definido por el Ejecutivo.

DGA buscaría participar en las juntas de vigilancia

Que el Estado cumpla un mayor rol en la administración y la distribución de las aguas es uno de los objetivos que busca el Gobierno, a través de indicaciones adicionales a la reforma del Código de Aguas.

"El Estado debiese, por ejemplo, estar presente en las juntas de vigilancia", indica Reinaldo Ruiz, delegado presidencial para los recursos hídricos.

La forma como este cambio se incorpore no está 100% resuelto. De hecho, el tema está siendo analizado por el comité de Ministros del Agua -instancia en la cual participa Ruiz, pero donde también están presentes los ministros de Obras Públicas (MOP), Agricultura, Minería, Energía y Medio Ambiente-, pero una de las opciones que avanza con fuerza es la idea que la DGA tenga presencia en determinadas organizaciones de usuarios.

Una de estas son las juntas de vigilancia, que corresponden a organizaciones conformadas por los titulares de derechos de aguas. Su función pública es la administración de las aguas en una misma cuenca hidrográfica, y la DGA solo en situaciones muy específicas -como por ejemplo, un cuadro de sequía- puede intervenir, en caso que no haya acuerdo entre los particulares respecto de la repartición de las aguas. Esta es una de las situaciones que, de acuerdo a un diagnóstico mayoritario en el Gobierno, debiese revertirse para que el Estado pueda intervenir con o sin acuerdo de los particulares.

Diferencias impiden la coordinación entre los titulares de derechos de agua

Otro tema que se debe subsanar, señala una fuente cercana al MOP, a través de un mayor rol del Estado es la participación de los titulares de derechos no consuntivos en las juntas de vigilancia. Quienes poseen este tipo de derechos son los particulares que usan el agua como insumo intermedio, y luego la devuelven a los caudales, como es el caso de las empresas hidroeléctricas. El problema que se genera es que algunos de estos titulares se han negado a formar parte de las juntas de vigilancia y a sentarse en una misma mesa con los titulares de derechos consuntivos, que son quienes consumen totalmente las aguas en cualquier actividad, como por ejemplo los agricultores.

¿Y cómo se soluciona esto? A nivel privado hay dos posturas: Quienes señalan que los titulares de derechos consuntivos no deben sumarse a las juntas, porque ellos devuelven el agua que extraen. Y los que que argumentan que sí deben hacerlo, ya que muchas veces la continuidad en el caudal de un río se ve alterada. Un ejemplo: en teoría, las hidroeléctricas de pasada sacan agua del río, la ingresan a un tubo, luego a una turbina y la devuelven al río. Pero esta secuencia estilo bypass no siempre opera, advierten algunos privados. ¿Por qué? En determinadas situaciones, estas hidroeléctricas de pasada crean estanques de acumulación, y para que estos funcionen las empresas cortan el río, acumulan el agua y luego la devuelven al caudal. Esto muchas veces genera verdaderos golpes de agua, y tanto las sanitarias como los agricultores necesitan un caudal estable para poder capturar el agua.

A juicio de la mayoría de los privados, esto se resolvería estableciendo la obligatoriedad de los titulares de derechos de agua no consultivos de participar en las juntas de vigilancia, o a través de más fiscalización. Sin embargo, para varias personas en el Gobierno esto se resolvería si la DGA participa en las juntas cumpliendo un rol coordinador.

Dadas estas diferencias, se prevé que este tema encienda aún más el debate en torno a la reforma al Código de Aguas, pues para varios privados esta medida significaría una "intervención" del Estado en organizaciones privadas que administran derechos de particulares.

Subsecretaría del Agua tendría supremacía respecto de los otros organismos

Además de las indicaciones a la reforma al Código de Aguas, el Gobierno está preparando nuevos proyectos. El objetivo es abordar dos problemáticas centrales en materia hídrica y donde el Banco Mundial advirtió serias deficiencias: institucionalidad e información.

En un informe de 2013, el Banco Mundial sostuvo que dentro de los principales déficits institucionales para una gestión adecuada del agua, figuraba la falta de coordinación y consolidación de la información, y la ausencia de una autoridad política superior que coordinara las funciones e instituciones que guardan relación con el agua.

Este segundo punto es el que el Ejecutivo busca resolver a través de una subsecretaría del Agua, la que dependería del MOP y tendría supremacía respecto de los otros organismos a cargo de temáticas relacionadas con el agua.

Humberto Peña, quien fue por 12 años titular de la DGA y quien ha participado en algunos estudios hídricos para Chile del Banco Mundial, explica que es el MOP la repartición que tiene la experiencia y el conocimiento del agua en el país. Por eso, la propuesta realizada por el Banco Mundial apuntó a radicar en dicha cartera la nueva subsecretaría y que el MOP pasara a ser el Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos.

La idea de avanzar en una subsecretaría tiene apoyo transversal. El presidente de la SNA, Patricio Crespo, sostiene que es "crucial" que exista una entidad que coordine a todos los organismos vinculados al agua y que esta tenga supremacía.

"Existen muchos organismos a cargo del agua, pero muchos se anulan entre sí y eso genera inmovilismo", señala Crespo.

"Es necesario coordinar a las entidades a cargo del agua y evitar duplicidad de funciones", agrega el presidente de la Confederación de Canalistas, Fernando Peralta.

La burocracia del agua: 102 funciones y 43 actores están involucrados en la gestión

Respecto de la información hídrica que existe en país, las principales deficiencias que enfrenta el país es la inexistencia de algunas mediciones y de una base donde se unifiquen los datos.

De hecho, el Banco Mundial en su informe de 2013 identificó 102 funciones y 43 actores (ver infografía) involucrados en la gestión de los recursos hídricos.

"Hay muy poca claridad sobre quién usa el agua y cómo se usa", advierte Reinaldo Ruiz.

"Vemos necesario desarrollar sistemas de información integrados por cuenca, que incorporen variables hidrológicas y ambientales que sean confiables, consistentes y transparentes (...) Un punto que debería reforzarse especialmente es el de las aguas subterráneas", dice Carlos Urenda, gerente general del Consejo Minero.

La DGA mide los niveles de agua en los pozos y su calidad química, explica Javier Narbona, jefe de la unidad hídrica de la DGA. Sin embargo, el organismo no cuenta con datos como, por ejemplo, las extracciones que realizan los regantes.

Carlos Estévez, director de la DGA, señala que el proyecto que fortalece las atribuciones de la DGA establece medidas para precisamente exigir la entrega de información al respecto.

Humberto Peña menciona otra deficiencia: el Catastro Público de Aguas (CPA) que maneja la DGA no cuenta con información sobre las transacciones de derechos de agua.

Según Estévez este tema también se resolvería con el proyecto en trámite que da más atribuciones a la DGA, pues este establece la obligación de que los conservadores de bienes raíces informen en un plazo de 30 días este tipo de operaciones e incluso fija un procedimiento para que todos entreguen los datos bajo el mismo formato.

¿Quién centraliza toda la información hídrica que existe hoy en el país? Ningún organismo. Por eso, en la mesa de trabajo que integran la DGA y la Confederación de Canalistas de Chile, una de las alternativas que avanza con fuerza es la de crear una base de datos unificada para recoger toda la información que generan las entidades públicas y privadas, dicen fuentes de Gobierno.

Fernando Peralta explica que la idea es que sigan existiendo distintos organismos que produzcan la información, pero la propuesta de los canalistas es que el análisis y la difusión de los datos solo sea responsabilidad de la DGA.