El país debe pasar de su actual 16 % del PBI al 25% lo que representaría una inversión total, entre el sector público y privado, de U$S 125 mil millones anuales. La necesidad de mejorar la infraestructura en sectores como energía, trasporte, puertos, logística, y vivienda, tendrían un impacto positivo para el crecimiento económico. El desafío es cómo volver a capturar la Inversión Extranjera Directa (IED).
|“Para sostener un crecimiento económico del 5% anual la Argentina debe tener como meta alcanzar el 25% de inversiones con relación a su PBI, esto representaría alrededor de 125 mil millones de dólares anuales, entre el sector público y privado, de los cuales se estima que unos 50 mil millones (10 %) deberían destinarse a equipamiento y máquinas; 45 mil millones (9%) a infraestructura; y 30 mil millones (6%) a inmuebles privados”, explicó Mariano Sánchez, Socio de KPMG Argentina responsable de Advisory, al hablar ante un grupo de empresas clientes de la firma sobre las perspectivas del país para captar inversiones en 2016. Asimismo, dijo que “la inversión más dinámica y expansiva en lo económico será la de infraestructura donde de ese total el sector energético demandaría 28 mil millones de dólares, vivienda 10 mil millones de dólares; y un tercer nivel de 7 mil millones compuesto por transporte con 3.600 millones; agua y sanidad con 2.200 millones y vialidad con 1.200 millones.”
Al referiste a la Inversión Extranjera Directa (IED) que puede capturar el país en el próximo año, el especialista señaló que en términos nominales la Argentina es uno de los países de la región latinoamericana que menos IED ha recibido en la última década como porcentaje de su Producto Bruto Interno (PBI), y que la mayoría se concentró en el sector energético.
Agregó que en 2014 la inversión extranjera directa cayó un 41% y que, si bien se espera que esta tendencia en 2016 se revierta, la baja podría alcanzar al 10%. “Como consecuencia directa de la prohibición de remitir utilidades a las casas matrices de las compañías, la reinversión de las utilidades en el país representó un 45% del total de la IED en los últimos diez años”, indicó. Explicó luego que Brasil y México fueron los países que recibieron más inversiones IED en proyectos de alta intensidad tecnológica relacionada, principalmente, con el sector automotriz. En cambio, el 55% de los proyectos de inversión en la Argentina tienen un grado de intensidad tecnológica medio/bajo o bajo.
Sanchez, indicó que en los últimos años los déficits de rentas de la IED han tenido una influencia significativa en los déficits en cuenta corriente registrados en la mayoría de las economías de América Latina y el Caribe. “La crisis económica mundial de 2008 y 2009 tuvo un impacto mucho mayor en la región en las exportaciones que en las rentas procedentes de la IED, y esa disparidad se ha acentuado aún más en los últimos tres años. Esto no sucede así en Argentina debido a los controles para retirar las divisas del país. Para contrarrestar esta tendencia, la inversión extranjera directa debería promover cambios en la estructura de producción para impulsar un aumento de las exportaciones futuras. Además, como consecuencia de la disminución de los precios internacionales de los metales y el petróleo, así como por la desaceleración de la actividad económica en la región en general y en Brasil en particular, la inversión extranjera directa empezó a retroceder a partir del año pasado siendo más visible en 2015.”
El especialista agregó que Argentina tiene la necesidad de garantizarse fuentes de financiamiento para sostener en el largo plazo un proceso de desarrollo económico y social que acompañe las nuevas oportunidades internacionales de negocios. “Esto es capturar mayores flujos de inversión extranjera directa en los próximos años y obtener financiamiento mundial aprovechando las bajas tasas de interés que se mantienen para atraer inversiones a los sectores productivos que ofrecen oportunidades de negocios a desarrollar. En este sentido, será necesario consensuar políticas de Estado de largo plazo que conformen un plan de inversión integral y que comprenda un marco institucional y regulatorio, políticas macroeconómicas sustentables; seguridad jurídica; y adecuación a las prácticas de comercio internacional”, concluyó.-
