El gobierno decidió descartar la posibilidad de firmar un contrato con la empresa de origen indio Aratirí (Zamin Ferrous), luego de años de negociaciones y polémicas cruzadas con ambientalistas. El próximo martes 24 de noviembre vence el plazo establecido por ley para que la compañía y el Poder Ejecutivo firmen un contrato de extracción de hierro a cielo abierto, pero según adelantó la ministra Carolina Cosse al semanario Búsqueda, el gobierno no firmará nada hasta que no esté la autorización ambiental. "Así se ha planteado siempre. La ley de minería es clara, la autorización ambiental es previa, y sin autorización ambiental no hay contrato", dijo.

La ley de minería de gran porte establece que en caso de fracasar la negociación entre el gobierno y el privado a quien se le calificó el proyecto dentro de esos parámetros, se abre un espacio de 90 días donde Aratirí podrá presentar a un nuevo interesado en el negocio. También quedan en juego las áreas denunciadas para extraer hierro, las cuales pueden ingresar al registro de vacancias del Estado, y el gobierno puede con ellas hacer dos cosas: subastarlas o explotar el hierro por medio de una empresa pública creada para el caso. 

El período que se abre ahora es de incertidumbre sobre qué pasará con las millones de toneladas de concentrado de hierro a extraer, un bien cuya cotización cae a nivel mundial.

Según supo El Observador, los representantes de la empresa en Montevideo seguían ayer estudiando qué hacer a partir de ahora con las posibilidades que se abren de acuerdo a la ley.

Aratirí nunca logró que la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) le otorgue la habilitación ambiental. El proceso tuvo muchas idas y vueltas, desde que en 2011, a pocos meses de haber entregado el primer proyecto, se le fue devuelto por incompleto. Luego entregó uno mucho más extenso, pero que tuvo objeciones y permanentes pedidos de correcciones por parte de la autoridad ambiental. 

Uno de los puntos calientes de ese intercambio fue la presentación de un plan de cierre de minas. La empresa india proyectaba en un primer momento construir cinco minas en el entorno de Valentines (Treinta y Tres) de una profundidad de entre 200 y 350 metros, más una planta de relave, espacios de acopio de material, complejo industrial y un mineroducto. A todo eso se suma que debía entregar una garantía económica para asegurar que se cubran posibles accidentes ambientales o incumplimientos en el plan de cierre.

Pero uno de los puntos clave refiere a la garantía de mantenimiento de contrato que debía ser depositada y, junto a la autorización ambiental, era fundamental para que el gobierno se decidiera por firmar. Esa garantía sería de US$ 139 millones. 

El proyecto tuvo muchas idas y vueltas también desde su plan de negocios. Al final del período de José Mujica (2010-2015) se planteó incluso la posibilidad de iniciar el proyecto a un ritmo más lento, pero desde el inicio se presentaba con dificultades logísticas. La idea inicial era extraer 18 millones de toneladas de concentrado de hierro de Valentines al año en un período aproximado de 20 años.
El precio internacional del hierro en constate bajada ha sido un factor importante para quitarle entusiasmo al tema, ya que la ecuación a mediano y largo plazo fue cambiando a medida que bajaba la cotización de ese producto.

También hubo dificultades en torno al puerto. Aratirí previó construir una terminal para sacar desde La Angostura (Rocha) el hierro por mar, pero luego el gobierno, que había señalado ese mismo lugar para construir un puerto de aguas profundas, cambió el destino. Por decreto y luego por ley, se estableció que esa terminal debía estar ubicada en El Palenque, unos kilómetros más hacia La Paloma, también en la costa de Rocha. Eso hizo que Aratirí tuviera que cambiar su plan y presentar nuevos proyectos de impacto, lo que contribuyó al atraso.