Carlos M. Alasino*
Los subsidios son las transferencias que realiza el gobierno con el objeto de beneficiar a los consumidores o productores de bienes y servicios buscando complementar sus ingresos o reducir los costos.
En la Argentina actual alcanzan una magnitud considerable aunque no existen estimaciones oficiales precisas. Y si bien hay un acuerdo generalizado en el sentido que deben beneficiar solamente a aquellos que los merecen, todos los intentos del gobierno para realizar una actualización sistemática de las tarifas, algo que se intentó por primera vez hace ya diez años, naufragaron y se quedaron a mitad de camino, jaqueados por los elevados costos políticos y la dificultad para identificar precisamente a aquellos que se los merecen.
Resulta difícil convencer a un universitario que estudia y trabaja que su factura de electricidad de 300 kwh bimestrales equivale en Capital Federal o Gran Buenos Aires a menos de medio kilo de asado. Sin subsidio pagará un kilo y medio. Y si al fin admite que no es muy caro, demandará acto seguido un aumento equivalente de su sueldo. Tampoco es sencillo convencer a un usuario de clase media-alta que la factura sin subsidio que Edenor o Edesur le pasa bimestralmente es barata aun costándole 6 o 7 kilos de asado. Ese es el estado de comprensión del problema.
Es necesario entonces discutirlo y acordar una salida. Tal como está, el esquema de subsidios es inequitativo, voluminoso y no fomenta el ahorro de energía ni de los escasos dólares. Si el problema se comprende en su real dimensión el resto vendrá por añadidura. Y esto significa también que quienes lo merecen deben seguir pagando por 300 kwh bimestrales el equivalente a menos de medio kilo de asado.
¿Cuánto invierte el Estado Nacional en subsidios? El Poder Ejecutivo Nacional no lo ha cuantificado certeramente. Tampoco lo conoce con precisión el Congreso Nacional. La única estimación pública existente es la que mensualmente difunde la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), una organización civil que tiene acceso al Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF) de la Secretaría de Hacienda dependiente del Ministerio de Economía de la Nación. El SIDIF no está diseñado específicamente para determinar los subsidios y su estimación se debe realizar buceando sistemáticamente en la contabilidad pública aunque a veces sea necesario también utilizar la casuística, tratando de identificarlos cruzando categorías programáticas, partidas contables hasta su máximo nivel de desagregación y diversas aperturas del gasto diseñadas en el Manual de Clasificaciones Presupuestarias.
Mensualmente, la ASAP elabora en base al SIDIF su Informe de Ejecución Presupuestaria de la Administración Pública Nacional. Definiendo a los subsidios como las transferencias de carácter económico que realiza la Administración Nacional para financiar los gastos corrientes de Empresas Públicas, Fondos Fiduciarios y Empresas Privadas, ASAP consiguió identificar en los primeros nueve meses del año subsidios por $ 156.000 millones, de los cuales 62% son canalizados via dos empresas, Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) y Energía Argentina S.A. (ENARSA) que incluyen entre otros los subsidios a la generación eléctrica y la compra de gas importado.
¿Es mucho o poco? Poco no es es. Aun admitiendo que se incluyen aquí todos, algo que aún debe demostrarse con contundencia, los subsidios representaron el año pasado la mitad de lo pagado en jubilaciones o nueve veces lo que destinó la ANSES para pagar la Asignación Universal por Hijo para Protección Social.
