Los abogados del fondo buitre Elliott dejaron ayer tranquilo al juzgado de Thomas Griesa, cruzaron de costa hasta el Pacífico y ahora avanzan en otra causa complicada contra la Argentina; en su búsqueda de presionar al país para que pague la deuda del "juicio del siglo". Ayer el abogado contratado por Paul Singer, Robert Cohen, se puso en contacto con sus socios de San Francisco para que estén atentos. En cualquier momento da la orden para pedirle al juez Jefrey Steven White que avance en un pedido formal contra Chevron, para exigirle que muestre "las cláusulas secretas"firmadas entre la petrolera norteamericana e YPF, y la posibilidad de que éstas incluyan depósitos de la compañía argentina reestatizada en los Estados Unidos; para luego, eventualmente, avanzar en el pedido directo de embargos contra esas cuentas. 

Para esto Singer necesita un paso previo: que Thomas Griesa habilite finalmente el Discovery, la cláusula con la cual el juez habilitaría a otros colegas de los Estados Unidos a pedir información en todo el territorio norteamericano, sobre activos físicos y financieros que el país tenga en esa nación. El Discovery fue aprobado en junio del año pasado por la Corte Suprema de EE.UU., el mismo día en que rechazó la apelación de la Argentina y dio por perdido el "juicio del siglo". La activación, o no, de la Discovery, quedaría igualmente bajo potestad de Griesa, y dependería de la manera en que se desarrollasen las negociaciones por la fórmula de pago del país. El juez de Nueva York no avanzó primariamente sobre el tema, hasta que en abril de este año el Gobierno argentino decidió lanzar una emisión del Bonar 24 por unos u$s 1.400 millones; operación que Griesa consideró ilegal. Desde allí tiene en su escritorio el fallo definitivo sobre la activación del Discovery, algo que Elliot reclama permanentemente.

El fallo de la Corte argentina del martes pasado disparó el obvio interés de Singer por avanzar en un tema que, si bien desde Buenos Aires se le restan argumentos legales, molesta la posición financiera y comercial del país. La causa contra Chevron fue abierta por Elliott en agosto de 2014, y presentada ante el juez de primera instancia del distrito norte de California, Jeffrey Steven White. Este juez tiene 68 años y, siguiendo una lógica negativa que el país tuvo que vivir en todo este juicio, es de raíz republicana. De hecho, llegó al juez en 2002 por recomendación de George W. Bush y en general se lo conoce por fallos conservadores, a veces al extremo. Fue partícipe en la saga WikiLeaks, por haber avanzado en decisiones cercanas a la "censura previa", impidiendo publicaciones vinculadas a los secretos que hacía públicos Julian Assange. 

La intención de máxima de Elliott ante White es que un juez avance hasta las últimas consecuencias y le embargue fondos a Chevron. La de mínima, que haya un juicio nuevo que embarre aún más el desarrollo de las negociaciones con la Argentina. En el medio, Elliott busca afectar las inversiones de cualquier otra compañía norteamericana en el país. La embestida de Elliott se da en California porque en ese estado tiene su sede Chevron. La empresa es heredera de la Standard Oil-California desde 1911 y tiene su lugar de residencia en San Ramón, un condado cercano a San Francisco hacia el continente, alejándose del océano Pacífico, precisamente donde tiene su jurisdicción el Noveno Circuito y donde los abogados del fondo buitre radicaron la denuncia. La presentación fue recibida por la Justicia, a la espera de lo que suceda mañana en el tribunal de Griesa. De avalar el juez californiano la presentación, comenzaría a considerarse a nivel tribunalicio la alternativa del eventual embargo a Chevron, además de la aceleración del pedido a otros jueces del estado sobre la posibilidad de que existan fondos de la petrolera estatal renacionalizada en ese territorio. Luego, si finalmente algún juez californiano decidiera avalar el pedido de embargos de Elliott, las alternativas serían de avanzar sobre los activos de YPF primero y luego sobre los de Chevron, o sobre ambos a la vez. La Justicia del oeste puede obviamente desechar el intento y considerar los argumentos que seguramente expondrá la Argentina: que YPF es una sociedad separada del Estado y que Chevron es una empresa absolutamente independiente de la Argentina que sólo decidió asociarse con el país para un proyecto concreto: el de Vaca Muerta. 

Elliott quiere que la Justicia bucee sobre los activos financieros y físicos que YPF podría tener en California; y, si no los encuentra, que sea entonces Chevron la que responda. Para semejante pedido incluye en las presentaciones judiciales innumerables fallos anteriores tanto en California como en otros estados norteamericanos. Pero lo más fuerte que presenta Elliott son los argumentos derivados de la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos del 16 de junio pasado, cuando no sólo rechazó la posibilidad de tomar el "juicio del siglo" en tercera instancia (negando también la posibilidad de que opine el Gobierno de Barack Obama), sino que también hizo lugar a la petición de los fondos buitre de obligar a las entidades financieras de ese país (y a cualquier agente económico que considere necesario) a informar a cualquier juez sobre los activos monetarios o físicos si los magistrados así lo ordenan. Se trata de la cláusula Discovery, una de las dos causas que debía definir la Corte Suprema y que falló en contra de la Argentina. 

La argumentación básica de la presentación de Elliott (realizada a través de los socios californianos de Cohen de la firma de Joshua D.N. Hess) es que los fondos de YPF y, eventualmente, de Chevron, pertenecen a la Argentina; al menos, en el caso de la empresa norteamericana, en lo que tiene que ver con el proyecto de inversión de unos u$s 2.040 millones ya desembolsados (de un total de u$s 8.000 millones de todo el emprendimiento) en el yacimiento de "shale oil" en Neuquén. Ese dinero formaría parte de las "cláusulas secretas" y, para la visión de Elliott, serían embargables. Para poder avanzar necesitarían que White determine el argumento de que parte del dinero de la Argentina llegó a cuentas de Chevron por ser socio de YPF. Obviamente, para los abogados que representan al país habría más que un argumento sólido para defender la posición, comenzando por la explicación de que YPF es una sociedad anónima independiente del Estado (aunque la mayoría accionaria haya sido renacionalizada) y que es imposible que se avance sobre una empresa privada norteamericana que sólo se asoció para un emprendimiento particular.