El Gobierno envió este miércoles un proyecto a la Cámara de Diputados para declarar de interés nacional el desarrollo y la explotación de carbón como recurso para la generación de energía eléctrica, y así transformar al yacimiento de Río Turbio, en Santa Cruz, en la sociedad del Estado Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF). 

A partir de esta iniciativa, el oficialismo busca darle estabilidad a la figura jurídica de la empresa que hoy se encuentra intervenida por el Estado. El proyecto, que fuera consensuado con los gremios actuantes en la empresa, propone reestatizar el yacimiento de Río Turbio, privatizado en 1994 e intervenido desde 2002, para asegurar un “absoluto control de gestión, legalidad y auditoría por parte del Estado nacional”. Se cree que el Frente para la Victoria buscará aprobar la norma en la primera sesión de la Cámara baja después del balotaje.

La iniciativa, de 22 artículos, lleva las firmas del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández y del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y fue girada a las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, que presiden hasta el 10 de diciembre Mario Metaza y Roberto Feletti. 

Con el proyecto promovido por el Gobierno, la nueva empresa absorverá a su antecesora, su complejo ferroportuario y la Central Termoeléctrica a Carbón (CTRT), todos ubicados en Santa Cruz. Por eso se transfieren al Estado los bienes y el personal dependiente de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, así como los pasivos registrados.

El proyecto contiene un anexo con el estatuto de la futura empresa, donde entre otras cosas se le otorga un capital social de cinco mil millones de pesos.

El directorio de la compañía estaría compuesto por un presidente, un vicepresidente, tres directores ejecutivos, dos directores en representación del Estado Nacional, dos en representación de Santa Cruz y uno por los trabajadores.

El texto establece que el 45% de las acciones de la nueva empresa pertenecerá a la Nación, otro 45% a la provincia de Santa Cruz (que deberá adherir a la ley) y el 10% restante a los trabajadores, bajo el régimen del programa de propiedad participada. Esos tres niveles, además, tendrán representación en el directorio. 

La nueva empresa incluirá a la central termoeléctrica, dado que la nueva YCF tendrá derechos exclusivos de “exploración, explotación, comercialización y exportación del carbón, y sus derivados directos e indirectos y de generación de la energía producida”. 

También tendrá potestad sobre “todo el carbón residual que se produzca en el país” y podrá, por sí o por medio de terceros, “transportar, distribuir y comercializar” energía eléctrica. Para ello, el texto dispone que el Estado absorberá no sólo los bienes, el personal, el complejo ferroportuario y la central termoeléctrica, sino también los pasivos de Río Turbio. 

En otro punto, se establece que la nueva empresa recibirá un capital social de cinco mil millones de pesos. 

Yacimientos Carboníferos Fiscales había sido creada en 1958, pero en los ‘90, al igual que otras empresas, fue privatizada bajo la Ley de Reforma del Estado.

La concesión se otorgó entonces a la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio Sociedad Anónima, pero a raíz de una serie de incumplimientos el contrato se rescindió en 2002 y desde entonces permanece intervenida.