Los subsidios dominan la agenda electoral. El giojista sanjuanino Jorge Rivera advierte sobre los planes de Cambiemos. En tanto que FUNDELEC actualizó su informe sobre dispersión tarifaria en Argentina (ver brief adjunto) que muestra como el Interior subvenciona a los sufridos porteños.
URGENTE 24
Idesa advierte que "sin un ordenamiento de las cuentas públicas no hay posibilidad alguna de instrumentar la mayoría de las propuestas que se prometen en la campaña electoral"
Sin un ordenamiento de las cuentas públicas no hay posibilidad alguna de instrumentar la mayoría de las propuestas que se prometen en la campaña electoral. Más importante aún es que tampoco se podrá salir del estancamiento, inestabilidad y especulación financiera. Dentro de los diferentes componentes del gasto público es claro que la mayor irracionalidad reside en los subsidios económicos.
Sin grandes diferencias entre candidatos, la campaña electoral gira en torno a propuestas tales como reducir impuestos, aumentar las jubilaciones, eliminar el “cepo” cambiario, recuperar competitividad de las economías regionales, incrementar la inversión en infraestructura, distribuir más recursos con las provincias y reforzar los presupuestos de seguridad, salud y educación. Se trata de propuestas bien intencionadas pero que no son posibles de ser instrumentadas en el actual contexto fiscal.
Se estima que en la primera mitad del año 2015 el déficit fiscal ya ascendía a 4,2% del PBI. Si no se contabilizan como ingresos las transferencias del Banco Central, ANSES y otros organismos, el desequilibrio llega a 6,2% del PBI. La situación tiende a empeorar ya que el gasto público nacional viene creciendo al 39% interanual, mientras que los ingresos públicos lo hacen al 30% anual.
Aunque el desmanejo del sector público es generalizado, para diseñar estrategias de reducción del gasto público es necesario analizar su composición. En tal sentido, según datos del Ministerio de Economía y de la ASAP se observa que:
• Jubilaciones, salarios públicos y subsidios sociales representan aproximadamente el 17% del PBI.
• La inversión pública alrededor de 3% del PBI.
• Los subsidios a la luz, gas, transporte y déficit de empresas públicas demandan recursos en el orden del 4% del PBI.
Estos datos muestran que los subsidios que otorga el gobierno para evitar aumentos en las tarifas de electricidad, gas y transporte y soportar el déficit de las empresas públicas representan un volumen similar al total del déficit fiscal (4% del PBI). Esto señala la importancia de reducir este componente del gasto público. Especialmente porque, si bien se puede generar ahorros en otras áreas con una administración más profesional y austera, en general, por su importancia social (jubilaciones, subsidios sociales) o su carácter estratégico (inversiones públicas) en estos componentes los márgenes son más limitados.
Los subsidios a los servicios públicos y a los déficits de las empresas públicas resultan, además, muy cuestionables desde la perspectiva ética que debe prevalecer en una República. Una mansión en zonas residenciales de la región metropolitana accede de manera ilimitada y a valores irrisoriamente bajos a los servicios de agua, cloaca, luz y gas. En sentido contrario, las familias que viven en la periferia de las ciudades del interior del país en la mayoría de los casos no tienen cloacas ni gas de red y pagan por los servicios de luz y agua valores que se aproximan al costo completo de producción del servicio. Más injusto y contaminante desde el punto de vista institucional es derivar recursos de los ciudadanos a las empresas públicas para financiar corrupción y soportar una estructura parasitaria de militantes, parientes y amigos que viven del Estado.
Seguramente que quienes arman las estrategias electorales recomiendan a los candidatos no hablar de “tarifazo”, rechazar de plano la idea o acusar al contrincante de orquestarla. Este planteo, paradójicamente implica avalar que los más ricos sigan disfrutando los servicios a costos artificialmente bajos e imponer a los más pobres el sacrificio de negarles el acceso a estos servicios o hacerles pagar valores cercanos a sus verdaderos costos. Es difícil imaginar una política más injusta y regresiva.
La menos mala de las alternativas para abordar la reducción del gasto público es reducir los subsidios económicos. Para ello es imprescindible sincerar las tarifas junto con un mecanismo de tarifas sociales en beneficio de los hogares más pobres. La peor es que el próximo gobierno intente mantener este irracional esquema de subsidios. Esto fatalmente llevará a que la corrección del exceso de gasto público sea por medio de un golpe inflacionario que licue jubilaciones, salarios, subsidios sociales e inversión pública.
El Zonda
El EPRE y otros organismos reguladores consideran que es necesaria una salida gradual del actual esquema de subsidios y congelamientos. La indefinición política de Cambiemos y sus asesores en materia energética, genera gran incertidumbre
La cuestión energética es uno de los pilares del desarrollo y expansión del aparato productivo nacional, donde el futuro de la tarifa eléctrica, tanto a nivel provincial como nacional, plantea grandes interrogantes de cada al resultado del balotaje del 22 de noviembre próximo, ya que si bien Daniel Scioli adelantó que mantendrá los subsidios a los servicios públicos, poco y nada es lo manifestado por el lado del candidato de la Alianza Cambiemos y su equipo de asesores.
La tarifa eléctrica en San Juan – al igual que en la mayoría de las provincias - se encuentra congelada, en cuanto a distribución desde mayo de 2013 por medio de un acuerdo suscripto con la Nación, que a través de diversos aportes compensa la diferencia de ingresos que tiene la empresa distribuidora, a fin de garantizar el servicio.
A su vez, en la factura de los diferentes usuarios también se incluye otro subsidio al precio de la energía, aplicable en el caso de los usuarios residenciales desde 2003.
En caso de existir una salida brusca, tanto del subsidio de la energía como del congelamiento de la tarifa, la mayoría de los usuarios residenciales pasarían a pagar en forma automática, más del doble de las facturas que abonan actualmente.
Así lo explicó el presidente del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) Dr. Ing. Jorge Rivera Prudencio, quien en declaraciones a Diario El Zonda alertó que “el problema que tenemos es como salir de este congelamiento”.
“Cualquier decisión que se tome sobre el precio de la energía, debe necesariamente contemplar la gradualidad. Lo mismo, la salida del congelamiento de la tarifa de redes para no impactar en forma notable sobre los usuarios. Esa gradualidad, va asociada a que hay que proveer recursos para seguir pagando las diferencias que correspondan a los prestadores de los servicios para poner mantenerlo”, explicó el titular del organismo regulador.
Ante este cuadro de situación, explicó que durante este último tiempo, los reguladores han venido trabajando respecto a la salida de los congelamientos, tanto del precio de la energía como de las tarifas eléctricas de distribución; no solo el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) sino también la propia Asociación de Reguladores de la República Argentina, cuyo consejo consultivo preside el Dr. Ing. Rivera Prudencio quien puntualizó al respecto que “hemos tenido mucho contacto con las actuales autoridades de la Secretaría de Energía y estábamos en camino de un diseño para salir del congelamiento de la tarifa de redes en un período de dos años”.
Según Rivera Prudencio, la intención de los reguladores del servicio eléctrico era planificar un itinerario que permitiera, a partir de diciembre próximo y durante dos años, dejar “gradualmente el congelamiento y establecer los mecanismos e instrumentos, para que la Nación siga haciéndose cargo de las diferencias entre lo que paga el usuario, respecto de lo que deben cobrar los distribuidores para lograr sostener el servicio”.
En tanto, “el subsidio a la energía se entendía que había que sostenerlo algún tiempo más, hasta que la economía vuelva a reactivarse y alcanzar el ritmo de años anteriores”, subrayó.
Añadió que a partir del cambio de gobierno nacional en diciembre próximo, “de darse para el Frente para la Victoria, veíamos que esta posibilidad estaba dada porque además conocemos los grupos que estarían al frente del problema, inclusive algunos son partes de la Asociación de Reguladores, con quienes hay diálogo permanente pero se nos plantean ahora algunos interrogantes fuertes”, remarcó.
Dijo también que “hemos visto, por un lado que han dicho que se van a mantener los subsidios, con una consideración especial con el tema de las tarifas de los servicios públicos pero como regulador, debemos preguntarnos qué podemos hacer en caso que haya un cambio de rumbo fuerte en relación con esta política de mantener tarifas bajas para usuarios residenciales y la industria”.
“Naturalmente, habrá que discutir y tratar de llegar a algunos acuerdos que permitan que no tengamos una situación difícil pero hasta hoy no tenemos ningún indicio de que eso pueda pasar”, alertó Rivera Prudencio.
El titular del EPRE puntualizó además que “desde ya, existe el compromiso de este y los demás entes reguladores, de discutir y buscar caminos para ver si hay alguna solución pero hoy día estamos un poco, con la pantalla negra”.
Ante la disyuntiva planteada por el actual escenario político de nuestro país, Rivera Prudencio subrayó que en caso de producirse un cambio profundo en materia energética, estamos hablando “solo en la red de distribución, si se descongela la tarifa en San Juan; hay un salto del orden del 42 o 43 por ciento. Otras provincias tendrían que saltar 150, 200%. Pero ninguna menos que San Juan” al tiempo que recordó que además, “tenemos una revisión tarifaria ordinaria en puerta y se tendría que sumar lo que resulte de dicha revisión”, sin dejar de lado tampoco el descongelamiento del precio de la energía, el cual permanece congelado desde el 2003, es decir desde hace 12 años.
Rivera Prudencio aclaró que una salida gradual del congelamiento de la tarifa y de los subsidios al precio de la energía, en caso de producirse a partir de diciembre un cambio de actores en el escenario político “no será resorte exclusivamente nuestro, sino de las políticas nacionales que se instrumenten”.
La preocupación llega a tal punto que “en la última revisión tarifaria, un tema que se planteó fue que hacer para salir del congelamiento y de los subsidios y cómo va a ser la salida aunque en ese momento, sin saber que iba a pasar en las elecciones, creíamos que íbamos a poder diseñar con cierta facilidad esa salida pero eso hoy no puedo afirmarlo”, sostuvo.
“La tarifa va derechito al bolsillo y no hay opción. Por eso, la gente reclama tanto por el tema tarifas y lo que pasa en los servicios públicos, como la energía eléctrica, el gas; servicios que sí o sí deben ser tomados porque se han hecho parte de la vida diaria. No es posible vivir sin esos servicios y no hay otra opción. No es como la leche donde uno toma otra de menor precio o no toma leche. Acá, no hay esa opción aunque se puede ahorrar un poco, haciendo un uso más racional pero el impacto de la tarifa, es derechito al bolsillo”, comentó.
La eliminación de los subsidios y del congelamiento de la tarifa eléctrica, afectará principalmente a aquellos consumidores que hacen menor uso del servicio. “A medida que baja el consumo son más afectados”, graficó.
En cuanto al atraso tarifario actualmente, tomando el precio de la energía actual, se debe evaluar que “un usuario que tiene un consumo de energía facturada de 400 Kw/h por mes y 800 Kw/h por bimestre, es decir un usuario medio, está pagando actualmente con impuestos, con el precio de la energía congelado y la tarifa subsidiada, un total de $ 223. Si le sacamos el subsidio y le descongelamos la tarifa, ese mismo usuario pasa a pagar en total, $ 467, es decir más del doble”, puntualizó Rivera Prudencio quien sostuvo que “hay una gran cantidad de este tipo de usuarios en San Juan”.
En cuanto a la posición manifestada hasta ahora los dos candidatos presidenciales que participan del balotaje, Daniel Scioli y Mauricio Macri, respecto a los subsidios para los servicios públicos y las tarifas, Rivera Prudencio indicó que “hay que expedirse sobre el tema de la tarifas porque afecta a toda la población. Es interesante escuchar que digan algo”.
“Leo por ahí algunas noticias donde, no quiero hacer nombres, pero uno de los candidato dice: yo voy a mantener los subsidios pero del otro no escuché nada. Hay que resolver este tema. Son de las tareas que tiene el gobierno de ir reencausando toda esa problemática. Lo que no se puede hacer, de un día para otro, salta todo para arriba. Hay que diseñar senderos que hagan viable, ordenando el sector”, indicó Rivera Prudencio.
Al ser consultado, sobre la relación existente entre las tarifas de los servicios públicos y el tipo de cambio, el titular del organismo regulador también señaló que “la energía, los servicios de redes, tienen costos. Nosotros hacemos revisiones cada seis meses y miramos todos los costos que explican el precio de la tarifa. El precio de la energía también tiene costos. Hay costos de moneda nacional, hay costos en moneda extranjera y todo eso impacta en la nueva tarifa. Si hay una explosión que hace que los costos se incrementen notablemente, la tarifa también se incrementará notablemente más allá de sacarle el congelamiento y de sacarlos los subsidios. Va a haber un incremento de los costos, una parte en moneda nacional y otra en moneda extranjera, porque hay muchos equipos importados. Si los precios fueran constantes no habría tantas revisiones tarifarias ordinarias.
Escenario Político
En los últimos doce años de gobierno la cuestión energética ha sido uno de los pilares del desarrollo y expansión del aparato productivo nacional, alcanzándose resultados en política energética que están a la vista, más allá de la interpretación ideológica o partidaria que quiera uno efectuar. Solo el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) incrementó sus líneas de transmisión en alta tensión y en extra alta tensión en algo más de 5.800 km (integrando a 10 provincias), mientras que el parque de generación que opera en el SADI sumó 12.250 MW de potencia instalada.
Durante los próximos se deberían incorporar al SADI alrededor de 15.000 MW de potencia instalada correspondiente a obras formuladas por el Ministerio de Planificación Federal, de las cuales cerca de un 20% se encuentren en diferentes etapas de ejecución. De esos 15.000 MW de potencia instalada que deberían incorporarse durante el período 2016-2026, el 70% corresponderá a fuentes renovables de energía, mayoritariamente hidroeléctrica como la Central de Punta Negra en San Juan de reciente conclusión, 24% a centrales nucleares y 6% a equipos térmico-fósil.
Más de 4,5 millones de hogares por primera vez accedieron al servicio público de electricidad que opera en el SADI.
Estos resultados se contraponen con la falta de planificación y el caos energético vivido particularmente entre los años 80 y 90.
Los asesores de Cambiemos y del candidato Mauricio Macri, Juan José Aranguren, Carlos Bastos y Daniel Montamat, representan un escenario con grandes interrogantes, respecto al financiamiento y ejecución de obras como así también respecto a posibles privatizaciones y desnacionalizaciones, ya que algunos como Bastos se desempeñaron durante el gobierno de Carlos Menem, junto a Domingo Cavallo.
Por su parte, el gobernador bonaerense propuso mantener los subsidios a los servicios públicos. "No voy a sacar los subsidios”, enfatizó
