La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, dijo este jueves que la minera Samarco y sus dueños, la anglo-australiana BHP Billiton y la brasileña Vale, son responsables por el desastre minero que dejó al menos ocho muertos y una veintena de desaparecidos.
"Estamos empeñados, primero, en responsabilizar a quien tiene que ser responsable, y ¿quién es responsable? Una empresa privada, Samarco, que tiene como socios a Vale y BHP Billiton", dijo la mandataria tras sobrevolar la devastación en el estado de Minas Gerais (sureste) por primera vez desde la tragedia ocurrida hace una semana.
Rousseff anunció asimismo cinco multas preliminares contra Samarco por 250 millones de reales (67 millones de dólares), a las que se pueden sumar multas adicionales y pedidos de indemnización y resarcimiento de costos del gobierno federal, gobiernos estatales, municipios y personas damnificadas.
El deslave provocado por la ruptura de dos diques de Samarco que contenían desechos de la extracción de mineral de hierro enterró casi por completo un pueblo y contaminó 500 km del río Doce en ese estado y su vecino Espirito Santo (sureste). Un total de 631 personas quedaron sin hogar.
Tras crecientes presiones para que asuman su responsabilidad, los presidentes de BHP Billiton y Vale, Andrew Mackenzie y Murilo Ferreira, inspeccionaron la devastación el miércoles, prometieron apoyar a Samarco y anunciaron la creación de un fondo de asistencia para los damnificados y sus comunidades, por un valor no definido.
Ferreira, no obstante, precisó que "Samarco no es parte de Vale" sino "una empresa independiente, que tiene una gobernanza propia".
Las actividades de Samarco en Minas Gerais fueron suspendidas por el gobierno estatal y la empresa -décima exportadora de Brasil- ha colocado en licencia paga al 85% de sus empleados en ese estado y en Espirito Santo.
"Varias legislaciones -y yo puedo hablar de la legislación federal- fueron en verdad incumplidas. Por eso es que aplicamos" cinco multas preliminares de 250 millones de reales, afirmó Rousseff.
Según detalló, las multas se aplicarán por: 1) contaminación de los ríos, con el consiguiente daño a la salud de las personas; 2) por convertir áreas rurales y urbanas en lugares inhabilitados para vivir; 3) por la interrupción del abastecimiento público de agua; 4) el lanzamiento de residuos violando la ley y 5) por lanzar materiales que provocan daño a la biodiversidad.
Expertos brasileños estiman que reparar o mitigar los daños ambientales puede superar los 260 millones de dólares, aunque analistas del Deutsche Bank calculan que la limpieza costará hasta mil millones de dólares.
Tras enterrar bajo un lodo ocre al poblado de Bento Rodrigues, la masa fangosa con residuos de mineral de hierro continuó su camino 500 km río abajo, inundando comunidades a su paso, destruyendo cultivos y matando peces, tortugas y otros animales.
Después de sobrevolar la localidad de Mariana, Rousseff siguió para una reunión con autoridades en Governador Valadares (Minas Gerais) y Colatina (Espirito Santo), dos ciudades en las márgenes del río Doce a las que ha llegado la inmensa ola de barro, desechos mineros, grasas y aceites del proceso extractivo. El suministro de agua ha sido cortado en ambas y en muchas más ciudades de la zona.
Rousseff, con apenas 10% de popularidad y debatiéndose en una profunda crisis política y recesión económica, fue criticada por no viajar antes al lugar del accidente.
El alcalde de Mariana, la ciudad donde ocurrió el desastre, dijo incluso el jueves que le hubiese gustado que la mandataria bajase del helicóptero para recorrer a pie la zona afectada.
Reuters
El ministro de Minería de Brasil, Eduardo Braga, dijo el jueves que el Gobierno puso en marcha una auditoría independiente de las represas del sector tras el mortal deslave de la semana pasada tras el colapso de un embalse de Samarco.
Braga negó que los recortes presupuestarios generados por las medidas de austeridad del Gobierno hayan contribuido a una reducción de la supervisión de las represas en la industria minera.
Los diques de dos represas estallaron la semana pasada, enviando un flujo mortal de barro y residuos mineros por el valle de Río Doce, en el estado de Minas Gerais.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, viajó el jueves a la zona devastada por el colapso de dos diques de un yacimiento de mineral de hierro en el sureste del país, un desastre en el que murieron al menos siete personas y que sumergió a una vasta área en lodo contaminado y desechos mineros.
La visita de Rousseff se produce luego de que fiscales federales dijeron el miércoles que trabajarían junto a autoridades locales para investigar los posibles delitos que pudieron haberse cometido y que permitieron el desastre. El ministro de Minería anunció además que el Gobierno realizaría una auditoría de otros diques en el sector.
La decisión de las autoridades federales endurece el discurso de un Gobierno nacional que hasta hace poco dejaba la responsabilidad por el desastre en manos del estado de Minas Gerais, un centro global de actividad minera donde ocurrió la tragedia.
El miércoles, Rousseff, que nació en Minas Gerais, conversó con los presidentes ejecutivos de BHP Billiton Ltd. y Vale SA, los dueños del yacimiento de mineral de hierro que operaba los diques.
La mandataria dijo que el Gobierno de Brasil espera que las compañías paguen por el rescate y las labores de limpieza, además de por las compensaciones a las más de 500 personas que fueron desplazadas de sus casas, que quedaron destruidas. Previamente en el día, su ministra de Medio Ambiente dijo que Brasilia estaba considerando aplicar multas contra las mineras.
El miércoles, un destacado fiscal federal dijo que el Gobierno crearía un equipo con autoridades judiciales de Minas Gerais para determinar qué delitos pudieron haberse cometido además de las violaciones ya detectadas por el estado, responsable por otorgar la autorización medioambiental.
