El Gobierno envió ayer un proyecto a la Cámara de Diputados para declarar de interés nacional el desarrollo y la explotación de carbón como recurso para la generación de energía eléctrica, y transformar al yacimiento de Río Turbio, en Santa Cruz, en la sociedad del Estado Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF). A partir de esta iniciativa, el oficialismo busca que la empresa –que se encuentra en una situación jurídica inestable y está intervenida por el Estado– pueda seguir operando después del 10 de diciembre, más allá de la coyuntura política.

La iniciativa, que el Frente para la Victoria intentará aprobar en la primera sesión de la Cámara baja después del ballottage, propone reestatizar el yacimiento de Río Turbio –privatizado en 1994 e intervenido desde 2002– para asegurar un "absoluto control de gestión, legalidad y auditoría por parte del Estado Nacional". 

Para avanzar, y según un inestable calendario tentativo que maneja el oficialismo, las comisiones de Energía y de Presupuesto sesionarían el martes próximo. El estado de ebullición política en que se encuentra el Frente para la Victoria tras el 25 de octubre, y el impacto que podría tener sobre los bloques legislativos una eventual derrota de Daniel Scioli el próximo 22, son los escenarios que abren alguna cuota de incertidumbre sobre el futuro del proyecto.
Firmado por los ministros Julio De Vido y Aníbal Fernández, el texto establece que el 45% de las acciones de la nueva empresa pertenecerán a la Nación, otro 45% a la provincia de Santa Cruz –que deberá adherir a la ley–, y el 10% restante a los trabajadores, bajo el régimen del programa de propiedad participada. Esos tres niveles, además, tendrán representación en el directorio. 

La nueva empresa incluirá a la Central Termoeléctrica, dado que la nueva YCF tendrá derechos exclusivos de "exploración, explotación, comercialización y exportación del carbón y sus derivados directos e indirectos y de generación de la energía producida". Además, tendrá potestad sobre "todo el carbón residual que se produzca en el país" y podrá por sí o por medio de terceros "transportar, distribuir y comercializar" energía eléctrica.
Para ello, el texto dispone que el Estado absorberá no sólo los bienes, el personal, el complejo ferroportuario y la central termoeléctrica, sino también los pasivos de Río Turbio. Y establece que la nueva empresa recibirá un capital social de cinco mil millones de pesos.
Y, si la ley es aprobada y promulgada antes del 10 de diciembre y luego el próximo presidente tiene intenciones de liquidar la nueva empresa, el proyecto establece que para ello necesitará antes de autorización legislativa.