El fallo de la Corte de Suprema de Justicia de la Nación que determinó que YPF debe hacer develar las cláusulas secretas de su acuerdo con Chevron en Vaca Muerta provocó un fuerte cimbronazo en el sector petrolero. Tanto en el ámbito público como privado, coincidieron en que se abrió un panorama difícil de predecir.
Fuentes de petroleras consultadas por este diario manifestaron que reina una gran preocupación porque la mayoría de las compañías importantes están asociadas a YPF, con lo cual se sienta un precedente para que se hagan públicos sus contratos.
La Corte consideró que, como el 51% de las acciones de la empresa pertenece al Estado, YPF SA funciona bajo jurisdicción del Poder Ejecutivo nacional, y por lo tanto debe atenerse a las disposiciones del decreto 1172/03 en materia de información pública. De esa forma, se abre el gran interrogante: ¿qué empresa estará dispuesta, de ahora en más, a cerrar negocios y exponerse a que se conozcan sus estrategias comerciales e industriales y sus secretos tecnológicos?
Mientras, entre los funcionarios neuquinos hubo dos reacciones: la oposición celebró que se develarán las cláusulas secretas, y en el Gobierno se abrió una honda preocupación en torno a las consecuencias concretas que pueda sufrir la actividad petrolera.
Aníbal Fernández dijo que el fallo es "un atentado a la seguridad jurídica", que "impide al Estado tener sociedades administradas por el derecho privado".
El fallo de la Justicia podría significar la salida de Chevron de Loma Campana por el cambio de las reglas de juego, con la consecuente caída de su fuerte inversión. Además, da luz verde a que también se pida información sensible sobre otros acuerdos importantes de YPF en Vaca Muerta, como el de Dow Chemical en El Orejano, el de Petronas en la Amarga Chica.
La decisión de los jueces cayó como un baldazo de agua fría en el oficialismo, a pocos días del ballotage presidencial. El candidato por el FpV, Daniel Scioli, se reunió ayer con el presidente de YPF, Miguel Galuccio, en la torre de Puerto Madero y también se comunicó con el gobernador Jorge Sapag.
El bonaerense indicó: "YPF es una sociedad anónima que se rige por la ley 19.550 que cotiza en Nueva York. Con este criterio, mañana es de interés público que Coca Cola revele su fórmula. Es una empresa privada, existe en el marco de las empresas siempre confidencialidad" .
Apuntan contra los planes de Macri
FRASE
"Quieren dejar todo librado al mercado, esto tiene que poner en alerta a las provincias petroleras y a todo el país".
Daniel Scioli Criticó los planes del macrismo en torno al futuro de YPF.
OPINIÓN
Le abrieron la jaula a los buitres
El fallo de la Corte Suprema de Justicia abrió "una caja de Pandora", coincidieron ayer en off the record empresarios y funcionarios. La preocupación no pasa tanto por las cláusulas secretas –que se develarán dentro de 30 días de acuerdo a los plazos legales–,sino por las consecuencias futuras. Que se hagan públicas las cláusulas confidenciales –un mecanismo habitual entre las empresas– puede justificar la salida de Chevron de Loma Campana, y por ende un duro golpe al principal desarrollo no convencional.
Sin embargo, el riesgo más grande es el acecho de los fondos buitre, que desde hace tiempo sobrevuelan Vaca Muerta. Los holdouts tienen en marcha dos presentaciones judiciales en EE.UU.: una para embargar fondos y activos de YPF y Chevron por su sociedad en Loma Campana, y otra por un juicio que compraron a Petersen Energía por la expropiación de las acciones que tenía con Repsol. YPF sostenía que al ser una empresa independiente, sus activos no pertenecen a la República Argentina, por lo tanto no podían ser embargados por una deuda soberana. Sin embargo, en su fallo del martes, la Corte Suprema de la Nación consideró que la petrolera "se encuentra bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional". De esa forma, el máximo tribunal argentino ubica a YPF como un álter ego del Estado, justo el argumento que buscaban los buitres.
El día pasó de reunión a reunión en la Torre Madero de Buenos Aires. Los equipos de YPF analizan qué estrategia seguir para atenuar el impacto que podría tener la difusión del contrato con Chevron en Loma Campana, una medida ordenada por la Corte Suprema y que ya despierta preocupación al interior del sector.
Los abogados de la empresa esperan ser notificados por el tribunal de primera instancia, y calculan que a partir de allí pasarán al menos diez días hábiles hasta que deban mostrar la totalidad del acuerdo, tal como determina el decreto de acceso a la información pública. Es decir que no habrá novedades sobre el tema hasta después del balotaje del 22 de noviembre.
Fuentes del mercado especulaban ayer sobre el contenido secreto de ese acuerdo y coincidían en que las condiciones del financiamiento de Chevron al proyecto es el corazón de lo que la compañía buscó mantener en reserva. (Ver aparte)
Mientras YPF analiza su estrategia para reducir los impactos políticos, preocupan aún más los legales. En la compañía temen una ola de recursos para conocer el resto de sus contratos, algo que afecta sobre todo a sus socios privados, que quieren evitar que se difundan ciertas estrategias comerciales que podrían afectar sus intereses.
Y prácticamente todas las empresas que operan en Argentina tienen contratos con YPF, ya sea de UTE, de operación o de prestaciones de servicios. Van desde acuerdos multimillonarios hasta algunos de montos pequeños, como los que puede tener con cualquier pyme neuquina.
Este fue el tema central de una reunión que mantuvieron ayer al mediodía los representantes neuquinos de las empresas en el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG). El encuentro protocolar derivó en la preocupación de las compañías por la "ventana legal" que abre la publicidad de un contrato con cláusulas confidenciales.
Firmas como Dow, Pampa Energía, Petronas, PAE, Total, Wintershall o Pluspetrol entre otras tienen contratos con la petrolera bajo control estatal.
"A partir de este fallo todos los acuerdos son susceptibles de ser vistos. Las cláusulas de confidencialidad en los acuerdos con YPF son letra muerta", graficó un abogado especializado en temas energéticos, cuyo estudio tiene como clientes a varias operadoras de Neuquén y que pidió la reserva de su nombre.
Señaló que, de ocurrir una catarata de reclamos, la solución será negociar con el tribunal, mostrar el contrato y argumentar con los papeles en la mano por qué la revelación de una cláusula confidencial podría afectar el interés de la compañía, que en el caso de YPF es también el interés del Estado.
