- La defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, le solicitó a la Corte Suprema qué "tome una decisión de fondo en una cuestión federal", y ordene que tanto la provincia como este municipio "comiencen acciones de remediación (del plomo ubicado en el acceso a la ciudad) a fin de evitar que la población adulta e infantil continúe expuesta a ese indiscutible riesgo para su salud".

El pedido de Martínez se concretó a través de un dictamen que se hizo público ayer. En el mismo la funcionaria alude a la escoria proveniente de mina Gonzalito que está acopiada hace décadas en el ingreso a esta localidad.

Esos tóxicos, que se aspiran junto al polvo en suspensión, provocan un grave perjuicio sanitario para la población.

Aunque en la actualidad este pasivo está en vías de ser saneado a través de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mediante un programa que coordina el área de minería de Nación y del que participan tanto la Provincia como el Municipio, su ejecución marcha muy lentamente.

Además se supo que las obras están directamente paralizadas desde el jueves pasado (ver recuadro).

El planteo de la defensora nacional surgió en respuesta a un recurso presentado por la defensora general de niños y adolescentes rionegrinos, Rita Custet Llambí, que acudió a esa esfera tras obtener una respuesta poco satisfactoria del Superior Tribunal de Justicia provincial. Llambí le pidió al estamento rionegrino que intercediera y ordenara la remediación para "resguardar el derecho a la salud que se ve seriamente afectado por la presencia de zonas contaminadas con plomo". Sin embargo, desde el STJ consideraron que no debían conminar al saneamiento, sino que bastaba con que el ejecutivo de Río Negro y el municipio "informaran los avances" del proceso.

Ahora, la defensora general de la Nación le dio la razón a Llambí, y consideró que el STJ "ha obstruido la revisión de una decisión que, a su vez, impidió comenzar a revertir de forma inmediata una situación que puso y pone en riesgo la salud de la población de San Antonio".

Debido a esto le pide a la Corte Suprema que "revoque el decisorio impugnado" y solicite formalmente que "la provincia y el municipio comiencen acciones de remediación inmediatas".