Marco Enríquez-Ominami*

Codelco ha venido anunciando una política de contención de costos, acorde a las nuevas condiciones del mercado: congelamiento de sueldos, reducción de personal, postergación de inversiones que no afecten el desarrollo de largo plazo de los proyectos estructurales, son algunas de las medidas anunciadas por el directorio de la empresa.

Hay consenso en que la industria vive un período de baja en el ciclo de precios del cobre. Un ciclo que empezó al alza en el 2005, y que promedió hasta el 2014, 340,5 ¢/lb, permitiendo que Codelco aportara al Fisco más de USD$52.000 millones en el período. En lo que va del año, el precio ha estado promediando 256,2 ¢/lb. Para el 2016, el escenario no parece ser mayormente bueno, y Cochilco ha estimado que el precio rondará los 250 ¢/lb.

Sin duda éste es un escenario difícil para nuestro país. Chile sigue dependiendo fuertemente de la minería, particularmente del cobre, lo que representó un 57% de las exportaciones del país el 2014. Durante el ciclo de precios altos (2005-2014), sólo Codelco representó un 12% del total de ingresos fiscales del país, y la minería en su conjunto promedió el 20%.

Codelco se enfrenta al enorme desafío de adaptarse a este nuevoescenario, mejorando sus niveles de productividad y eficiencia, para seguir manteniendo su rol líder en el mercado mundial minero, y por sobre todo, entregando recursos al país.

Este desafío nos plantea un debate sobre los cambios necesarios para cumplir con estos objetivos. El plan de inversiones de Codelco, con un conjunto de proyectos estructurales, es clave para la sustentabilidad de la empresa y debe ser considerado una prioridad para el país. Pero en este escenario, también nos parece clave revisar y discutir algunos temas de fondo, que en períodos de bonanzas no fueron tocados, y que a nuestro juicio, hoy debilitan la posición competitiva de Codelco y también del país.

Uno de estos temas es el de la Ley Reservada del Cobre, que obliga a Codelco a entregar un 10% de sus ventas de cobre y subproductos, a las Fuerzas Armadas. Esta ley, que tiene su origen en 1958, en la cual se estableció un impuesto a la gran minería del cobre, entonces 100% privada, destinado a los pertrechos de las FFAA, debiese ser revisada puesto que tiene efectos perniciosos sobre el plan de negocios de la empresa, al gravarse no las utilidades, sino las ventas brutas de la empresa.

De esta forma, el 2014, este impuesto representó el 44% de los aportes que Codelco entregó al Fisco. Durante el primer semestre de este año, Codelco anunció que el 93% de estos aportes se destinarán a la FFAA por concepto de esta ley. Si el precio sigue a la baja, durante el 2016 podríamos incluso enfrentar un escenario con pérdidas para la empresa, producto de este impuesto, con las consecuencias altamente negativas en términos de la clasificación de riesgo de Codelco.

Por tanto, el financiamiento de las FFAA no puede estar sujeto a los vaivenes del precio del cobre y los montos de exportación, por lo que se debe considerar un financiamiento plurianual para nuestras FFAA.

Esperamos, entonces, que la Presidenta retome y le dé impulso a esta discusión en el Congreso para la derogación de la Ley Reservada, y despejemos un peso financiero a Codelco, para que, junto a los proyectos estructurales, política de fundiciones, cambios en la legislación minera, podamos enfrentar el desafío de seguir siendo líderes en el mercado mundial minero, siendo un aporte sustantivo a las arcas fiscales, recursos esenciales para las políticas sociales del Estado.

*Presidente Fundación Progresa