Pocas horas antes de las elecciones presidenciales, el gobierno kirchnerista sumó un nuevo dislate energético que puso al descubierto los vaivenes políticos y las desprolijidades administrativas que fue acumulando en los últimos años.
Con algo más de cuatro años de demora, el Poder Ejecutivo promulgó la ley 27.189 por la cual se había aprobado el “acuerdo marco” para desarrollar un proyecto binacional de regasificación de gas natural licuado (GNL) entre Argentina y Uruguay.
Más allá del tiempo que se tomaron los funcionarios nacionales para convalidar el convenio, lo insólito y significativo del caso es que dicho proyecto de regasificación conjunto se cayó hace más de dos años por la falta de interés de Argentina.
Ante esa situación, el gobierno oriental tomó la decisión de ponerlo en marcha por su cuenta y ahora –tras superar un traspié con el consorcio constructor—se encamina a habilitarlo a mitad de 2017.
Se trata del “Proyecto Gas Sayago” (PGS) que contempla la instalación de una planta regasificadora para procesar unos 10 millones de metros cúbicos diarios de gas y que ya se encuentra construida en un 40%.
Localizada en la zona portuaria de Montevideo, la terminal de regasificación iba a ser llevada a adelante inicialmente por una sociedad mixta integrada por la local ENARSA y las compañías energéticas uruguayas UTE y ANCAP.
Las negociaciones para encarar el proyecto—que iba implicar un reparto de 5 millones de metros cúbicos diarios de gas para cada país—arrancaron en 2007 con la firma de un “convenio de cooperación en materia energética”.
Luego de cuatro años de idas y venidas, en agosto de 2011 los ministros de Planificación Federal, Julio De Vido y de Industria y Energía de Uruguay, Roberto Kreimerman suscribieron el “acuerdo marco para el desarrollo del proyecto de regasificación de GNL” entre ambos países.
Dicho acuerdo –que el Congreso y el Poder Ejecutivo de la Argentina recién transformaron en ley en los últimos días—tenía como objeto que ambas partes avancen “en las definiciones y directrices que permitan el mejor desarrollo del proyecto, impulsando todas las acciones y medidas que posibiliten su puesta en marcha en el menor tiempo posible”.
Según el convenio- marco, ENARSA y sus colegas uruguayas debían “formalizar un consorcio contemplando el carácter mancomunadamente solidario de las obligaciones que asuman y a contratar la capacidad operativa cada una de ellas, en firme y para todos los días del año”.
Pero, la ciclotímica relación con Uruguay y la restatización de YPF concretada en los primeros meses de 2012, hicieron que el gobierno kirchnerista dejara de prestarle atención al desarrollo del proyecto Gas Sayago.
Uruguay avanzó sólo
Lejos de abandonar la iniciativa, el gobierno de José “Pepe” Mujica resolvió en 2013 encarar el proyecto por su cuenta y, tras una licitación internacional, le adjudicó la ejecución de las obras al consorcio GNLS integrado por el grupo Gaz de France-Suez, la japonesa Marubeni y la brasileña OAS.
A principios de este año -cuando se llevaban invertidos unos US$ 210 millones de los US$ 600 millones del proyecto- comenzó a trastabillar el consorcio constructor.
Incumplimientos en determinados hitos de la obra, conflictos laborales, falta de pago a subcontratistas locales y los problemas económicos de OAS derivados del escándalo de corrupción de Petrobras llevaron al consorcio GNLS a plantear una renegociación contractual que no fue aceptada por el gobierno uruguayo.
Tras acordar el pago de una compensación de US$ 100 millones, el consorcio GNLS se retiró del proyecto y ahora la administración de Tabaré Vázquez se apresta a convocar a una nueva licitación para seleccionar al grupo que deberá terminar las obras portuarias y de conexión a la red de gasoductos.
El proyecto prevé la utilización de una planta de conversión móvil que estará instalada en un buque regasificador similar a los que están en actividad en los puertos de Bahía Blanca y Escobar.
Dicho buque -que tiene 345 metros de largo, 55 metros de ancho y una capacidad de almacenamiento de 263.000 metros cúbicos de gas- está en proceso de construcción en el astillero coreano de la Daewoo Shipbuilding.
Tras la reprogramación de los plazos, los técnicos uruguayos estiman que la terminal regasificadora podría entrar en servicio a mediados de 2017.
La caída del acuerdo original dejó sin efecto la posibilidad de que Argentina pueda contar con el suministro de los 5 millones de metros cúbicos diarios de gas que estaban en juego.
Pero todo indica que-- ante el estancamiento de la producción de gas local y la suba del consumo que se espera para el mediano plazo--, al próximo gobierno no que le quedará otra alternativa que sentarse a negociar con Uruguay nuevas condiciones y precios para la compra de GNL.
