Más allá del clima electoral que empuja a todo proyecto o plan a un lado u otro de los frentes del balotaje, la reciente sanción de la denominada ley Guinle fue muy celebrada en el incipiente mercado de la energía renovable nacional. También, hay que dejarlo asentado, recibió críticas. Quizá el rasgo distintivo –y el germen de la polémica– son las metas de participación en la generación eléctrica de 8% para el 2017 y de 20% para el 2025.

Llegar al primero de los objetivos, planificado para los próximos dos años, será como empezar de cero ya que actualmente las energías verdes significan el 0,6% de la potencia instalada del país. Ir hasta ese puerto significará la instalación –o el reemplazo– de unos 2.500 MW de potencia provenientes de fuentes renovables que, a la cotización actual, demandarán inversiones de alrededor de 6.000 millones de dólares.

En el nuevo esquema solo los grandes usuarios, aquellos que tienen una demanda igual o superior a 300 KW de potencia, están obligados a cumplir las metas bajo apercibimiento de multas dolarizadas. Estos representan el 30% del consumo total del país, aunque en la región se encuentran por debajo de esa participación.

Río Negro tiene 140 grandes usuarios con un promedio mensual de demanda de alrededor de 108 MW. En Neuquén quedan dentro de esa categoría 64 usuarios con algo así como 50 MW facturados por mes. Se trata de yacimientos petroleros, galpones de fruta, frigoríficos, bombeo de agua, mineras, centros de esquí, industrias y algunos supermercados y shoppings de grandes superficies.

Estos más de 200 "grandes" son parte del universo de los que deberán comenzar a contratar energía limpia en los próximos meses, algo que en el contexto de la matriz energética actual parece como un bien muy escaso.

EL PROSPECTO

La ley Nº 27191, aprobada por el Congreso en septiembre pasado, modifica el articulado de una norma con sello neuquino: la ley Nº 26190, de la que participó el presidente de la ADI Neuquén, el exgobernador Pedro Salvatori. El nuevo texto básicamente mejora las condiciones de inversión y los desarrolladores consultados creen que pueden conseguir un beneficio de hasta el 20% para el desarrollo de los proyectos.

A trazo grueso puede señalarse que son tres los puntos que mejoran la competitividad de los proyectos renovables en el país: 1) la posibilidad de acceder en simultáneo a los beneficios de la devolución del IVA y la amortización anticipada del impuesto a las Ganancias, 2) créditos impositivos por adelantado y 3) la exención de los aranceles de importación para bienes de capital y equipos hasta 2017.

Sin embargo, uno de los puntos incorporados con mayor relieve fue la creación del Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (Foder). Se trata de una fuente de financiamiento público y genuino para el desarrollo de este tipo de proyectos, cuyo principal déficit en todo el mundo es el acceso al mercado de financiación. En su composición se establece que sean el Ministerio de Economía como fiduciante y fiduciario y el Banco de Inversiones y Comercio Exterior como fiduciario.

El Foder se fondeará –dice la norma– con los ahorros que se produzcan con la reducción de las importaciones de hidrocarburos para la generación eléctrica. Es decir que inicialmente y hasta tanto no se pongan en marcha proyectos renovables que reduzcan la cuenta energética –una factura que supo ser de hasta 12.000 millones de dólares– no habrá financiamiento interno. Sin embargo, los beneficios iniciales, aseguran las fuentes consultadas, servirán para motivar varios proyectos en el corto plazo.

BAJO LAS LUCES

Así como para la provincia de Neuquén (que guarda sólo en seis proyectos eólicos con un potencial de 612 MW) la ley significa una gran expectativa, hay sectores que se ven obligados a reconvertirse y que hicieron público su punto de vista. Aquí surge la voz de los grandes usuarios y la asociación que los nuclea, Agueera, hizo conocer sus cuestionamientos.

La norma establece que el cumplimiento de abastecer con energía renovable hasta el 8% en 2017 –y luego hasta el 20% de su consumo en 2025– se inicie con el contrato del 1% desde la puesta en vigencia de la norma, algo que podría llegar antes de fin de año con la reglamentación de la ley.

Los grandes usuarios –conocidos técnicamente como Gumas– presentaron su queja en las comisiones del Congreso. Plantearon que son los únicos obligados a cumplir con las bandas propuestas y que, por ejemplo, las distribuidoras quedan exentas.

Además apuntaron contra los precios que permite la nueva legislación, de hasta 133 dólares por MW/h, asegurando que en el mercado pagan menos de la mitad por cada unidad. En ese contexto objetaron las "penalidades excesivas" que calcularon en 210 dólares por cada MW/h y que únicamente recaería sobre los grandes usuarios.

LA PUERTA LOCAL

La generación eléctrica del país está distribuida en siete regiones. En el Comahue, que nuclea a Río Negro, Neuquén y La Pampa, se concentra el 20% de la capacidad instalada nacional. Sin embargo, cuando se revisa la columna de la demanda, los números muestran que la misma región consume apenas el 4% de la energía generada.

Para Neuquén las oportunidades de aumentar su capacidad instalada son promisorias. Además de las ventajas que ofrece la norma, la provincia tiene áreas eólicas y geotérmicas con factibilidad concluida. Posee además una infraestructura desarrollada y los campos están cerca de puntos de contacto. Además la logística de la actividad petrolera ofrece un clúster de servicios capaz de brindar respuestas industriales integrales.

A costos actuales, instalar un MW eólico puede demandar poco más de 2 millones de dólares. Lo mismo ocurre con la geotérmica y algo más caro (cerca de los 2,7 millones de dólares) cuesta montar en igual unidad pero fotovoltaica. Con los beneficios planteados en la ley creen que pueden hundir los costos por debajo de 1,8 millones de dólares por MW.

Montando un cuadro hipotético en el que Neuquén pudiera desarrollar seis de las 14 áreas eólicas que tiene estudiadas y con factibilidad, eso significaría desembolsos por 1.200 millones de dólares y permitiría elevar la participación de las renovables a poco menos de la mitad de la primera meta propuesta por la ley Guinle.