Aunque Martin Pérez, presidente de Confiep, afirme que los candidatos presidenciales están en “modo electoral” todos nos preguntamos si lo que dicen es sólo porque están buscando votos o porque simplemente no saben.
Keiko Fujimori comenzó su campaña afirmando que las empresas le habían hecho mucho daño a las comunidades. Al parecer no lee las estadísticas del INEI, que muestra sostenidamente cómo los distritos con mayor presencia minera han mostrado mejores índices de crecimiento estos últimos años que los que no tienen minería cerca. En estos “distritos mineros” el sector agropecuario ha crecido por encima del promedio nacional.
Estas estadísticas reflejan lo que siempre ocurrió en la sierra. El poblador andino buscaba trabajos eventuales en la minería que complementaban sus magros ingresos agrarios. Richard Webb muestra los detalles en un artículo reciente que publicó en el diario El Comercio, “Oh, Curgos querido”, donde señala que el censo agropecuario ha revelado que antes sólo el 20% de los agricultores complementaban sus ingresos trasladándose a otros trabajos temporales. Ahora la proporción es 50%. Esto ha ayudado a que el agricultor se tecnifique vacunando a sus animales o usando fumigadoras.
Pero Webb también resalta lo que ocurre en nuestras zonas andinas: la mayoría no vive en la capital sino en anexos y caseríos desparramados por todo el distrito, dedicados a sus chacras, con celulares y televisores, pero pocos tienen agua potable y saneamiento. En Europa se solucionó este problema con un instrumento de planificación “la zonificación territorial” donde el Estado marcaba estrictamente las zonas que serían urbanas y recibirían agua potable, saneamiento, escuelas, etc.; mientras que las otras definitivamente no, al menos por los próximos veinte años. De esta manera ‘obligaba’ al poblador a reasentarse y formar pueblos. Pero este instrumento tan útil para hacer una planificación territorial lo están utilizando en nuestro país para proscribir la minería, cuando nos falta ubicar donde se desarrollarán las ciudades, los campos agrícolas o los bosques.
Poblaciones sin agua potable y saneamiento es el indicador más palpable de la pésima gestión estatal, en todos los niveles, que definitivamente es el principal problema y que nos impide crecer a un mayor ritmo. El ministro Antonio Brack fijó como meta ambiental que en el 2021 el 100% de aguas residuales urbanas serían tratadas y el 50% reusadas (PLANAA 2011-2021). Dos años después, Manuel Pulgar-Vidal redujo la meta, fijando sólo 10 cuencas cumpliendo los ECAs de agua para el 2016.
Pero Alan García cree que les falta dinero a las comunidades. El Contralor Fuad Khoury se habrá llevado las manos a la cabeza al escuchar esto. Si no cuenta con recursos para fiscalizar las casi 2,000 municipalidades actuales, como fiscalizará dinero público repartido a las miles de comunidades que obviamente se crearán o multiplicarán por este ofrecimiento. Cuando la comunidad deMichiquillay recibió el aporte social de Anglo American, en un local en Miraflores te ofrecían por S/.500 hacerte miembro de esa comunidad. El resultado fue que el número de miembros se multiplicó sorpresivamente por 20.
Lourdes Flores opina lo mismo. Ella ha declarado que ha “estudiado” la legislación de Alaska, donde sus pobladores reciben dinero directo del canon que proporciona la explotación de los recursos naturales. Con esta propuesta prueba que no es la “candidata de los ricos”, sino la “candidata de los abogados”.
Pero éstas no son las únicas propuestas descabelladas. Hernando Guerra García ha advertido que revisará todas las concesiones mineras. Nos preguntamos si sabrá que son casi 10,000.
Las propuestas de solución a los conflictos sociales van a ser otro capítulo donde veremos la audacia y desconocimiento de nuestros candidatos. El candidato de origen shipibo ha pedido la propiedad del subsuelo para las comunidades. Si se modifica la Constitución en tal sentido, también los sanisidrinos tendrían tal derecho. Pero el problema no es tanto en San Isidro, sino que las comunidades exigen propiedad de sus “territorios”, y no solamente del terreno que ocupan. Los conflictos sociales seguirán aumentando sino entregamos títulos de propiedad a los actuales posesionarios y desterramos conceptos territoriales.
Ojalá los candidatos también comprendan que hay problemas que no tienen solución, como por ejemplo la minería informal. Mientras que los Andes tengan afloramientos minerales que con un pico y una carretilla se pueden extraer, habrá muchos peruanos que buscaran complementar sus ingresos con esta actividad. Lo que se tiene que hacer en las escuelas rurales es enseñar cómo usar adecuadamente sustancias contaminantes y dañinas para la salud, como los insecticidas, el cianuro y el mercurio.
Mientras que en nuestro país siga campeando la informalidad, las mineras seguirán teniendo conflictos. Las mineras son formales y se desarrollan en un ambiente donde el modo de vida es la informalidad total. Si un poblador andino quiere ingresar a trabajar en una minera, le exigen un DNI, usar elementos de seguridad, y asistir a interminables charlas de seguridad. Además son muy pocos los escogidos. Si quiere venderle algo a la minera tiene que ser con factura. No se traslada a nadie en la tolva de una camioneta y menos en la de un camión, como todos en el mundo rural lo hacen. Si llega al trabajo con aliento alcohólico por la fiesta comunal, lo despiden inmediatamente. Analizan todo lo que se compra. No pueden transitar, solos o con sus animales, atravesando los campamentos mineros. Por lo tanto tienen que caminar el triple para circundarlos.
Pero los funcionarios de Lima desconocen todo esto. Creen que es porque no confían en el EIA y hasta creen que el UNOPS es infalible (“¡le hizo 138 observaciones a su EIA!” reclama el Defensor del Pueblo). La verdad es que el plano de los pasivos ambientales no coincide con la de los conflictos sociales. En la sierra central, que ha tenido minería por más de 100 años, se puede ver a pobladores que no sólo están a favor de la minería, sino que siguen usando el casco y los zapatos de seguridad que los obligaron a usar cuando trabajaron en una mina.
Harían bien nuestros políticos de entender al poblador andino.
