A poco más de un mes del cambio de administración (y con los controles comerciales en vías de extinción, al menos como están vigentes hasta el momento), el Gobierno sigue sumando juicios en su contra por las trabas a las importaciones. A los reclamos por el impedimento de ingresar mercadería al país o la denegación de dólares para concretar operaciones a través del rechazo discrecional y sin motivos de las Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI) por parte de los organismos oficiales, ahora hay empresas que irán por los daños adyacentes que ocasionaron esas trabas.

Según pudo saber El Cronista, en estas semanas una empresa iniciará una demanda contra el Estado y buscará ser compensada por perjuicios "colaterales" (como gastos operativos) que estos controles le trajo aparejada. La compañía Camozzi Neumática S.A., que se dedica a la comercialización y fabricación de componentes para automatización industrial, había conseguido el año pasado una cautelar ordenando a la AFIP-DGA a que se abstenga de requerirle la presentación de la DJAI permitiéndole, por ende, la oficialización del despacho de importación, su tramitación, liberación a plaza y comercialización de la mercadería adquirida en el exterior. En todas las instancias, la Justicia, tuvo en cuenta, entre otros argumentos, que el Estado omitió indicar los motivos por los cuales las DJAI (que fueron objeto de la medida cautelar) resultaron observadas.

La nueva demanda se apoyará, entre otras premisas, en la resolución que este año dictaminó la Organización Mundial de Comercio (OMC). Este fallo, de hecho, propicia el camino para este tipo de reclamos por parte de importadores que hayan sido perjudicados. Y es que la que la Argentina aceptó readecuarse a partir del 31 de diciembre a las exigencias del organismo internacional: que el país suprima trabas a la importación y que el sistema de DJAI se adecue al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés). Es decir, el Gobierno admitió de alguna manera la ilegalidad de las resoluciones oficiales que trababan el proceso de importación y la violación a los acuerdos internacionales a los que previamente había adherido.

El abogado que representa a la firma, Federico Jiménez Herrera, explicó a este diario que para los importadores "existen daños y perjuicios ocasionados por ‘inactividad irregular’ por parte de organismos como la AFIP y la Secretaría de Comercio" y que "son ciertos y mensurables en dinero tal el costo financiero motivado en la paralización operativa de la empresa, sumado a los injustificados gastos en que debió incurrir para la supervivencia de su empresa sin irse a la quiebra, como por ejemplo, almacenaje y depósito, variación de la cotización de la divisa extranjera, costos laborales, entre otros".

En otras palabras, el letrado aseguró que esos perjuicios son materialmente imputables a la inactividad de los órganos estatales. Según entienden los demandantes, la obstrucción a la importación de productos desde el exterior, "no solo transgrede abiertamente el derecho supra-nacional vigente", sino que genera daños irreparables: el damnificado al quedar imposibilitado de operar, "no puede cubrir sus costos y gastos, y vulnera el derecho a trabajar y ejercer la industria lícita, el derecho de propiedad y el de igualdad ante la ley".