Thomas Griesa habilitó definitivamente a Petersen Energía, propiedad del fondo buitre Bruford Capital, a reclamar dentro del resto de los "me too" y avanzar sobre el pago del Bonar 24 con el que el país recompensó a Repsol por la renacionalización de YPF. 

El juez de Nueva York aceptó el pedido presentado el 23 de octubre pasado por los abogados de Bruford, y el reclamo pasó a formar parte del "juicio del siglo" que los fondos buitre mantienen contra la Argentina. Griesa además, al aceptar el caso, está ahora obligado a calcular cuál será el monto de la deuda que Bruford le reclama a la Argentina, además de la petrolera nacional, que originalmente alcanzaría los u$s 500 millones a los que habría que sumar los intereses, punitorios, multas y gastos del juicio. Originariamente el reclamo alcanzarba los u$s 3.500 millones. Como Bruford también fue incluído por Griesa en el fallo del viernes pasado a favor de los fondos buitre de segunda generación, la deuda total con ese fondo superaría los u$s 700 millones, lo que lo colocaría en el "top 5" de acreedores de la Argentina beneficiados por el fallo de Griesa. Obviamente el primer puesto está ocupado por Elliott, el fondo de Paul Singer. 

El juicio de Bruford contra el país e YPF comenzó el 8 de abril pasado, cuando Griesa aceptó que era en su juzgado donde el reclamo de Petersen Energía debería ser tratado. En ese momento, el juicio se concentraba en el pedido de Bruford de evaluar la alternativa que la emisión de los aproximadamente u$s 5.500 millones del Bonar 24 con el que el país le pagó a Repsol, había ignorado los intereses de Petersen Energía, que no había recibido dinero por esa operación. El caso cayó en el juzgado de Griesa, al haber reclamos de parte de otros fondos buitre, anteriores al de Bruford, que pedían al juez que embargara los pagos del bono y los considerara dentro del paraguas del "pari passu" del fallo original del magistrado de Nueva York. Aunque el pedido de Bruford no tenía que ver originalmente con el "juicio del siglo" entre Argentina y los fondos buitre, Griesa consideró que el pago y eventual embargo del Bonar quedaba bajo su jurisdicción y aceptó que el caso de Bruford se incluyera en su juzgado. Como luego el fondo buitre, entre abril y agosto pasado, comenzó a comprar deuda argentina en default, y finalmente se presentó ante Griesa también como "me too"; finalmente ahora el juez avaló su reclamo de incluir también el pedido sobre YPF y la Argentina por la renacionalización de la petrolera dentro del caso. 

Dentro del universo de fondos buitre, Bruford Capital se especializa en comprar juicios complejos ya iniciados o a punto de establecerse. Se autodefine como experta en "juicios corporativos" y maneja una cartera global de u$s 600 millones. Los adquiere a precios de remate a los demandantes originarios, y luego rearma la estrategia de cobro en diferentes juzgados. 

En el caso de Petersen, el argumento es que al momento de realizar la operación con Repsol, la Argentina habría ignorado los derechos de Petersen Energía (propietaria del 23% de las acciones) sin "haber lanzado una oferta pública de recompra de las acciones, tal como determinaba el estatuto accionario de YPF, según las normas aceptadas y prentadas ante al Comisión de valores de EE.UU. en 1993", según el texto original de la demanda al que accedió este diario. 

La demanda no tiene nada que ver ni con el Grupo Petersen ni con la familia Eskenazi, ya que fue una causa comprada directamente a Repsol en Madrid.