Licitado en 2008 por primera vez, adjudicado en 2009 y caído en forma oficial en 2014, el proyecto de los gasoductos troncales de la provincia de Córdoba inició ayer su “segunda vuelta”: 10 empresas se presentaron ayer al nuevo proceso licitatorio internacional para ejecutar esa obra que beneficiará a más de 700 mil cordobeses de 166 localidades. La inversión prevista es de 8.200 millones de pesos.

El ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos Fabián López informó que el plan quinquenal de infraestructura gasífera prevé cubrir un trayecto de 2.330 kilómetros y tendrá 181 instalaciones de superficie. Los plazos estimados para la ejecución de este proyecto es de 48 meses y contempla la duplicación de la infraestructura gasífera existente.

La infraestructura de gas alcanzará los sistemas Norte, Sur, Este, Oeste, Anillo de Córdoba, Centro, Centro II, Punilla Sur, Sudeste y Ruta II.

La meta, más ambiciosa ahora, es por lejos la apuesta más fuerte en infraestructura en décadas: lograr que en 2020, las redes de gas natural empiecen a tocar la puerta de cientos de hogares del interior.

El mapa de la distribución del estratégico fluido es un triste ejemplo de la década perdida en inversiones que mejoren la calidad de vida y la competitividad industrial.

En 2001, el 80,6 por ciento de los hogares de la ciudad de Córdoba tenía gas de red. En 2010, ese nivel había cedido al 68,3 por ciento. Y a nivel provincial, bajó a 50,7 por ciento.

Ni hablar de los departamentos del norte y noroeste, como Cruz del Eje, Minas, Pocho, Río Seco, San Alberto, Sobremonte y Tulumba, donde la cobertura no varió en 10 años: siguió siendo nula.

El gran fracaso

A la primera vuelta de los gasoductos troncales la impulsó el gobernador electo Juan Schiaretti en su anterior gestión. El plan, más chico que el actual, contemplaba cinco sistemas troncales: Centro, Sur, Ruta 2, Norte y Este, por 257 millones de dólares. Hubo sólo dos grupos oferentes y el ganador fue la unión entre la brasileña Andrade Gutierrez, Iecsa y la cordobesa Britos.

El financiamiento estaba atado a un crédito del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) brasileño, a ocho años de plazo, con dos de gracia, y una tasa de interés que rondaba el cinco por ciento anual en dólares.

Pero, sin los avales de rigor, la plata nunca llegó. La Provincia cargó contra el Banco Nación, que era el responsable de autorizar una operatoria que quedó atrapada en la pelea política entre la Casa Rosada y el Centro Cívico.

Los fondos el agro

El 17 de noviembre de 2010, el Gobierno provincial firmó el acta del inicio de los trabajos del frustrado proyecto inicial. El primer ducto que se iba a poner en marcha era el sistema sur, desde la localidad de Malena.

Embalado, Schiaretti dijo ese día que se iba a usar un remanente de 85 millones de pesos del Fondo de Desarrollo Agropecuario para empezar los trabajos. Nada de eso ocurrió.

Los dirigentes del agro bramaron. Algunos con la boca cerrada, otros no. El expresidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), Néstor Roulet, hizo números.

Su conclusión fue que, a través de ese fondo específico (se cobra con el cedulón del Inmobiliario Rural y no se coparticipa), desde 2008 y hasta el año pasado, el sector había aportado 1.561,4 millones de pesos, que equivalían a 262,1 millones de dólares. “Dinero suficiente como para terminar la obra”, dijo Roulet.

Por si algo le faltaba al fallido primer intento de los gasoductos, el proyecto apareció mencionado en documentación secuestrada en un megacaso de corrupción en Brasil, aunque asociada a la empresa OAS, que se había presentado a la licitación en Córdoba en alianza con Electroingeniería.