Este lunes 26 de octubre comenzó un juicio histórico en Neuquén, ciudad ubicada al sur de Argentina, donde se está procesando a dirigentes mapuche de la comunidad Winkull Newén, la que mantiene un conflicto con distintas empresas de extracción petrolífera y minera.

El Ministerio Público Fiscal trasandino está pidiendo quince años de cárcel para la vocera Relmu Ñamku por “tentativa de homicidio con alevosía”, acusándola por las heridas que sufrió la oficial de Justicia Verónica Peláyez, cuando buscaba notificar del desalojo de sus tierras a la comunidad Winkull Newén, proceso enmarcado en el conflicto territorial que enfrenta a comuneros y la empresa Apache Corporation.

En su defensa, la dirigenta recordó que por años habían denunciado el accionar inconsulto de la petrolera estadounidense, por los continuos hechos de contaminación y la vulneración de los derechos indígenas: “El cotidiano que vivíamos tenía que ver con la contaminación constante, con derrames, con fugas de gas, con caños pinchados, con piletas a cielo abierto donde caían los animales. Todo un escenario de contaminación que nos llevó a conflictos permanentes y así, más de una vez, logramos resistir e impedir el ingreso de la empresa, pero siempre terminaba, de alguna manera, ingresando, militarizando la comunidad”, explicó.

El abogado defensor Darío Kosovsky se refirió al juicio que comenzó este lunes, afirmando que hay una serie de conflictos de contexto que hacen este caso sumamente grave: “Hay muchísimos antecedes en esta situación que hoy está en el tapete, que es la situación puntual de Verónica Peláez, donde hay otros conflictos de fondo, donde el Estado tiene gran responsabilidad, no sólo por conceder la explotación de un yacimiento sin consulta previa a una comunidad que vive allí (lo cual es un deber constitucional y emergente de los tratados internacionales), sino que además, desde otro segmento del Estado, que es el Poder Judicial”.

Esto, porque la comunidad había denunciado los problemas de contaminación y la correspondiente afectación de su Salud, ante el mismo tribunal que, de paso, autorizó el nuevo desalojo presentando una medida cautelar a favor de la firma estadounidense, violando tratados internacionales.

En esa línea, sostuvo que “se busca un caso ejemplar para apresar a quienes luchan por la tierra.  Quieren liberar la zona para petroleras y grandes estancieros”.

Este es el primer juicio de América Latina con jurado intercultural y traducción simultánea en mapuzungún, y ha suscitado la atención y solidaridad de líderes indígenas de toda la región, así como de las comunidades mapuche de nuestro país.