Carteras discuten por el carácter de obligatorio en la etapa de relacionamiento previo que debieran asumir las empresas en el desarrollo de sus proyectos de inversión.

Una de las propuestas que más discusión ha generado al interior de la Comisión Asesora Presidencial para la Reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, es el concepto de relacionamiento previo a fin de evitar conflictos en la tramitación de los proyectos de inversión.

Según confirman diversas fuentes ligadas al proceso -que está siendo llevado adelante por académicos, abogados, representantes del Ejecutivo y entidades gremiales-, el instrumento que se está evaluando aplicar para el relacionamiento previo de los proyectos sería de carácter obligatorio, y la idea sería que se realice antes de que la iniciativa ingrese al SIEA. Esto ha generado distintas opiniones debido a las visiones contrapuestas que han mostrado representantes de las carteras de Medio Ambiente y Hacienda.

Las discrepancias se han visto más expuestas en la Mesa Técnica Nº3: Participación ciudadana y consulta indígena, en donde la cantidad de recursos disponibles para el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la nueva estructura son objeto de discusión.

Las fuentes consultadas, que optaron por la reserva de su identidad, explicaron que las diferencias surgieron porque la propuesta realizada por la entidad regulatoria carecería de mayores especificaciones sobre su viabilidad. De hecho, las diferentes posturas quedan en evidencia en el acta de la octava sesión de dicha instancia.

Es así como Francisco Tapia, en representación del Ministerio de Hacienda, señala que “hace falta argumentación de la obligatoriedad” para la fijación de una propuesta relacionamiento previo, anterior al ingreso de proyectos al SEIA.

Sobre el mismo punto, Tapia añade que dicho instrumento “puede ser ineficaz e incluso inviable”.

Sin embargo, la propuesta de Hacienda “ofrece realizar un análisis o estudio de experiencias comparadas en relacionamientos previos o tempranos”.

“Señala que aún no queda claro cómo se vinculan los acuerdos de la etapa previa con los acuerdos de la PAC (Procesos de Participación Ciudadana) o consulta indígena en la etapa de evaluación ambiental, considerando que habrían actores distintos”, consigna el acta en relación a lo afirmado por el representante de Hacienda.

Por su parte en el mismo documento, el Ministerio de Medio Ambiente, a través del Servicio de Evaluación Ambiental, defendió la etapa de relacionamiento previo y su carácter obligatorio.

En la discusión, Álvaro Durán indicó que los argumentos surgen del mismo diagnóstico y en los principios de participación que están en la Ley. Señaló que, de la misma manera, “no estaría argumentada la alternativa de voluntariedad”.

En el acta se consignó además que el representante del SEA señaló que “al cerrarse a la posibilidad de tener acuerdos en temas no ambientales se postergará la discusión y se instalará nuevamente en el SEIA”.

A modo de conclusión, sugirió que “la mesa revise el documento del Centro de Estudios de Políticas Públicas, que hace el análisis de la pertinencia del carácter obligatorio o voluntario de la participación ciudadana en etapa temprana y lo vincula a los planes de ordenamiento territorial en un ambiente macro”.

Para la próxima reunión se deberá terminar la discusión de relacionamiento previo.

En donde sí hay consenso entre ambas carteras es en que la consulta indígena debe llevarse a cabo dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.