Marina Aizen

Que la Argentina es un país con un potencial de energías renovable increíble es una verdad incuestionable. Y, sin embargo, sólo el 1,4 por ciento de la matriz tiene ese origen. Por una ley de 2006, se suponía que para 2016 el 8 por ciento del parque eléctrico iba a ser generado de manera limpia, pero la industria nunca consiguió arrancar, lo cual se convirtió en otra frustración nacional. El Congreso acaba de aprobar una nueva legislación que estira los plazos a fines de 2017 para conseguir el objetivo del 8 por ciento, y del 20 por ciento para 2025. ¿Funcionará esta vez?

La nueva norma, conocida como la “Ley Guinle”, en referencia a Marcelo Guinle, senador por Chubut del Frente para la Victoria, se aprobó con el voto de la oposición, lo que en tiempo electoral habla del hambre que existe en todo el espectro político por el despegue de este tipo de energías. Sin embargo, todos los actores –desde las cámaras del sector hasta los autores de la legislación– afirman que la clave para su éxito está ahora en manos del Poder Ejecutivo, que tiene que reglamentarla rápido y ejecutarla.

La Argentina puede producir energía eólica en el 70 por ciento de su territorio (los vientos de la Patagonia son los mejores del mundo), tiene en el NOA y Cuyo una radiación solar equiparable al desierto del Sahara, posee capacidad de generación geotérmica varios puntos de la cordillera y maremotriz en la Costa Atlántica, y –como si esto fuera poco– es dueña de un enorme sector agropecuario que le da imperdibles oportunidades con la biomasa. ¿Por qué tuvimos que pagar fortunas importando combustibles, lo que condicionó toda la economía?

Hoy, el 87 por ciento de la matriz energética es fósil, lo que no sólo resulta caro sino que ensucia la atmósfera en tiempos de crisis climática. En cambio, Chile se está convirtiendo en una potencia solar y Brasil planea ser una potencia eólica. Incluso Uruguay ha apostado (y ganado) con el viento. ¿Por qué nosotros no? Marcelo Alvarez, de la Camara Argentina de Energías Renovables (CADER), dice que nuestros vecinos conseguían tasas de financiamiento al 2 o 3 por ciento, mientras que las tasas para la Argentina eran del 12 al 15 por ciento. Muchas cosas conspiraron para que esto fuera así, desde las desordenadas cuentas externas (el default, que luego subsanado, con el Club de París, los juicios con los holdouts en Nueva York) hasta las restricciones del cepo cambiario.

Para instalar parques eólicos o solares, hay que hacer una gran inyección de capital inicial. “Necesitas contratos a 15 años en dólares”, indica Alvarez. Y, en cambio, lo que imperó en estos años fueron reglas marcroeconómicas cambiantes y una percepción de inseguridad jurídica. Y lo que no es menos: energía fósil subsidiada por el Estado Nacional, compitiendo contra las renovables, sin ningún tipo de incentivo. “Ese juego desparejo hizo que la Argentina no tuviera renovables”, admite Sebastián Kind, director de la maestría de renovables de la UTN, uno de los asesores del senador Guinle.

Siendo que las condiciones macroeconómicas no van a cambiar a corto plazo, ni aun con una nueva administración en ciernes, ¿cuáles son las posibilidades de que la nueva ley se cumpla en dos años? Kind dice que el secreto de su éxito está en varios aspectos de la norma. Una, es la creación –si se quiere– de un mercado “cautivo”, que es el de los grandes consumidores y representan el 32 por ciento de la demanda (usan 300 kW o más). Ocurre es así porque ellos pueden tener mejor calificación crediticia que el propio Estado y, por ende, acceso a dinero más barato. Ellos tendrán que generar o contratar directamente fuentes limpias en un 8 por ciento a fines de 2017 y en un 20 por ciento a fines del 2025 (si no lo hacen, serán penalizados).

Otra disposición es la creación del FODER –o Fondo de Energía Renovables–, con activos provenientes del Estado. Aún no se conoce cuánto dinero tendrá, aunque el fondo recibirá el 50 por ciento del ahorro neto en importaciones de combustibles líquidos. Los proyectos que incorporen mayor porcentaje de insumos nacionales en los equipos serán los que más chance tengan de recibir los créditos.

Dicho esto, habrá excenciones al arancel de importación a equipos y partes hasta fines del 2017 así como incentivos fiscales para el desarrollo de la industria nacional. Hoy por hoy, no hay ningún actor en el mercado argentino que sea capaz de abastecer el 100 por ciento de los insumos, ya sean solares o eólicos. “El secreto no es importar todo indiscriminadamente ni fabricar todo aquí”, dice Alvarez. “La idea es ir progresando, las energías renovables generan más puestos de trabajo que la térmica. Pero hoy lo que se fabrica es muy poco y no alcanza para grandes parques.”

De aquí a fines de 2017, hay que instalar 3000 MW de potencia, señala Kind, quien insiste en que “se puede”, aun en este corto plazo, que ahora no son diez años sino solamente dos. También sostiene que la “tecnología ha ido madurando”. La tarifa tope promedio que se establece para grandes usuarios es de 113 dólares el kW, lo que no significa que no pueda “ir a la baja”, afirma Kind. “La tecnología va seguir abaratándose.”

En Cifras

31 mil millones de dólares se habrán ahorrado en 2025 en concepto de importaciones de combustibles líquidos fósiles.

6,5 millones de toneladas de CO2 dejarán de emitirse en 2017, si se cumple con el objetivo de alcanzar el 8 por ciento de la matriz

21,5 millones de toneladas de CO2 dejarán de emitirse en 2025, si se cumple con el objetivo de alcanzar el 20 por ciento de la matriz.

Nación aprobó unos 13 millones de pesos para la instalación de tres generadores eólicos en Tierra del Fuego que serán colocados por el consorcio integrado por la Cooperativa Eléctrica y la UNTDF y que corresponderían uno a Ushuaia, otro a Tolhuin y otro a Río Grande. “Estamos felices por instalar los primeros equipos eólicos acá en Tierra del Fuego”, dijo Miguel Casielles, gerente de la Cooperativa Eléctrica. Estos molinos, de más de 30 metros de altura, son construidos totalmente en la Argentina a través del INVAP, que es la misma firma que fabricó los satélites ARSAT 1 y 2 y asimismo los reactores nucleares que se exportan a países del tercer mundo.