Los conflictos sociales el último mes ha remecido el escenario nacional. Las Bambas, uno de los proyectos mineros más aplaudidos por sus relaciones con la comunidad, terminó con un fuerte paro que dejó como saldo 3 muertos. Esto ya había sido advertido dos meses atras por la Defensoría del Pueblo en sus reportes de conflictividad social.
Los problemas en Las Bambas están lejos de tener solución, por ello La Defensoría volvió a reclamar mayor atención a este problema en el último reporte de septiembre.
Además, advierte que hay que prestar especial atención al conflicto en la comunidad de Iscahuaca en contra de minera Ares en Apurímac. Asimismo no se debe dejar de lado el caso de minería informal en Madre de Dios y Huachón-Statkraft en Pasco.
"Pedimos a las autoridades correspondientes poner especial atención a los casos activos que pueden devenir en situaciones de riesgo en los siguientes días como sons los casos de Las Bambas e Iscahuacha-Ares en Apurímac", exhortó la Defensoría.
Además advirtió de otros conflictos latentes como el caso del plomo en la sangre en Cajamarca; Tumán en Lambayeque; el caso de minería informal en Madre de Dios; Huachón-Statkraft en Pasco; y los casos de Suches (minería informal) y Coata-Seda Juliaca en Puno. Asimismo, ponemos en alerta sobre veintiséis situaciones que pueden devenir en nuevos conflictos en Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, La Libertad, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, San Martín, Puno y Tacna (mayor información en el reporte mensual, sección VII).
NUEVOS CASOS
En relación a los casos nuevos, el primero se registró en Madre de Dios donde los pobladores de las comunidades de Boca Manu, Diamante, Isla de los Valles y otras, exigen la ejecución de la obra “Rehabilitación camino vecinal Nuevo Edén–Shipiteari”. Sin embargo, el SERNANP considera que dicha obra no cumple con los requisitos legales para su ejecución. Por su parte, el Ejecutor del Contrato Administrativo de la Reserva Comunal Amarakaeri, FENAMAD y COHARYIMA consideran que pondría en riesgo a los pueblos indígenas no contactados y en contacto inicial que transitan por la zona.
El segundo caso se produjo en Loreto, en el que la Federación de Pueblos Indígenas Achuar y Urarinas del Río Corrientes demanda a Pluspetrol Norte, entre otras cosas, una compensación por el uso de tierras en la operación del lote 8. En el tercer caso, también de Loreto, las organizaciones indígenas FECONACO, FEDIQUEP y OPIKAFPE (Perú y Ecuador) demandan al Estado atender los temas que consideran pendientes, luego del proceso de consulta previa del lote 192.
El cuarto caso se registró entre las regiones Amazonas, La Libertad y Cajamarca. Los pobladores de los distritos de Ucuncha (provincia de Bolívar, La Libertad), José Sabogal y Sitacocha (provincias de San Marcos y Cajabamba, región Cajamarca), los consejeros regionales de Cajamarca y otras organizaciones sociales se oponen a la ejecución del proyecto hidroeléctrico Río Grande de la empresa Odebrecht Energía del Perú S.A. debido a que afectaría zonas agrícolas, comunidades nativas y por haberse presentado irregularidades en los talleres y audiencias públicas.
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En septiembre, Apurímac concentró la mayor cantidad de conflictos con 22 casos, seguida de Áncash con 20 y Puno con 19. En cuanto a la tipología, la situación no ha variado, los casos socioambientales continúan siendo los más numerosos con 66.8 %, de ellos el sector minero tiene 63.6 %.
EL DATO
En relación a la violencia en los conflictos, entre el 1 y el 30 de septiembre se registraron treinta y un heridos y tres muertos. .
En septiembre se registraron 214 conflictos sociales, 150 de ellos activos y 64 latentes. Esta cifra, respecto al mes de agosto, incorporó cuatro casos nuevos, resolvió dos y uno salió del registro debido a su inactividad prolongada.
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a región Ayacucho reportó hasta el mes de setiembre doce conflictos sociales y que lo ubican en el octavo lugar a nivel nacional dentro del grupo de regiones vulnerables.
Mientras que a nivel nacional se reportó 214 conflictos sociales, de acuerdo al último informe mensual de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo.
El informe precisa que el problema involucra tanto a sectores institucionales como a privados.
La Defensoría del Pueblo precisó que de los conflictos reportados en Ayacucho, once son activos y uno latente.
Asimismo, nueve de ellos son socioambientales, generados entre las comunidades campesinas y las empresas extractivas de minería.
Jorge Fernández, representante de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho, dijo que estos conflictos se vienen tratando en diversos espacios de diálogo y que se pueden evitar socializando con las comunidades.
Precisamente, en los nueve conflictos referidos entre las comunidades y empresas mineras donde hasta hubo enfrentamientos de ambos bandos, los comuneros rechazan su presencia, mientras que las empresas buscan el diálogo a fin de ofrecerles beneficios sociales.
“Ayacucho se encuentra en el mapa de los conflictos sociales porque se presentan actividades mineras en casi todas la provincias, especialmente al sur de la región. Sin embargo, no debemos olvidarnos que también se presentan conflictos limítrofes entre comunidades campesinas, distritos y hasta provincias interregionales principalmente”, precisó Fernández.
NACIONAL. Por otro lado, el reporte de setiembre indica que la mayor parte de los actuales problemas sociales a nivel nacional se concentran en las regiones Apurímac (22 casos), Áncash (20 casos), Puno (19), Cusco (16), Piura (15 casos), Cajamarca (14 casos), Loreto (13 casos), Ayacucho y Junín (12 casos), es decir, a nivel nacional existen 214 hechos.
En el tema de las instancias competentes para los conflictos sociales, el Gobierno Central es el que resuelve 137 casos, es decir el 64% de los registrados. A nivel regional, 42 casos (19.6%) y a nivel local, 22 casos (10.3%).
REPORTE. El director de Energía y Minas del Gobierno Regional de Ayacucho, Uriel Ramos Alarcón, mencionó que su oficina también interviene en la solución de los conflictos sociales referido a los temas socioambientales, a manera de diálogo.
“Nosotros como Energía y Minas no nos quedamos con los brazos cruzados, porque también intervenimos a través del diálogo entre los representantes comunales y empresarios mineros”, señaló.
Por su parte, el analista política Enrique Moya Bendezú expresó que el Ejecutivo ya no tiene acciones preventivas respecto a los conflictos sociales, pues se estaría desentendiendo.
Además, el Gobierno habría perdido las oportunidades para solucionar los conflictos sociales. Por otro lado, sugirió a los candidatos al Congreso a enfocarse en la solución de estos temas.
MINERÍA. conflictos activos preocupan al Estado peruano. El informe de la Defensoría del Pueblo precisa que de los 214 conflictos reportados a nivel nacional, 150 son conflictos activos y 64 conflictos latentes. De los registrados, 78 se encuentran en proceso de diálogo.
Sin embargo, hasta la fecha el gobierno peruano no sabe cómo desarrollar un diálogo que favorezca a ambas partes, especialmente a las comunidades alto andinas que no aceptan la presencia de empresas extractoras en las zonas consideradas como ojos de agua.
