La justicia federal ordenó que el Estado diseñe un nuevo plan de saneamiento para el Riachuelo. El fallo, dictado por uno de los jueces que siguen la causa, Jorge Rodríguez, indica a LA NACION, la provincia y la ciudad de Buenos Aires que establezcan metas claras y medidas concretas que permitan avanzar con la limpieza de la cuenca.
"El documento que se utiliza es de marzo de 2010 [y] presenta serias deficiencias: los plazos allí fijados se encuentran fenecidos; no cuenta con objetivos a corto, mediano y largo plazo y los indicadores [los valores que mide la Acumar] escogidos son en su mayoría de gestión y no de resultado, lo que hace complejo mensurar lo logrado", sostuvo el juez federal de Morón.
En su resolución el magistrado reconoció el trabajo hecho hasta el momento y sostuvo que puede ser usado como una "línea de base exacta" para trazar las metas a futuro. Rodríguez, además, impuso un plazo de seis meses para que se presente este nuevo plan de limpieza. El fallo coincide con el reclamo que el Cuerpo Colegiado, integrado por la Defensoría del Pueblo de la Nación y varias ONG, presentó ante la Corte Suprema en julio pasado.
En aquel pedido de intervención, a siete años de haber sido dictado el fallo que ordenó el saneamiento del río, se denunció el "amesetamiento" del plan y la falencia en varios aspectos, como el control industrial y la atención de la salud de la población afectada por la contaminación.
"El plazo es exiguo y está planteado en medio de una transición de gobierno. Pero sí es posible que se ponga en marcha este proceso", evaluó Leandro García Silva, jefe del área de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo.
"Queremos que se establezca un mecanismo institucionalizado de participación para que ese plan tenga el mayor consenso posible. Hay una etapa en la que se generó mucha información. Hay que capitalizar esto; hoy la Acumar está consolidada como institución, entonces se puede rever el plan de un modo más productivo", agregó García Silva.
Según la Defensoría del Pueblo y las ONG, es necesario abordar temas centrales que siguen pendientes: las mediciones y los estándares de calidad de agua; el control industrial; la gestión integral de residuos de la cuenca, y la atención de la salud de la población.
El experto se refería a los objetivos que en el corto, mediano y largo plazo se deberían alcanzar en el saneamiento del Riachuelo. Es lo mismo que plantea el juez. Pero esos objetivos sólo se podrán cumplir si se tiene una idea de qué grado de limpieza y qué tipo de uso tendrá el río, cuyo caudal sigue sin tener oxígeno.
"Es curioso que la normativa que deben cumplir las empresas [que operan en la cuenca] sea la misma que existía antes del fallo. Lo que se mejoró es la cantidad de inspectores e inspecciones, pero lo que tiene que cambiar es el modo de gestionar la cuenca", agregó García Silva.
El fallo plantea, en el fondo, un reordenamiento de datos que hoy aparecen confusos. Por caso, AySA informó que la cobertura de agua potable alcanza a casi toda la población de la cuenca, pero el censo 2010 apunta que es del 70%.
Y en materia de relocalización de familias en riesgo por la contaminación, cada jurisdicción actúa , según la visión del Cuerpo Colegiado, de acuerdo con sus necesidades.
La Corte había establecido plazos, muchos de los cuales están vencidos, y así lo reafirma Rodríguez; especialmente para la mudanza de vecinos de las orillas. Por el momento han sido relocalizadas unas 600 familias de las 17.000 que ya deberían vivir en otros lugares.
El inicio de la obra del Colector Margen Izquierda, que es financiada por el Banco Mundial, sigue demorada. La construcción del interceptor de efluentes, de 11,5 kilómetros, es necesaria para que allí se descarguen los líquidos cloacales, que luego pasarán a una planta depuradora en Berazategui. El camino final hacia el Río de la Plata lo constituirá un segundo emisario, subfluvial, que estará a 30 metros de profundidad. Estos trabajos demandarán al menos cinco años.
A la complejidad del proceso se sumó un nuevo cambio de autoridades en la Acumar; el camporista Gerardo López Arrojo es el quinto presidente del organismo en siete años.
El nuevo fallo pretende sortear estas dificultades. Además de ordenar a la Acumar que trabaje en el plan, dispone que se comunique la decisión judicial a los jefes de Gabinete de los tres estados para "poner a disposición los medios técnicos y humanos que estén a su alcance", de modo de poder dar cumplimiento a la nueva etapa del saneamiento.
