Luis Fajardo
América Latina acaba de vivir una década de bonanza minera que despertó esperanzas de riqueza como pocas veces en su historia.
Impulsada por la que parecía inagotable demanda china por cobre, carbón y otros minerales, la región experimentó lo que algunos denominaron un segundo Dorado.
Pero la bonanza terminó. La economía china resultó ser como todas las demás: es decir, con altibajos.
Y el reciente desánimo chino por consumir ha contribuido a abruptos frenazos a planes de inversión y ventas de multimillonarios proyectos mineros en América Latina.
Apenas esta semana se conoció que Glencore, el gigante de la industria minera mundial, estaba vendiendo uno de sus proyectos en Chile, la mina de Lomas Bayas.
Un caso que no parece ser el único en una industria minera que se está replegando ante la caída en los precios internacionales de muchos productos básicos.
Por lo que puede ser un buen momento para buscar opiniones sobre lo que le quedó a la región después del torrente de dólares que pasó por América Latina en los últimos diez años para adelantar proyectos mineros, muchas veces contra la intensa resistencia en las comunidades que los albergaron.
América Latina se convirtió en estos años en uno de los epicentros globales de la actividad minera, recogiendo el 27% del total de inversión en exploración, según datos del Banco Mundial.
37 México
36 Perú
35 Chile
26 Argentina
Y es difícil subestimar el volumen de dinero que llegó a la región para impulsar esa actividad.
Pese a la desaceleración, el Banco Mundial ha dicho que hay planes por nuevas inversiones mineras en América Latina que llegarían a los US$200.000 millones para el año 2020.
El organismo multilateral ha estimado que un solo país, Chile, recibía rentas por la actividad minera que se acercaban a US$41.000 millones en 2011, o cerca del 19% del Producto Interno Bruto de esa nación.
Una cifra que, a su vez llegaba a US$17.000 millones en Perú, y US$1.300 millones en Bolivia, para mencionar apenas dos ejemplos más de naciones de tradición minera centenaria.
En Brasil y México, las dos economías más grandes del continente, la contribución minera no era tan dominante frente a las demás actividades dada su producción mucho más diversificada, pero igual alcanzó sumas nada despreciables.
En Brasil, las rentas generadas por la minería alcanzaron US$67 mil millones o el 3% de la economía de ese país.
Pero ante los que se alegraban por la llegada de la "locomotora minera", como se refería el gobierno colombiano ante el empujón que esa actividad le daba a la economía en general, otros advertían que el costo de la minería era mucho más grande del que aceptaban sus promotores.
"Este ciclo minero ha incrementado los conflictos sociales. Tenemos registrados 210 conflictos mineros en toda la región", le comenta a BBC Mundo César Padilla, coordinador del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), una organización no gubernamental que combina los esfuerzos de más de 40 organizaciones ambientalistas desde México a la Patagonia.
"De estos conflictos, más de 50% están relacionados con el estrés que se produce en torno a los conflictos del agua. Las comunidades que ven que les van a sustraer el agua se oponen a los proyectos mineros", asegura Padilla.
La industria minera en su conjunto ha buscado responder a estas críticas con ambiciosos programas de responsabilidad social empresarial, incluyendo multimillonarios programas de remediación ambiental y de mitigación de los costos sociales de muchos de estos megaproyectos.
Pero Padilla los descalifica. "No podemos señalar ni un solo proyecto minero sostenible, o ambiental o socialmente responsable en toda América Latina", puntualiza en conversación con BBC Mundo.
"Los efectos ambientales de la minería hay que mirarlos en el largo término. No podemos evaluar una gestión cuando tal vez en 40 o 50 años más recién tengamos los efectos ambientales más negativos de una determinada actividad minera, que para ese entonces va a estar abandonada", recalca Padilla.
OCMAL también alega que el impacto socioeconómico positivo de la minería es menor que lo que supondrían los elevados montos de inversión que caracterizan al sector.
"El significado económico social de la minería es muy bajo. Siendo tan importante económicamente, en Chile y Peru, en el mejor de los casos el empleo minero apenas logra superar el 1% de la poblacion económicamente activa", sostiene Padilla.
Una acusación que frecuentemente enfrentan empresas mineras, que a menudo responden con datos sobre la contribución que hacen a las finanzas públicas y el impacto que dicha contribución va a tener un impacto directo sobre la vida de millones de habitantes.
Según la publicación "Chile, País Minero" de la Sociedad Minera de Chile (Sonami), "de cada cuatro pesos que recibió el Estado chileno en el sexenio 2006-2011, prácticamente uno fue aportado por la minería. Este monto equivale a los presupuestos de los ministerios de salud, obras públicas y economía".
América Latina ha venido experimentando ciclos de bonanza y depresión minera desde el siglo XVI.
¿Se han aprendido lecciones que sirvan para aprovechar mejor la próxima tanda de años de vacas gordas cuándo ésta llegue?
El vocero de OCMAL dice que en algunos países de la región, mencionando "posiblemente el caso de Chile" se ha evolucionado en el fortalecimiento de instituciones ambientales, aunque advierte que "el gremio minero es bastante organizado y se las arregla para imponer sus reglas de juego".
Otros expertos coinciden en la importancia de las instituciones para regular la minería y asegurar que sus beneficios se distribuyan de la mejor manera en la sociedad.
"La clave para maximizar el beneficio de desarrollo sostenible en países en desarrollo está en el nivel de gobernanza de la industria en el sector público, señala Paulo de Sa, funcionario del Banco Mundial, en declaración a BBC Mundo.
El experto, quien se desempeña como gerente de la Práctica Global de Energía y Extractivas en el Banco Mundial, agrega que "instituciones, marcos regulatorios y supervisión ambiental y social más fuertes maximizan el impacto positivo del recaudo generado, los empleos creados y las oportunidades para los negocios locales".
"Al mismo tiempo, una mejor gobernanza y transparencia puede minimizar los posibles impactos negativos como la degradación ambiental y la distribución inequitativa de beneficios".
