La minera chilena Los Pelambres presentó un nuevo plan para remediar el daño ambiental producido en terreno sanjuanino al generar una escombrera en Calingasta sin autorización. Éste consiste en cubrir la escombrera con un material impermeable y cerrarla para evitar que siga creciendo.
Así lo informó Jorge Millón desde el departamento Hidráulica quien indicó que contó con el aval del Gobierno local pero se están analizando algunos puntos planteados, especialmente en material de calidad. "La propuesta es la de envolver esa superficie, taparla con un material impermeable.
Es como ponerle un paragua para que el agua no toque la escombrera y no genere drenaje. Hay que hablar de las especificaciones del material que se coloque para que ante el desvío de las aguas no haya contaminación. No queremos que ingrese el agua natural de la nieve a esa escombrera", explicó Millón en Canal 4, quien explicó que las rocas pueden generar drenaje ácido hacia las aguas del río San Juan.
Tanto el gobierno local como la compañía Glencore, que tiene la propiedad del área afectada, actuaron ante la Justicia Federal para que interviniera en este caso de daño ambiental. Ante esto, el juez Miguel Ángel Gálvez es quien determinará si sigue su curso el plan presentado por la chilena o se le da de baja y se sigue con las negociaciones.
"Si el plan progresa va a ingresar al Departamento Hidráulica. Estamos teniendo reuniones previas para determinar las medidas a tomar", finalizó Millón quien sentenció que de concretarse, deberán ingresar máquinas de Chile con permisos de la Cancillería y del Ministerio del Interior de la Nación.
DF
También debe definir qué permisos adicionales pueden requerirse para avanzar en la construcción.
Una buena noticia recibió hace unos días Antofagasta Minerals (AMSA). Esto, porque la provincia de San Juan (Argentina) informó la semana pasada oficialmente al Tribunal Federal de San Juan que consideraba aceptable el proyecto de cierre del botadero Cerro Amarillo, obra que por error fue construida por Los Pelambres sobre territorio argentino, en propiedad del proyecto El Pachón, de Glencore.
Desde AMSA señalaron que con esto, ahora avanzarán en la ingeniería de desarrollo, que es la que contiene un mayor detalle de las obras necesarias para ejecutar el cierre ambiental del botadero.
La empresa destacó que con este visto bueno que les dio la autoridad local, queda definido qué es lo que se debe hacer para dar tranquilidad a la provincia de que posibles efectos ambientales del botadero se controlarán de manera adecuada.
Entre las medidas que propuso la empresa, además del cierre ambiental, se contemplan auditorías del programa de Naciones Unidades para el Medio Ambiente (PNUMA).
Ahora se deberá definir qué permisos adicionales pueden requerirse para avanzar en las obras de cierre.
Según prensa transandina, en caso que el tribunal apruebe la propuesta, serán necesarios permisos de paso ocasional por parte de la Cancillería y del Ministerio del Interior de Argentina, para que personal y maquinaria puedan pasar la frontera, un tema que no ha habido consenso entre las empresas, ya que Glencore es de la idea que eso podría alargar el cierre del botadero de estériles, dadas las autorizaciones adicionales que se requieren.
Otra diferencia es que El Pachón plantea que los escombros deben ser retirados de su propiedad, frente a la postura de la minera local de que el cierre ambiental es la manera definitiva de tratar este tipo de instalaciones mineras.
El conflicto entre ambas compañías surgió el año pasado, cuando solicitaron a la justicia argentina que Pelambres retirara los cerca de 50 millones de toneladas de estériles depositados en su territorio.
El error se produjo por diferencias en las cartografías utilizadas, las que -según se ha argumentado en el proceso- tendría límites diferentes a los oficiales. El botadero funcionó hasta 2011 y en 2012 se colocaron señalizaciones adicionales que ayudaron a clarificar las dificultades de interpretación que existían.
