CODELCO ATRAVIESA por una de sus coyunturas más complejas, que la tiene al borde de una situación límite. La caída del precio del cobre en el mercado internacional, y una estructura de costos que sigue siendo elevada, se han convertido en una combinación tormentosa. Lamentablemente sus propios sindicatos parecen desentenderse de esta realidad, y continúan exigiendo beneficios que exceden la realidad. Por su parte, el Gobierno se resiste a tomar medidas más estructurales para contener esta crisis, apelando a una insuficiente política de contención de costos.

Al primer semestre de este año, los excedentes de Codelco experimentaron una brusca caída de 33%, para ubicarse en poco más de US$ 800 millones. Los costos de producción borden los US$ 2 por libra, en circunstancias que el precio del metal ronda los US$ 2,5, y de acuerdo a estimaciones del propio Codelco existe la posibilidad de que durante 2016 el metal baje aún más de precio. Por cierto, este cuadro de menor holgura se ha dejado sentir en toda la industria minera, y es así como la minería privada ha anunciado la postergación de grandes inversiones, venta de activos o desvinculación de trabajadores como respuesta a una inevitable realidad. En Codelco, sin embargo, ha sido muy distinto, postergando medidas más estructurales. 

La administración de la compañía ha logrado contener el alza de costos y ha tenido cierta eficacia para disminuirlos en los últimos años. Sin embargo, estos esfuerzos están agotando su eficacia y serán completamente insuficientes para enfrentar un escenario en que el precio del cobre baje de los US$ 2,5. El congelamiento de las dietas  de los directores y de las remuneraciones de altos ejecutivos, y la desvinculación de algunos de éstos aparecen como gestos más simbólicos pero con un efecto apenas marginal. En cambio, no ha sido posible dar pasos más allá que permitan evaluar la conveniencia de mantener la continuidad de ciertas operaciones a pesar de que estás puedan resultar deficitarias o resulten extremadamente onerosas. 

El llamado que hizo el ministro de Hacienda a la compañía para que revise su cartera de proyectos es valioso e ilustrativo de la realidad de Codelco, pero dista de ser la solución requerida. Sigue siendo inexplicable que se siga evitando discutir la posibilidad de vender ciertos activos o dar un paso tan indispensable como abrirse a la entrada de capitales privados, que además de permitir mejorar sustancialmente los estándares la gestión de la empresa, permitiría la inyección de recursos frescos.

Es la consecuencia de tener una empresa completamente en manos del Estado y cada vez más capturada por intereses políticos y sindicales, con una estructura de gobierno corporativo que termina por otorgar una suerte de poder de veto a sus dirigentes por sobre los intereses de todos los chilenos. Así, la empresa depende ahora críticamente para su sustentabilidad de que el Estado aporte los US$ 4.000 millones para capitalizarla hasta 2020, cifra que probablemente se hará insuficiente. En paralelo, sus sindicatos se han mantenido ajenos a esta realidad, y siguen demandando el pago de millonarios bonos de término de conflicto.