Con cada nuevo giro, la crisis política de Brasil se parece más a una serie de intriga o a una telenovela. Este martes, el país se despertó esperando algún desenlace, para bien o para mal, sobre el futuro de la presidenta Dilma Rousseff: el líder de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, debía aceptar o rechazar la apertura de un proceso de destitución de la mandataria del Partido de los Trabajadores (PT) por supuestas irregularidades en sus cuentas de Gobierno de 2014. Pero la trama solo se ha complicado más.
El Tribunal Supremo ha frenado la maniobra conjunta que Cunha había elaborado junto a los diputados de la oposición para sacar adelante el proceso de impeachment. La estrategia consistía en que Cunha rechazaría la solicitud, los opositores recurrirían y, así, ésta pasaría automáticamente a la votación. Esta vía necesita solo de una mayoría simple (257 de los 513 diputados) para ser aprobada, un número realista, dado el aislamiento político de Rousseff. Sin embargo, el Supremo le ha parado los pies a Cunha, que ahora tendrá que decidir si acepta o archiva el proceso de impeachment sin dejar la decisión final en manos de los parlamentarios.
El partido de Cunha (Partido del Movimiento Democrático de Brasil, PMDB) es un partido de ideología variable y alianzas cambiantes. Todavía funciona, formalmente, como aliado del Gobierno, pero el presidente de la Cámara libra desde hace semanas una guerra contra Rousseff, tan intensa que la mandataria tuvo que reformar este mes su gabinete para dar espacio a sus nombres. Les cedió siete ministerios, uno más de los que tenían, incluido el emblemático Ministerio de Sanidad, mientras recortaba el número total de carteras (de 39 a 31) en nombre de la austeridad.
La decisión del Supremo sobre las cuentas gubernamentales, que aún debe ser votada por los miembros del Tribunal, supone un pequeño respiro para un Gobierno sofocado. Al equipo de Rousseff le pesa la crisis económica, la agencia de calificación Standard and Poor´s rebajó en septiembre la nota de crédito de Brasil al nivel de bono basura, continúa el escándalo de corrupción de Petrobras y los índices de popularidad de la presidenta son históricamente bajos tras menos de un año de mandato.
Y la campaña contra Rousseff no acaba aquí. Minutos después de conocerse la decisión del Supremo, la oposición anunció que la solicitud de impeachment llegará más tarde, pero llegará.
El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) anunció la semana pasada que investigará al Gobierno por unas maniobras (pedaladas) fiscales en 2014. El Ejecutivo ha reconocido que atrasó transferencias del Tesoro Nacional a bancos públicos para tapar un agujero de 106.000 millones de reales (25.000 millones de euros). No hay acuerdo sobre si ese maquillaje de las cuentas puede tumbar a Rousseff, dado que el supuesto delito corresponde a otro mandato (la presidenta fue reelegida en octubre). Ahora, los opositores tratan de demostrar que las irregularidades continuaron en 2015. Sea como sea, la decisión parece esencialmente política: las pedaladas no son nuevas y otros Gobiernos las usaron en el pasado, sin consecuencias.
En un guion que se enreda cada vez más, hasta el poderoso presidente de la Cámara de los Diputados pende de un hilo. La Justicia investiga estos días unas cuentas en Suiza a nombre de Cunha y familiares, que supuestamente recibieron dinero desviado de la estatal Petrobras (a su vez foco de una gigantesca investigación sobre corrupción, la operación Lava Jato). Como en una viñeta del caricaturista brasileño Amarildo, donde una pareja rellena un crucigrama y se pregunta: "Político que corre el riesgo de caer, cinco letras. ¿Empieza con C o con D?", la crisis de Dilma Rousseff continúa y Cunha amenaza con morir matando.
