El de hoy podrá ser un día clave para Dilma Rousseff. En la Cámara de Diputados, su titular, Eduardo Cunha, se apresta a tratar los pedidos de juicio político contra la jefa de Estado. Pero hay uno en particular, presentado por los juristas Helio Bicudo y Miguel Reale, que seduce a la oposición. De tal suerte que, si Cunha lo rechaza, y archiva, la oposición buscará recuperar esa “demanda” presentándola de inmediato en el plenario de la Cámara Baja. Allí le bastaría contar solo con una mayoría simple de votos para lanzar el procedimiento de “impeachment”.
Si llega a plantearse este escenario, se abrirá un período de fuertes turbulencias políticas, y seguramente también económicas. En general, se acusa a la mandataria de supuestas maniobras contables que violarían la ley de Responsabilidad Fiscal. Lo cierto es que el gobierno esta vez no permaneció a la espera de los acontecimientos: montó una estrategia, con abogados y juristas de primera línea, para enfrentar legalmente esa opción en la Corte Suprema. También movió sus fichas en el Parlamento para evitar que, una vez iniciada, la presidenta pudiera verse obligada a alejarse temporariamente del cargo.
A pesar de que este fue un fin de semana largo en Brasil, ya que se celebró el día de Nuestra Señora de Aparecida (la patrona del país), Dilma, sus ministros y legisladores de la coalición oficiales pasaron de reunión en reunión para definir el accionar de los próximos días. Nadie duda, a estas horas, que Cunha encabeza la operación destinada a desatar el vendaval del juicio político. Y no le faltan razones para hacerlo. No es que haya algún hecho de fondo que justifique el “juicio”. La razón es si se quiere más primitiva: a este legislador le encontraron, estos días, varias cuentas secretas en Suiza, con depósitos de no menos de 5 millones de dólares.
Así trascendió de la información que Suiza le envió a la Fiscalía General de la Unión, el organismo responsable por investigar los casos de corrupción de políticos, que están relacionados con las coimas que regaban los bolsillos de ex directores de Petrobras.
Los ministros más allegados a Dilma están convencidos de que Cunha va por el “todo o nada” frente la necesidad de salvar su piel. Y cuenta para ello con los legisladores de la oposición, comandada por el Partido de la Socialdemocracia de Brasil.
No deja de ser curioso que durante dos días, viernes y sábado, los líderes opositores lanzaron proclamas donde le pedían la renuncia al acusado Cunha. Para el entorno de Dilma, que estuvo con la presidenta el domingo último, no fue más que una simulación. En declaraciones al diario Estado de Sao Paulo, uno de esos funcionarios señaló: “Hicieron eso (los opositores) para conformar a sus bases de que ellos no consienten la corrupción. Pero precisan de Cunha para deflagrar el impeachment. Está todo combinado entre el presidente de la Cámara Baja y el PSDB”.
Como frente a un “animal herido”, al decir del oficialismo, nadie confía en ese legislador: él cuenta con el apoyo de una base disímil, nada ideológica y muy volcada hacia la derecha. Otra es la historia en el Senado. Allí, Rousseff cuenta con una mayoría incuestionable, por empezar por el apoyo del propio titular del cuerpo parlamentario, Renan Calheiros.
Los próximos pasos del gobierno son los de enfrentar jurídicamente una decisión “a la paraguaya” de Diputados. Han sumado varios pesos pesados en materia judicial para que defienda a Dilma. Entre ellos, hay figuras de relieve internacional como Celso Antonio Bandeira de Mello y Dalmo Dallari. A ellos se podrá sumar el ex ministro de la Corte Suprema, Carlos Ayres Britto. También está en el equipo el ex presidente de la Orden de Abogados de Brasil (el colegio de abogados), Fabio Konder Comparato, un constitucionalista de peso.
El guión que seguirán Cunha y sus aliados ya está definido: el presidente de la Cámara debe rechazar el pedido realizado por Bicudo y Reale Junior para deponer a Rousseff, con el argumento de “ingobernabilidad” y violación de la ley de responsabilidad fiscal durante el primer mandato de la jefa de Estado (2011-2014), que en teoría continuaría en la actualidad. A partir de ese archivamiento, Cunha deja el camino abierto para que un diputado de la oposición vuelva a presentar la demanda de juicio político en el Plenario de la Cámara Baja. Allí se votaría el “impedimento” de Dilma por mayoría simple, pero este procedimiento será legalmente cuestionado por los asesores jurídicos del gobierno. Según el jurista Flavio Caetano, no es legítimo el procedimiento parlamentario de simple mayoría: ocurre que el inicio del proceso de impeachment exige como mínimo la aprobación de dos tercios del Parlamento.
Dilma Rousseff suspendió su descanso y retornó precipitadamente a Brasilia para coordinar una nueva estrategia tras el anuncio del jefe de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, de que definirá hoy la posibilidad del inicio de un juicio político contra la presidenta de Brasil.
Hoy a las 10 la Cámara baja reanudará sus actividades después de un receso, ocasión en la que Cunha definirá si da curso a alguno de los más de veinte pedidos de "impeachment" que fueron presentados en su despacho, lo que amenaza con desatar una tormenta política en el país.
"Mi actuación será la normal. Voy a tomar una decisión, dijo Cunha según el diario O Globo.
Se especula que entre los pedidos con más chances de ser avalados por el jefe de Diputados está el del jurista Hélio Bicudo, uno de los miembros de la primera hora del Partido de los Trabajadores, que hace una década rompió con la agrupación de Rousseff y de Luiz Inácio Lula da Silva. Bicudo fundamentó su pedido en las llamadas "pedaladas" fiscales, esto es el maquillaje del déficit primario en 2014, y fue avalado la semana pasada cuando el Tribunal de Cuentas de la Unión rechazó las cuentas públicas de ese ejercicio y giró su tratamiento final al Congreso.
Al conocer los planes de Cunha, Rousseff se trasladó el domingo al Palacio de Alvorada, su residencia oficial en Brasilia, a donde llegó procedente de la sureña ciudad de Porto Alegre, se informó ayer.
Desde allí monitoreó los contactos y dialogó con sus principales ministros y asesores sobre las formas en las que se podría bloquear en el Congreso el inicio de un proceso de juicio político en su contra.
"Tenemos que tener mayoría en el Congreso, tenemos que hacer valer la coalición" con el Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), dijo la jefa de Estado a poco de retornar a la Capital Federal el domingo.
Aunque pertenece al PMDB, partido aliado del Gobierno, Cunha declaró oficialmente su paso a las filas opositoras el 17 de julio pasado. De él depende en principio dar curso o rechazar los pedidos de "impeachment".
"En realidad no hay ninguna acusación (real) contra la presidenta, pero Eduardo Cunha parece una fiera herida y podría aceptar un pedido de 'impeachment'", dijo un ministro bajo condición de permanecer en el anonimato.
El funcionario opinó que "el escenario es imprevisible" dado que Cunha podría estar dispuesto a generar una gran conmoción política luego de ser acusado por la Justicia de Suiza de tener activas al menos dos cuentas secretas con 2,4 millones de dólares, al parecer provenientes de coimas en el contexto del Petrolão.
En un clima interno que denota cada vez más desesperación, un grupo de diputados del Partido de los Trabajadores le pidió al STF que le impida a Cunha dar inicio hoy al proceso de juicio político.
Poco después de las acusaciones en su contra, los principales partidos opositores solicitaron a Cunha que deje su cargo hasta que se esclarezcan las denuncias.
Otro miembro del equipo de Rousseff consideró probable en diálogo con el sitio del Grupo Globo que Cunha dé luz verde al "impeachment" y de hacerlo "será su último acto antes de ir a la horca".
Así, a partir de hoy se pondrá a prueba la eficacia del nuevo gabinete presentado hace una semana por Rousseff, en el que se dio más peso al PMDB para asegurar su fidelidad ante un juicio político.
En el Gobierno entienden que ante la eventualidad de tener que dejar la presidencia de Diputados, Cunha podría acelerar la tramitación del "impeachment"o, al menos, la apertura de un trámite para analizar su viabilidad.