Álvaro Vargas Llosa
Como a muchas otras personas que dan conferencias sobre la región, se me ha vuelto muy complicado ofrecer a los auditorios que me tocan un pronóstico razonable sobre la economía latinoamericana en el corto plazo.
Hace poco, tuve que explicar a los asistentes a una conferencia que el cuadro con cifras de crecimiento económico que les estaba presentando en un Power Point no servía para nada porque muy probablemente el Fondo Monetario Internacional, que estaba a punto de celebrar su asamblea anual conjunta con el Banco Mundial en Lima, corregiría a la baja sus pronósticos sobre el PIB latinoamericano de 2015. De inmediato, otros pronosticadores -bancos, “think tanks”, opinólogos- harían (haríamos) lo mismo y todo volaría por los aires.
Esto se acaba de cumplir, pero es bastante peor de lo que se esperaba. El FMI habla ahora -y dudo mucho que dentro de tres meses las cifras sigan así- de una contracción de 0,3% para 2015; el encogimiento de Brasil ya está en 3%, el de Venezuela en un abracadabrante 10%, la recesión argentina queda confirmada con un 0,4% y economías como la peruana, que parecían con capacidad para rozar el 3%, ahora ni siquiera llegan a 2,5%, mientras que otras, como Chile y México, se van alejando de ese mismo porcentaje.
Sólo Centroamérica, gracias al 6% panameño y la velocidad razonable de economías como la nicaragüense y la guatemalteca, exhiben algo parecido a la lozanía de otros tiempos.
A diferencia de veces anteriores, el caso de China no juega aquí un papel directo: el FMI ha mantenido sus pronósticos sobre esa economía de 10 billones de dólares inalterados tanto para este como para el próximo año. Es cierto que la proyección para las economías emergentes en general baja también, pero América Latina cae más que ellas -incluida Africa subsahariana-, de manera que tampoco puede decirse que la precipitación por la pendiente sea parte de una tendencia de países en vías de desarrollo. No: América Latina es la región que sufre el deterioro más pronunciado de los presagios económicos entre todas las regiones significativas del mundo.
Las consecuencias políticas de esta nueva realidad pueden ser importantes. Para medirlas, conviene, sin embargo, tratar de entender realmente qué está pasando y, lo que es más importante, qué no está pasando.
El consenso general es que el desplome de las materias primas ha frenado en seco el avance latinoamericano. En efecto, si el mineral de hierro ha bajado 70% desde su pico, la plata 66%, el petróleo 55%, el cobre 46%, el oro 40%, la soja 48% y el maíz 51%, no es de extrañar que economías altamente dependientes de esas materias se vean tremendamente afectadas. Sin embargo, hay una diferencia sustancial entre sufrir la normalización de precios que antes pasaban por una deformación exagerada -como es el caso- y padecer una depresión de los precios sin precedentes que eche todos los cálculos por la borda caprichosamente. Muchos de los precios actuales siguen siendo superiores a los que se dieron en los años 80 y 90. En términos reales, el cobre, por ejemplo, estuvo en muchos períodos por debajo de un dólar y nunca llegó, en esas dos décadas, tan alto como ahora.
¿Por qué es esto significativo? Porque tiene mucho que ver con una realidad de la que los propios latinoamericanos son responsables; ahora la región paga el precio de su irresponsabilidad. Los gobiernos, en primer lugar, y, en segundo, las empresas, operaron en la década de 2000 bajo la premisa de que esos precios exorbitantes que eran producto de un “boom” excepcional constituían, en verdad, la nueva norma y serían por tanto más o menos permanentes. Ello llevó a los gobiernos a no hacer reformas y a aumentar su gasto por razones políticas; a las empresas las llevó a no hacer el menor esfuerzo por contener sus costos y a ejecutar inversiones de capital que no tenían una justificación de mediano plazo. El regreso de esos precios a la normalidad, una vez acabado el “boom”, ha demostrado que muchos gobiernos y empresas estaban nadando desnudos (para usar la famosa frase de Warren Buffett). A lo que hay que añadir, claro, que en el ambiente de bajas tasas de interés imperante desde hace años, muchos gobiernos, pero sobre todo muchas empresas, se han endeudado excesivamente en dólares.
Una observación adicional antes de tratar de prever las consecuencias políticas de todo esto. Se ha vuelto una práctica común culpar a la desaceleración de China por lo que está pasándole a América Latina. No hay duda de que si una economía que gravita tanto en la demanda de commodities pasa, en un lapso no muy largo, a importar menos materias primas, los exportadores sentirán el golpe. Pero China no está atravesando ninguna crisis grave que haga prever el fin de su expansión económica. Ocurre, sencillamente, que no es lo mismo crecer 12 o 14% cuando se tiene que mover una economía de cinco billones de dólares -el tamaño de hace ocho años- que hacerlo cuando se tiene que mover una mole dos veces más grande. Hoy, con una economía de 10 billones, China añade al mundo 700 mil millones de PIB con sólo crecer 7% (la tasa que prevé el FMI para este año es 6,8%), mucho más de lo que añadía hace 10 años si crecía 10 u 11%.
¿Adónde voy? A que China también está pasando por una “normalización”, en parte porque la demanda de productos chinos en los países avanzados no es la de antes y en parte porque está apostando a un modelo menos dependiente del comercio exterior. El crecimiento de los servicios y ciertas áreas de consumo este año es impresionante. No puede, pues, achacarse a lo que allí sucede el problema latinoamericano. Ese problema es más bien el de haber actuado como si la exorbitante demanda china de los años del “boom” fuera también permanente.
Sirva este contexto para entender mejor qué significa que los países gobernados por el populismo, tanto en versión light como en versión “bolivariana” (¡pobre Libertador!), estén hoy contrayéndose, a diferencia de los de la Alianza del Pacífico, que crecen alrededor de 2,5% al año. Puede parecer una diferencia menor, pero no lo es: entre economías que se encogen 10 o 3% -o que, como la argentina, no crecen un átomo- y otras que se mueven a un ritmo no mucho menor al del promedio mundial, hay un abismo.
Desde luego: los de la Alianza del Pacífico, cuyas reformas se frenaron hace años y que también actuaron con poco sentido del largo plazo en el “boom”, podrían estar obteniendo resultados mucho mejores. Si uno divide la contribución a la productividad de América Latina entre capital, trabajo y lo que ha dado en llamarse “productividad total de los factores” (clima de negocios y elementos institucionales), verá que en América Latina el factor trabajo fue de lejos el más determinante, a diferencia de la Europa ex comunista y el Asia emergente, donde la cosa estuvo mucho más equilibrada y donde el tercero pesó mucho. Ello fue consecuencia de la falta de reformas después de los años 90. Aun así, la ventaja que llevan los países que han estado menos mal gobernados a los populistas es notable.
¿Qué cabe esperar si la economía de la Alianza del Pacífico sufre un nuevo deterioro? Evidentemente, el resurgimiento del populismo como alternativa seria de gobierno. ¿Qué cabe, por contra, esperar en los países que están bajo el imperio del populismo? La lógica del péndulo indicaría que lo opuesto, es decir el alejamiento del populismo. Sin embargo, no hay que ser deterministas. Podría suceder que en los primeros países la clase media -como se ha visto en Chile, por ejemplo- tenga suficientes razones para defender el modelo y salga a hacerlo cuando lo vea amenazado. También podría suceder en los países populistas que factores culturales -el relato- lleven a un amplio sector de la población a creer que el problema no fue el populismo sino el “neoliberalismo” y por tanto pidan una radicalización del modelo. Es lo que se ve, por ejemplo, en México, donde otra vez Andrés Manuel López Obrador está a la cabeza en los sondeos y liderando (¡sí, él mismo!) una campaña contra la corrupción. O en Brasil, donde un sector de la base del Partido de los Trabajadores se ha rebelado contra las medidas de ajuste emprendidas por Dilma Rousseff y su ministro Joaquim Levy y atribuye la crisis a la ortodoxia.
Tradicionalmente, la parte baja del ciclo de los commodities favoreció al populismo. En los últimos cien años, el populismo latinoamericano sólo coincidió en dos períodos con la parte alta del ciclo y en cambio lo hizo en cinco largos tramos con la parte baja. Aunque no he encontrado una correlación clara entre la parte baja del ciclo y el surgimiento de dictaduras o corrientes antidemocráticas en el último siglo, sí la hay entre ella y el crecimiento del populismo. A veces, como a fines de los 50 y comienzos de los 60, fue un populismo “positivo” porque se trató de una corriente surgida para frenar al comunismo, pero en general fue lo que hoy entendemos por esa palabra (además de que el populismo de mediados del siglo XX, independientemente de sus respetables objetivos políticos, acentuó políticas equivocadas en lo económico, conocidas como desarrollistas y proteccionistas).
Mucha atención, pues, porque vivimos una coyuntura delicada, en la que será indispensable que nuestros líderes políticos y formadores de opinión multipliquen esfuerzos. En los países de la Alianza -y otros razonablemente orientados, como Uruguay, por ejemplo, o un par de países centroamericanos- la clave está en impedir, con nuevas reformas de buen signo, que la parálisis y la inercia den pie a un discurso populista que achaque el frenazo económico al “neoliberalismo”. En los países populistas, aun teniendo en cuenta que en varios de ellos hay regímenes difíciles de combatir por su naturaleza autoritaria, los movimientos de oposición tienen una tarea muy ardua -la desmitificación o el “antirrelato”- pero también un aliado invalorable: el despelote que el populismo ha provocado. En Venezuela, donde la última encuesta seria confirma que los demócratas tienen el doble de respaldo que el gobierno de Maduro, esa realidad ya anuncia que no hay forma de que el oficialismo gane las elecciones legislativas de diciembre limpiamente.
Mientras América Latina ajusta sus estados y sus empresas a la nueva realidad “post boom”, harán falta elementos extraordinarios que respalden a los defensores del modelo de democracia liberal globalizada que rinde los mejores frutos. Quizá el Acuerdo de Asociación Transpacífico que acaba de firmarse -aun sujeto al delicado proceso de ratificación- sea uno de esos elementos. Pero la imaginación y el esfuerzo de los actores locales en cada lugar será sin duda el que defina el éxito o fracaso de la misión.
Gustavo Marangoni*
La mayoría de los países de nuestra región está frente a un desafío nuevo y complejo. La producción y el comercio mundial se están debilitando, en un marco de caída de los precios de las commodities y anemia de la demanda de las economías centrales.
Durante más de una década, América Latina experimentó un sostenido crecimiento económico con una mejora histórica en las condiciones sociales. El boom de precio del cobre, hierro, petróleo, gas natural, soja, maíz y oro fueron cruciales para el impulso al crecimiento vía precios en Chile, Brasil, Bolivia, Perú, Venezuela, Argentina y Uruguay. Esto quedó definitivamente atrás, y hoy se debate cómo continuar la senda del desarrollo recuperando el dinamismo económico para seguir dando respuesta a múltiples demandas de mejora en el bienestar de la población, que en buena medida son producto de los cambios sociales rápidos de los últimos años.
Argentina y Brasil comparten este desafío. Nuestras economías dejaron de crecer; necesitamos pasar del boom de las materias primas al boom de la inversión y productividad para generar competitividad sistémica que le de mayor valor agregado a nuestra estructura productiva y genere empleo de más calidad. Para tener éxito debemos encarar en la etapa que viene un fuerte proceso de inversión en infraestructura económica y social, comprendiendo también la mejora en la calidad de la prestación de muchos servicios públicos.
Un Estado activo e inteligente tiene que liderar y coordinar esta transformación, donde participen todos los niveles de gobierno, los sectores productivos y los trabajadores para convocar mucha más inversión (fundamentalmente privada), tanto doméstica como internacional, dirigida a mejorar la “base de capital” que tiene la economía (como lo es su infraestructura). En ella descansa la prestación de los servicios que son necesarios para el desarrollo: los productivos, económicos, sociales y personales.
Argentina viene experimentando una mejora en la inversión pública destinada a infraestructura, ya que de representar 0,9% del PBI en 2003 se duplicó hasta 1,72 en 2014, incluyendo los servicios económicos y sociales. Hay evidencia, a partir de estudios de CEPAL, Banco Mundial y CAF, que la inversión total en infraestructura se ubica cerca del 3% del PBI y es insuficiente. Ese valor resulta inferior al promedio de América Latina (3,5%) y equivale solo a la mitad de lo que debería invertirse en el país si se pretende satisfacer la demanda de infraestructura en una economía en crecimiento. Más aún si el objetivo que se fija es igualar la tasa de países de rápido desarrollo (por ej., los del sudeste asiático), las necesidades de inversión deberían adicionar 5 puntos más a los actuales 3, es decir 8% del PBI.
Sacar nuestra producción al mundo en un contexto global multipolar, de fuerte competencia y bajos aranceles, requiere de menores costos de logística, transporte y almacenamiento para poder ser competitivos. Más aún cuando los precios de los recursos naturales están en baja y estamos lejos de los principales centros de consumo. Esto es importante para aumentar el sesgo exportador de nuestra producción y generar más divisas. Pero también mirando hacia adentro, para viabilizar la incorporación de valor agregado a nuestra producción y atender la demanda de mayor calidad en la prestación de servicios básicos (transporte, telecomunicaciones, energía, agua y saneamiento, vivienda) necesitamos servicios de infraestructura en cantidad y calidad que hoy no tenemos.
Hay dos dimensiones centrales para potenciar la inversión en infraestructura para el desarrollo: 1) el acceso al financiamiento de largo plazo (privado y de organismos multilaterales), lo que requiere de mayor fluidez y normalización de nuestra cuenta capital; y 2) un correcto mapeo y diagnóstico de lo hecho, para encarar de forma eficiente las demandas prioritarias, tanto en términos de barreras al crecimiento con estabilidad macroeconómica (por ejemplo autoabastecimiento energético), como las que son clave para la mayor inclusión y equilibrio territorial. La falta de infraestructura adecuada o sus altos costos perjudica a las empresas mas pequeñas y a las zonas y población más rezagadas, que siempre sufren la falta de conectividad, y con ello, de posibilidades de desarrollo.
*Gustavo Marangoni es presidente del Banco Provincia
