En estos momentos ,un grupo de casi un centenar de trabajadores realizan una medida de fuerza en el sector de Talleres Centrales de YCRT y amenazan con detener la producción del yacimiento. Piden la remoción del Gerente de Explotación Fernando Lisse y que se bajen contratos con privados que son negociados de funcionarios de YCRT, como el otorgado a la empresa de transporte de José Luis “pato” Ivovich, por 20 millones de pesos, para movimiento de suelos. Denunciaron ante OPI irregularidades, negociados, sobreprecios, acciones partidarias, persecuciones y corrupción en su máxima expresión.
Un numeroso grupo de trabajadores del sector vial de los Talleres Centrales de YCRT, en Río Turbio, se encuentran bloqueando el acceso al lugar donde el yacimiento posee maquinarias, colectivos y camiones, debido a que el personal se ha cansado de reclamar ante la Intervención de la empresa, precedida por el diputado Atanasio Pérez Ozuna, alegando que las autoridades se encuentran más abocadas a hacer negocios particulares, que a utilizar los recursos que tiene la empresa, con lo cual someten a todo el personal y al material existente a la inactividad, pero a su vez, denuncian, esto tiene su correlato con las contrataciones que hace la actual administración, con empresario privados a quienes les otorga suculentos contratos, por tareas que pueden realizarse por “Administración”, lo que se advierte, responde a una cadena de negocios que tienen sectores del poder y empresarios locales.
OPI entrevistó a Ricardo Bordón, antiguo trabajador y militante de la cuenca que se desempeña en el sector contable de YCRT, quien señaló expresamente que al sector Vial y Transporte del cual dependen la subgerencia de Talleres Centrales “le han ido quitando trabajo y sustituyéndolo por privados, lo que implica que las máquinas, la herramienta y el personal permanezca ociosa, mientras se llevan afuera contratos leoninos, cuando esas mismas cosas se pueden hacer a través de administración y a un costo ínfimo”, indicó el trabajador.
Para graficar lo que nos explicaba, Bordón señaló “por poner un solo ejemplo: desde hace 2 años se está llevando todo a hacer en el taller BRANDT de servicio y reparación de equipos hidráulicos en Río Gallegos (NdR:Av Parque Industrial 450), cuando todos esos trabajos se podrán realizar en nuestros talleres al 10% del costo, empleando mano de obra nuestra y equipos y máquinas de la empresa”, pero fue un poco más allá y agregó “pero, después nos enteramos que una familia vinculada a esa firma, tiene que ver con la empresa que recibe los equipamientos que YCRT compra en Polonia. Los negocios cierran por todos lados”, señaló.
Otro de los contratos que denunció Bordón, fue el que realizó la Intervención con el empresario localJosé Luis “pato” Ivovich, quien en tres años habría facturado la suma de 20 millones de pesos, para realizar movimientos de suelos en una zona que va a ser explotada por el yacimiento, en alrededores de 28 de Noviembre. Sobre el particular, no dudó en señalar a todas estas maniobras como “un negocio” compartido por algunos elegidos de la Intervención, admitiendo que el delegado de los trabajadores Pablo Muñoz, ha viajado a Buenos Aires con toda la documentación para informar de estos temas al Ministerio de Planificación de Julio De Vido, pero nunca tuvieron respuesta al respecto “lo que pasa es que nuestro compañero se fue a quejar al lugar donde se generan estos negocios”, dijo.
Finalmente Bordón explicó que la medida que han iniciado es por tiempo indeterminado, que exigen la salida del Gerente de Explotación Fernando Lisse, fin de las contrataciones a terceros, la utilización del personal y los medios propios y criticó la actitud de la Intervención al remarcar “no quieren estatizar YCRT porque tienen que dejar de hacer negocios con los particulares y muchos de ellos son socios de empresas afuera”, concluyó.
OPI también entrevistó al delegado vial de ATE Pablo Barrera, quien ratificó lo dicho por Bordón, asegurando que en un año los privados se llevaron de YCRT 35 millones de pesos y amplió el área de influencia de estos contratos, diciendo que no solo se da en el sector vial de la empresa, sino que se extiende a todos los otros sectores operativos y administrativos de YCRT.
Barrera reconoció, en todo momento, las millonarias inversiones que hizo el gobierno nacional en la cuenca y la importancia que tienen esos fondos para mantener y sostener el trabajo en la región, pero dijo que lo han administrado mal, lo han dilapidado y se ha llegado a este estado de cosas, por la mala gestión que hacen quienes tienen la responsabilidad de llevar adelante la gestión del yacimiento, razón por la cual, expresó, más de 70 compañeros se encuentran haciendo piquetes para “despertar” a las autoridades.
Otro de los trabajadores entrevistados por OPI fue Pablo Muñoz, delegado vial y de transporte, quien aseguró “lo vengo diciendo desde hace dos meses, presentando notas y hablando con autoridades; pero esto no es un problema nuevo, es algo que se viene dando desde hace mucho tiempo y finalmente tenemos que llegar a plantar un paro por tiempo indeterminado que va a impactar en la producción del yacimiento, porque estamos decididos a estar aquí hasta que haya una respuesta favorable”, dijo el delegado.
Muñoz ejemplificó lo que sucede en el sector bobinaje, al cual pertenece “nosotros tenemos como finalidad preparar gente, pero acá mandan todo el trabajo a talleres de afuera, porque está claro que hay otros intereses de por medio y a la empresa le resulta muy costoso, cuando en nuestros talleres podemos hacer lo mismo y con personal nuestro”, apuntó el delegado.
Lo que OPI viene advirtiendo, denunciando y reflejando desde hace años, se desnuda en situaciones como éstas, donde los propios trabajadores plantan un conflicto, hartos de ser utilizados por la misma intervención para justificar millones de pesos que la empresa subcontrata en el ámbito privado.
OPI en los próximos días demostrará con documentación, facturas, expedientes y resoluciones de la empresa, cómo y quiénes son los empresarios allegados al poder, beneficiados en la cuenca y en Río Gallegos, con decisiones de la Intervención de YCRT y los montos millonarios que se han pagado, como así también los que se encuentran comprometidos de pago y los negocios que están armando (a cerrarse antes de la entrega del gobierno), para favorecer a los amigos, algunos testaferros que figuran en empresas de dirigentes políticos, sindicalistas y funcionarios de la intervención, que lucran con los fondos públicos, de manera irregular y por fuera de las reglas contables de la administración pública y los entes intervenidos como es el caso del yacimiento de Río Turbio.
