La multinacional minera canadiense Kinross se encuentra en el punto de mira de la agencia reguladora de los mercados de valores (SEC, por sus siglas en inglés) y del Departamento de Justicia de Estados Unidos a causa de sospechas de corrupción en la explotación «Tasiast»,localizada en Mauritania. La investigación se remonta al menos hasta 2013, como han reconocido fuentes de la empresa, y las comunicaciones y peticiones de información, siempre confidenciales por parte de la SEC, se produjeron en marzo y diciembre del año pasado, así como en julio de este año.
Los responsables de Kinross en la capital grancanaria, consultados por este periódico, optaron por no hacer ninguna valoración de la situación y se limitaron a un comunicado oficial de la compañía emitido hace 48 horas ante la publicación de la investigación en la prensa francófona.
La minera, séptima en el negocio mundial del oro, tiene sus oficinaspara África Occidental en Gran Canaria, donde opera bajo la SL Kinross África y en enero pasado solicitó a la Autoridad Portuaria de Las Palmas la concesión demanial para la construcción de una nave y explanada, destinada a actividades de almacenaje, depósito, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipos industriales. El presidente portuario, Luis Ibarra, firmó la concesión, previo paso por el consejo de administración de los muelles orientales, el 27 de mayo pasado.
La investigación de la SEC se centra en la estrecha relación con personas vinculadas al gobierno mauritano presidido por Mohamed Ould Abdel Aziz. Concretamente, la petición de información vuelca las sospechas en el entorno más íntimo del presidente y por ellas tuvo que responder en febrero pasado Patrick Hickey, que desde Gran Canaria era la cara visible y el que capitaneaba los proyectos para África, además de ser vicepresidente de la filial con domicilio en la isla. Todo después de haber sido «desposeído» de su cargo en la empresa —como insistió la propia Kinross en su comunicado— en diciembre de 2014.
La SEC solicitó una relación detallada de documentos internos relativos a la mina de Mauritania —que con «Chirano» en Ghana son las únicas que explotan en África—, incluyendo correos electrónicos, contratos firmados con autoridades locales y transferencias realizadas a una larga lista de personalidades de Mauritania, varias de ellas con vínculos directos con el presidente. Incluso se investiga la contratación por parte de la compañía de la hija de un exjefe policial mauritano.
