No fue sólo un día negro más para Dilma Rousseff. Con reveses en dos tribunales clave, ayer se allanó el camino legal para una eventual remoción de la presidenta de Brasil.

Como si eso no fuera poco, y pese a que la semana pasada cedió importantes cuotas de poder a sus aliados para garantizar la gobernabilidad, Dilma también sufrió un golpe en el Congreso, donde sigue sin conseguir apoyo para que avance su plan de ajuste y reactivar la recesiva economía del país.

Por un lado, en una acción sin precedente, el Tribunal Superior Electoral (TSE) autorizó a abrir una investigación por presunto "abuso de poder económico y político" de Rousseff y su vicepresidente, Michel Temer, durante la campaña del año pasado, en la que Dilma ganó la reelección por el menor margen en la historia del país (3%), frente al socialdemócrata Aécio Neves. Fue la socialdemocracia la que, en enero, presentó la denuncia que acusa a la fórmula oficialista de financiamiento ilegal con la red de sobornos en Petrobras.

También denunciaron a la presidenta por uso indebido de la cadena nacional de radio y televisión, así como de la maquinaria estatal para propaganda; manipulación de los indicadores socioeconómicos, y realización de gastos superiores al límite informado a la justicia electoral.

De ser hallados culpables, los mandatos tanto de Rousseff como de Temer serían impugnados y asumiría el poder el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, que debería llamar a nuevas elecciones dentro de los siguientes 90 días.

Por otra parte, en otra medida inédita, el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) rechazó ayer por unanimidad la contabilidad del último año del primer mandato de Dilma, en 2014, por haber realizado maniobras fiscales ilegales con el supuesto objetivo de esconder el déficit en el que operaba.

La opinión del TCU pasará ahora al Congreso, que deberá definir si las llamadas "pedaleadas fiscales" constituyen una violación de la ley de responsabilidad fiscal. Si fuera así, la oposición ya adelantó que utilizará este argumento para iniciar en el Congreso un proceso de juicio político a la presidenta. En caso de impeachment, Rousseff sería reemplazada por el vicepresidente Temer para concluir el resto del mandato.

La jefa de Estado, que debido a la recesión económica y al escándalo del petrolão, que condujo a la cárcel a numerosos empresarios, así como a políticos del oficialista Partido de los Trabajadores (PT) y sus aliados, y ha visto desplomarse su popularidad a un 10% en estos últimos diez meses, se expresó confiada en que los intentos "golpistas" no tendrán éxito.

 

"El único método reconocido para llegar al gobierno es el voto directo en las urnas, por lo que creo que la democracia brasileña es suficientemente fuerte para impedir que variantes golpistas tengan espacio en el escenario político brasileño", señaló Rousseff, durante una entrevista matutina en una radio.

Sin embargo, y aunque la semana pasada llevó adelante una profunda reforma ministerial para dar mayor poder en su gabinete al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), principal socio del PT en la coalición gobernante, la presidenta tiene cada vez menos respaldo político.

Esto quedó en evidencia ayer, cuando el gobierno no logró quórum en el Congreso para aprobar los vetos presidenciales a leyes que aumentarían los gastos estatales, en choque con el ambicioso plan de ajuste que desde enero impulsan Rousseff y su ministro de Economía, el neoliberal Joaquim Levy. Esa legislación, apodada "pauta bomba", había sido previamente fomentada por el presidente de la Cámara de Diputados, Cunha, que dos meses atrás rompió filas con el gobierno y se declaró opositor tras acusar al oficialismo de involucrarlo en el petrolão.

Cunha, que fue denunciado por recibir sobornos del esquema de corrupción en Petrobras y tener cuentas secretas en Suiza, juega un rol esencial en toda la crisis política. Por su cargo, es él quien debe aprobar o rechazar cualquier pedido deimpeachment que llegue al Congreso, y fue él quien ayer convenció a legisladores de la base aliada de no dar quórum para aprobar los vetos presidenciales. Como para resaltar la amenaza que representa para Rousseff, reiteró que no piensa renunciar a pesar de las acusaciones en su contra.

De cualquier manera, son las decisiones del TSE y del TCU las que más preocupan al gobierno, porque podrían ser las herramientas que faltaban a la oposición para avanzar de lleno en sus esfuerzos por sacar a Dilma del poder.

El gobierno intentó hasta último momento evitar que el TCU diera ayer su fallo sobre las cuentas oficiales. Primero procuró remover al juez que llevaba el caso y luego acudió al Supremo Tribunal Federal para buscar postergar la votación; ambos pedidos fueron rechazados.

El eje del asunto son los retrasos que el gobierno tuvo en transferir dinero a los tres bancos federales -Banco do Brasil, Caixa Económica y Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social- para que pagaran las cuotas de los programas sociales como el famoso Bolsa Familia.

Los bancos debieron entonces utilizar sus propios recursos para esos desembolsos, lo que en la práctica constituye un préstamo al gobierno, que debería haber sido aprobado por el Congreso. Si bien otros presidentes anteriores también realizaron estas maniobras irregulares, en el caso de Rousseff se les dio más relevancia porque sirvieron para "maquillar" el déficit en el que finalmente cayó el gobierno el año pasado.

Por unanimidad, los nueve integrantes del TCU votaron por rechazar las cuentas del primer mandato de Dilma. La declaración será enviada al Congreso, que tiene la última palabra para estipular si la presidenta violó la ley de responsabilidad fiscal.

En el caso del TSE, cinco de sus siete miembros votaron por abrir la investigación sobre la campaña de la fórmula Rousseff-Temer después de hallar numerosos indicios de irregularidades.