La tramitación del proyecto de ley de glaciares, contra todo pronóstico se ha desarrollado en un clima de consensos; tanto de los integrantes de la Comisión, como entre ésta y el Poder Ejecutivo.

De esta manera, normas como las que reconocen que el objeto de protección de esta ley no son solo los glaciares sino que, también, sus entornos; así como el reconocimiento de las funciones ecosistémicas que estos prestan, fueron aprobadas luego de enriquecedores debates en que nadie puede sentirse derrotado o pasado a llevar.

Legislar sobre algo con tantos valores asociados ha facilitado los acuerdos.

Lamentablemente, este escenario ha empezado a ensombrecerse en la medida que se avanza en la regulación del estándar de protección que tendrán aquellos glaciares y sus entornos que se encuentren fuera de Parques Nacionales.

Respecto de estos últimos, y gracias a esta Ley, se constituirá un estatuto eterno de preservación, derogando en los hechos aquella norma que permite a los Intendentes  autorizar actividades productivas en ellos.

Con matices menores, los diputados planteamos que todos y cada uno de los que hoy están incorporados al Inventario Nacional de Glaciares de la Dirección General de Aguas, pasen a conformar parte de una Reserva Estratégica para el país.

Así, actividades como removerlos o cubrirlos de botaderos mineros quedarán prohibidas y el resto de las actividades, incluyendo el turismo, estarán sujetas estrictamente al control de la autoridad.

Esta figura obedece a 2 criterios muy fáciles de entender.

Todo glaciar es, además de muchas otras funciones y servicios ecosistémicos que provee, una reserva de agua. Si esta reserva existe en zonas donde el recurso es y será cada vez más escaso, resulta evidente su valor estratégico y, por eso, debe protegerse.

La Reserva Estratégica Glaciar representará un verdadero seguro de vida para las generaciones futuras.

El Gobierno, en tanto, propone una vaga promesa de ir “postulando” mediante un procedimiento administrativo, el o los glaciares que están fuera de Parques Nacionales a la Reserva. Esto se hará, eventualmente, de manera fraccionada y sin recursos fiscales frescos como para acometer esta tarea de manera debida.

De imponerse la idea del Ejecutivo, mientras este proceso concluye –y pueden pasar décadas- nada, reitero, nada evitará que los glaciares de la zona centro norte del país sucumban bajos las palas mecánicas y explosivos de la minería.

Sabemos que el conflicto con la Gran Minería transnacional se va a producir en las cuencas que van del Copiapó al Río Maule; las mismas regiones en que desde hace años se están reiterando los decretos de estrechez hídrica. También, sabemos que el aporte hídrico de estos glaciares en los meses más secos puede llegar al 67 por ciento de toda el agua que reciben cuencas donde se ubican ciudades como Santiago o Rancagua.

La pregunta es, entonces: ¿A qué le teme el Gobierno, y por qué no los declara o presume derechamente como reservas estratégicas?

Desde el inicio de la tramitación de este proyecto de ley se supo que los principales intereses que se verían afectados serían los mineros.

En este sentido el que recientemente Barrick Gold haya puesto, prácticamente, una lápida a su proyecto Pascua Lama, nos habla del pánico que produjo en la minería el solo hecho de que se iniciara la discusión de un proyecto de ley que, por fin, la somete a una regulación ambiental estricta y seria.

No que la prohibiera.

Porque en este punto, también se debe ser claro.

Estoy absolutamente claro y consciente del rol que cumple Codelco dentro de la economía chilena, y el legado del presidente Allende, en este sentido, no puede dilapidarse. Reconocemos el aporte que al país hace la minera estatal, y el interés público en el cual desarrolla su labor. Sin embargo, es necesario que Codelco eleve y mejore sus estándares ambientales, minimizando al máximo su impacto en glaciares y en su entorno.

Un mínimo de coherencia política así lo exige, ya que todos los diputados de la Nueva Mayoría aprobamos una ley que otorga 4 mil millones de dólares a Codelco para que desarrolle sus proyectos estructurales, incluyendo la ampliación de Andina.

Debemos, de una vez por todas asumir este debate y ser francos en cuanto a qué intereses estamos protegiendo. Si el problema es Codelco, conversemos de cara al país y veamos cómo se viabilizan sus proyectos con esta Ley.

Pero, si a lo que se está cediendo es a las presiones de la minería privada, la misma que ni siquiera paga impuestos justos, pero se siente con derecho a cuestionar las reformas propuestas por un Gobierno electo por una amplísima mayoría ciudadana, como habitualmente hace el Consejo Minero, sin dejar de mencionar el legado de desolación y segregación que crea en los lugares en que se instala, no solo será una lamentable error; será la más triste sorpresa.

*Diputado PS