Durante muchos años, el proyecto minero Las Bambas, ubicado en Apurímac, era visto como uno de los emprendimientos modelos del país. El fondo social de casi US$70 millones, que se estipuló al ser licitado en el 2004, garantizaba que las comunidades de la zona –las cuales siempre aparecen en la lista de las más pobres del país– apoyaran la explotación de cobre.
Tras una década de buenas relaciones, las cosas empezaron a cambiar cuando la propiedad del proyecto pasó al consorcio formado por MMG Limited. El cambio de operador implicó dos modificaciones al estudio de impacto ambiental (EIA) inicial: Las Bambas dejó de lado el mineroducto que llevaría el cobre hasta Tintaya (Espinar) y en su lugar decidió transportarlo por carretera utilizando 125 camiones por día y la construcción de dos plantas –una de molibdeno y otra de filtrado– dentro de la concesión y ya no en la provincia de Espinar.
“Fue una decisión administrativa. Al ya no tener relación con la mina Tintaya –que es propiedad del anterior operador– no había razón para llevar el concentrado hasta allá”, explica Domingo Drago, vicepresidente de Asuntos Corporativos de MMG Limited. Para el ex viceministro de Energía y Minas Pedro Gamio, el cambio es un error, pues con el anterior modelo se buscaba prevenir los “impactos negativos que se puedan generar en el aire, ruido y las vías”.
Desde enero del 2015, un grupo de dirigentes de la provincia de Cotabambas advirtió que rechazaría las modificaciones al EIA y promovió en más de una ocasión un paro contra la minera sin éxito. En febrero, a raíz de la retención de unos trabajadores de la minera por los comuneros, el Ejecutivo instaló mesas de trabajo en la zona, con lo cual los ánimos volvieron a calmarse.
El 13 de setiembre, los dirigentes locales convocaron un paro para el pasado jueves 25. Tras varios días de calma, la violencia estalló el lunes 28. El gerente de operaciones de Las Bambas, Luis Rivera, califica a los dirigentes de políticos con discurso violento que pretenden lanzar sus candidaturas al Congreso. Un ejemplo es Virginia Pinares Ochoa, la presidenta del Comité de Lucha de Cotabambas y Grau, quien postuló como consejera regional por Fuerza Popular en las últimas elecciones. En tanto, el presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Cotabambas, Rodolfo Abarca Quispe, postuló a la alcaldía provincial por Unión por el Perú.
