En una semana se cumple plazo de la investigación que involucra a las empresas Penta en delitos tributarios y el financiamiento irregular de campañas. Una petición de ampliación ya es segura. Ayer, el caso sumó a 13 formalizados más, entre los que se cuentan ejecutivos del mismo holding , de CB Consultorías y Proyectos -sociedad ligada con el Grupo Cruzat- y el ex gerente de Bancard, más contribuyentes que emitieron boletas de honorarios "falsas" en favor de tres políticos. Y en la misma jornada se fijó una nueva audiencia para el 18 de noviembre, esta vez, para formular cargos contra las empresas.
La jueza de garantía Alicia Rosende decretó arraigo nacional y firma mensual para casi la totalidad de los imputados. El único que quedó con arresto domiciliario total fue Edgard Pinto.
Este, entre 2008 y 2012, cuando ejercía un alto cargo en CB, concertado con los entonces controladores de Penta Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, el ex subsecretario de Minería Pablo Wagner, el ex gerente de Bancard Santiago Valdés, entre otros, realizó una serie de procedimientos dolosos -mediante contratos forwards - que finalizaron con la presentación de declaraciones de impuestos maliciosamente falsas y un pago inferior al impuesto correspondiente, según relató la fiscalía en la audiencia.
Valdés, el ejecutivo de CB a la fecha Iván Rojas, el gerente de Desarrollo de Penta Óscar Buzeta, el ex vicepresidente del banco Marcos Comparini y el asesor del holding Hernán Concha también enfrentaron cargos por estos hechos.
El perjuicio fiscal es de más de $2 mil millones. El dato lo entregaron los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena en la audiencia, tras la cual detallaron por qué la medida cautelar de Pinto fue más gravosa. "Con Pinto se hace una diferencia por los mayores montos y reiteración", puntualizó Gajardo a la salida del tribunal.
Dependiendo del imputado, y en términos generales, se les formalizó por la presentación de declaraciones de impuestos maliciosamente falsas -tras incorporar a sus contabilidades boletas o facturas ideológicamente falsas- y por la facilitación de este tipo de documentación tributaria.
A Valdés, ex representante legal de Bancard y Vox Populi -sociedades vinculadas con el ex Presidente Sebastián Piñera- se le imputó la facilitación, entre 2009 y 2010, de facturas "falsas" a SQM, cuyos pagos suman $366 millones.
El ingeniero, que también fue el administrador electoral en la campaña presidencial de Piñera en 2009, además enfrenta cargos por haber solicitado en 2010 a Jaime de Aguirre, ex director ejecutivo de CHV, la emisión de tres facturas a la minera por un total $45 millones, cuando Bancard era la controladora del canal.
Por último, se le formalizó por la suscripción de un contrato de futuro con CB ese mismo año, por el que se obtuvo un traspaso de $49,9 millones a favor de Bancard.
Consultado el fiscal Gajardo sobre si se trató de dineros para la campaña, manifestó que "no hemos hecho esa indagación aún, no ha habido levantamiento de secreto bancario. Será una decisión que se tomará en su momento".
Precisó que, por ahora, el Ministerio Público entiende que estos son "dineros que ingresaron en las respectivas empresas, con un monto total aproximado de $450 millones".
Consultado al respecto Rodrigo Zegers, abogado de Valdés, aclaró que "don Sebastián Piñera no tiene ninguna participación en estos hechos". Asimismo, tanto la fiscalía como el SII fueron ayer por primera vez tras los emisores de boletas y facturas "falsas".
Es el caso de Carmen Luz de Castro -aunque también se le imputó intermediar para la facilitación de documentación tributaria falsa por parte de terceros- quien fue la administradora electoral del ex alcalde de Santiago Pablo Zalaquett en 2013; y de un grupo de colaboradores y cercanos al senador UDI Iván Moreira. Se trata de Rodrigo Molina, chofer del parlamentario; Andrea Schultz, secretaria del mismo; Eduardo Montalva, un ex asesor de este; Isabel Marinovic, pareja del senador; y Verónica Nieto, secretaria de la UDI. Y lo mismo Carolina de la Cerda, cuñada del ex subsecretario de Minería Pablo Wagner.
Impuestos Internos (SII), en tanto, presentó en la víspera una querella contra ocho de los imputados (Comparini, Valdés, De Castro y los cinco colaboradores de Moreira) y, en ella, reiteró su restricción a la acción de la fiscalía. Esto ya lo había hecho en el caso SQM.
Benjamín Ríos, jefe de Litigación Penal del SII, explicó que "por disposición del señor director (del SII), se ha presentado también de manera nominativa". La razón para ello, dijo, es que el organismo busca "contribuir con el Ministerio Público por una parte y, por la otra, de resguardar los derechos de los contribuyentes y otorgar certeza jurídica".
La querella del SII también está dirigida contra el actual y el ex gerente de SQM, Patricio de Solminihac y Patricio Contesse, respectivamente, y el vicepresidente de Finanzas de la minera, Ricardo Ramos.
Emisores
Por primera vez se formalizó a los emisores de boletas y facturas "falsas".
